Cancilleres de España y Bolivia, en diálogo incómodo por la forma en que el gobierno de Evo Morales ha llevado a cabo las últimas expropiaciones que han afectado indirectamente a empresas españolas.
Gobierno de Rajoy expresa “malestar” y “preocupación” por expropiaciones
El Diario
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo (d), junto a su homólogo de Bolivia, David Choquehuanca, durante la reunión sostenida en Madrid, ayer.
El ministro José Manuel García-Margallo pidió en España a su homólogo David Choquehuanca que la indemnización a Iberdrola se produzca de manera “transparente y rápida”.
El gobierno de España ha expresado “preocupación” y "malestar" por la política de “nacionalización” de empresas de ese país, que el Gobierno ha impreso durante los últimos años e hizo conocer su confianza en que “la indemnización a Iberdrola se produzca de manera transparente y rápida”, tomando en cuenta “el adecuado valor de las participaciones expropiadas”, durante un encuentro oficial que celebraron los ministros de Asuntos Exteriores de España y Bolivia, José Manuel García-Margallo y David Choquehuanca, respectivamente.
El "malestar" del gobierno de Mariano Rajoy hizo referencia a la forma en que se han llevado a cabo las últimas expropiaciones que afectaron directa o indirectamente a empresas españolas, dijo al transmitir, asimismo, “la preocupación por posibles acciones futuras del Gobierno boliviano contra empresas españolas”. La administración de Evo Morales ha “nacionalizado” parte de la petrolera Repsol y la distribuidora de energía eléctrica Iberdrola, así como el anunció de una futura acción contra la empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA).
El tema ha sido abordado por la cadena internacional CNN, en entrevista con el mandatario boliviano, Evo Morales, durante su transmisión nocturna. “Si hay empresas extranjeras con responsabilidad y conciencia social van a ser respetadas”, dijo Morales. “Repsol ya no es patrón y trabaja bien”, añadió. “Pero hay otras que sólo roban, hay empresas que no tienen responsabilidad social. Si hay empresas que no están invirtiendo tenemos la obligación de recuperar los recursos naturales, lo vamos a hacer”.
Consultado sobre las indemnizaciones, precisó: “Queremos acelerar… debe haber un evalúo y se va a ver, se va a pagar como a Entel. Que las empresas no se preocupen, vamos a devolver, depende del evalúo”.
España informa a Bolivia sobre su “malestar” por las expropiaciones
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha trasladado personalmente a su homólogo boliviano, David Choquehuanca, el “malestar” del Gobierno de Mariano Rajoy por la forma en que se han llevado a cabo las últimas expropiaciones que han afectado indirectamente a empresas españolas, según Europa Press.
Margallo, que confía en que las relaciones bilaterales entre España y Bolivia “sigan presididas por la cordialidad, franqueza y buena fe”, ha criticado las últimas actuaciones del Gobierno boliviano en un encuentro mantenido en Madrid con Choquehuanca.
Aunque España reconoce el “derecho soberano” de todo país a expropiar empresas por razones de interés nacional o utilidad social, estas actuaciones deben llevar parejas una indemnización “adecuada” a los propietarios de las empresas afectadas, tal como se comprometió en su momento a hacer el Gobierno boliviano.
Margallo se ha referido, en concreto, a la expropiación en mayo de 2012 de Transportadora de Electricidad —filial de Red Eléctrica de España (REE)— y a las realizadas el pasado 29 de diciembre sobre cuatro firmas participadas mayoritariamente por Iberdrola. En todos estos casos, según un comunicado de Exteriores, las actuaciones se realizaron “sin información ni diálogo previos y con ocupación policial de las respectivas sedes”.
García-Margallo “ha expresado su confianza en que la indemnización a Iberdrola se produzca de manera transparente y rápida y refleje adecuadamente el valor de las participaciones expropiadas”, al tiempo que ha transmitido su “preocupación” por posibles acciones futuras del Gobierno boliviano contra empresas españolas.
EXPROPIACIONES
Hasta la tercera semana de enero de 2013, las empresas bajo control estatal son 19. En 2012 se sumaron la Transportadora de Electricidad, Mallku Khota, Electropaz y Elfeo.
La Fundación Milenio recuerda que las estatizaciones comenzaron el 1º de mayo de 2006, en el sector petrolero. Sin embargo, la denominada “nacionalización”, simplemente fue una renegociación de contratos. Posteriormente, en mayo de 2007, se concretó la adquisición del 100 por ciento de las refinerías petroleras, que habían sido compradas por Petrobras en 1999, y en mayo de 2008, se estatizó la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).
A fines de 2006, “Aguas del Illimani”, subsidiaria de la empresa francesa Suez, fue estatizada, y en febrero de 2007 se estatizó Complejo Metalúrgico Vinto.
El 1º de mayo de 2008 se tomó el control de Entel S.A., que estaba administrada por la empresa italiana ETI Eurotelecom International NV.
En 2009 se estatizó Air BP Bolivia, encargada del suministro de combustibles de aviación. En 2010 en septiembre, las eléctricas generadoras Corani S.A., Valle Hermoso S.A. y Guaracachi S.A. tambien se estatizaron, junto a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec S.A.). Ese mismo mayo la Planta de Vinto Antimonio fue revertida al dominio del Estado.
La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), se estatizó en septiembre de 2010. El 1º de mayo de 2012 se estatizó la Transportadora de Electricidad S.A. (TDE), de capitales españoles.
Después de los conflictos violentos entre pobladores y cooperativistas mineros, el 1º de agosto de 2012, el gobierno decidió revertir “al dominio originario del Estado las Autorizaciones Transitorias Especiales mineras denominadas” Mallku Khota, Jalsuri, Alkasi, Cobra, Viento, Takhuani, Takhaua, Daniel, Antacuna, Norma y Silluta, según establece el D.S. 1308.
El 29 de diciembre de 2012 Electropaz, Elfeo, además de la Compañía Administradora de Empresas de Bolivia S.A. y la Empresa de Servicios S.A., también de capitales españoles se estatizaron. El argumento gubernamental fue que las tarifas en el área rural son muy altas respecto a las vigentes en la ciudad y que se debía remediar esta situación, además de la escasa cobertura en el campo.