Extorsión. ONU pide volver al Estado de Derecho y ministro Romero habla de ‘descontaminar’

Corrupción en Bolivia. Caso Ostreicher repercute. Políticos piden incluir a ministros Romero y Quintana y aparece Boris Villegas alegando inocencia

La ONU pide volver al Estado de Derecho

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El Día, Santa Cruz



Ref. Fotografia: Inquietud. El juez Wilson Arévalo negó la libertad de Ostreicher ayer se presentó a declarar.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, reflexionó ayer que después de los últimos acontecimientos relacionados con la presunta red de corrupción y extorsión, corresponde a la justicia boliviana volver al Estado de Derecho.

"Estos hechos nos deben llamar a la reflexión para que entre todos construyamos este sistema", dijo en ayer en la inauguración de unas jornadas sobre justicia constitucional que se realizan en Santa Cruz.

Las declaraciones surgen después de haber desarticulado una presunta red de corrupción que tenía a asesores jurídicos de dos ministerios involucrados y que fueron descubiertos tras las denuncias del norteamericano Jacob Ostreicher a quien le incautaron sus bienes y los vendieron.

En Santa Cruz hay algunos jueces involucrados. Uno de ellos, Wilson Arévalo, acusado de no haber otorgado libertad a Ostreicher, se presentó ayer a la Fiscalía, pero no pudo declarar.

Hay que esperar. Sobre el tema, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, también en Santa Cruz, pidió poner a los mejores fiscales del país para investigar el caso Ostreicher; sin embargo, evitó adelantar criterios sobre más implicados. “El gobierno nunca va a encubrir absolutamente a nadie y este caso tampoco daña su imagen”, señaló.

Investigar a dos ministros. Por su parte, el diputado del MSM aliado al MAS, Javier Zavaleta, pidió a la comisión de la investigación necesariamente convocar a los ministros Carlos Romero y Juan Ramón Quintana para que digan quiénes contrataron a los asesores Fernando Rivera, Denis Rodas y José Manuel Antezana y cómo es que después de haber trabajado más de cinco años no fueron descubiertos.

Sobre el tema, en La Paz, el exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, negó que los nombrados sean parte de su equipo.

"A ellos se les da la instrucción, porque ellos trabajaban con poder del ministro, con (Alfredo) Rada, con Sacha (Llorentty), con Wilfredo (Chávez) con Carlos Romero ellos trabajaban sobre la base de un poder”, dijo.

Aparece un acusado. También en la sede de gobierno apareció el exfuncionario de Gobierno, Boris Villegas, para aclarar que los dos abogados detenidos, Antezana y Rivera, dependieran de él.

“La plata no se la puede esconder, tiene que estar en algún lado, que revisen cuentas", dijo a tiempo de señalar que está dispuesto a declarar y someterse a cualquier tipo de investigación.

Ministro Romero habla de ‘descontaminar’

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Ref. Fotografia: Funcionarios. Romero y Pérez prometen seguir investigando.

Tras el caso de la red de corrupción y extorsión descubierto la pasada semana y que involucra a funcionarios púbicos y fiscales, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó ayer la continuidad de otros procesos judiciales en desarrollo, entre ellos el caso terrorismo, que dirigían dos asesores legales de su cartera acusados y detenidos por formar parte de ese grupo delictivo.

“Se va a permitir la continuidad de los procesos judiciales que se tiene debatiendo por diferentes causas y se descontaminen y que esta continuidad de esos procesos judiciales se vea liberada de estas distorsiones a partir de la extorsión, de las amenazas, de la negación de justicia para desviar el debata del tema de fondo”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

El caso Rózsa continúa. El juicio por el caso Rózsa que se desarrolla en Tarija, y del cual estaba encargado el ya detenido ex asesor legal del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera Tardío, ingresó el viernes en nuevo cuarto intermedio hasta el 10 de diciembre.

Romero manifestó días atrás que el proceso continuará con la designación de un nuevo equipo de asesores y en caso que de este juicio también haya sido contaminado por delitos de corrupción y extorsión, el Gobierno está dispuesto a recibir denuncias garantizando la seguridad de todo aquel que las emita. / Claudia Soruco. La Paz.