Al margen de la probable inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, cabe preguntarse también si el mismo ha sido diseñado tomando en cuenta la realidad social nacional.
Tal vez la Ley sería positiva, de no ser porque en Bolivia existe una débil protección y registro del derecho de propiedad.
Con una economía que tiene un 70% de informalidad, plantear la reversión al Estado de los bienes cuyo derecho propietario no pueda ser demostrado en el plazo sumarísimo de 5 días genera lógicas preocupaciones en varios sectores.
Hasta ahora el transporte es el que ha protestado con mayor fuerza, pero pensemos en otros casos: por ejemplo, se estima que el 40% de las viviendas en Santa Cruz de la Sierra no cuentan con titulación. ¿Qué sucederá entonces?
Mientras no se eliminen los obstáculos burocráticos para la formalización de las propiedades de facto, mediante reformas en Derechos Reales y otras áreas, será difícil focalizar el mecanismo de la extinción de dominio en el narcotráfico.
La ley debe tener en cuenta la realidad social del país y ser acompañada de instrumentos jurídicos que faciliten el registro de la propiedad informal.
Hacer lo contrario significa incurrir en una nueva medida inconsulta y autoritaria, como ya sucediera con el gasolinazo, lo que posiblemente acabe con un “reculazo” gubernamental.
¿Se extinguirá la Ley de Extinción?
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