Siguió sin respetarse el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que les afectasen. Continuó negándose una reparación plena a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares del pasado. Seguía habiendo demoras significativas en la administración de justicia. Se recibieron noticias de violaciones de la libertad de expresión.
Se registraron protestas generalizadas de apoyo a reivindicaciones económicas y sociales y a los derechos de los pueblos indígenas. En algunos casos, la policía respondió haciendo un uso excesivo de la fuerza.
En septiembre, tras visitar Bolivia, el relator especial de la ONU sobre el racismo reconoció ciertos avances pero expresó preocupación por la todavía persistente discriminación contra los pueblos indígenas y otras comunidades en peligro.
Derechos de los pueblos indígenas
En febrero se aprobó una ley en la que se establecía la celebración de una consulta con los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) sobre los planes del gobierno para construir una carretera a través del parque. En abril, las comunidades indígenas que se oponían a la carretera iniciaron una marcha hacia La Paz, alegando que la consulta era contraria a la legislación aprobada previamente para proteger el TIPNIS, a las normas internacionales y a la Constitución.
En junio, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló que la consulta era constitucional, pero que sus parámetros debían acordarse antes con todas las comunidades indígenas potencialmente afectadas. En julio, el gobierno decidió continuar con la consulta pese a que sólo había llegado a un acuerdo con algunas de las comunidades indígenas. En octubre, antes de concluir la consulta, comenzó la construcción del primer tramo de carretera por fuera del parque y territorio indígena. Al finalizar el año seguían pendientes los informes oficiales sobre el resultado de la consulta.
Al finalizar 2012 no se había procesado a ninguno de los policías responsables de ejercer fuerza excesiva durante las protestas pacíficas de 2011 contra la construcción de la carretera en el TIPNIS.
La falta de una consulta previa sobre una explotación minera en Mallku Khota, departamento de Potosí, por parte de una empresa boliviana filial de una compañía minera canadiense dio lugar a violentos disturbios entre las comunidades locales y la policía. En agosto, el gobierno anunció la nacionalización de la mina para poner fin a las protestas de quienes se oponían a la empresa minera canadiense. Sin embargo, en diciembre continuaban los conflictos entre detractores y partidarios del proyecto.
Impunidad y sistema de justicia
Persistieron las demoras en el procesamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares (1964-1982). En otros casos, los retrasos en la administración de justicia derivaron en impunidad. Se recibieron denuncias de uso indebido del poder judicial contra personas que se oponían al gobierno o lo criticaban.
En abril y mayo se aprobó legislación que modificaba las indemnizaciones para las personas que habían sido víctimas de violencia política durante los gobiernos militares y establecía la publicación de los nombres de las personas que tenían derecho a una indemnización. Preocupaban la falta de transparencia y el carácter injusto del proceso de reparación. De las 6.200 personas solicitantes, sólo unas 1.700 reunían los requisitos para ser beneficiarias. Víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos protestaron durante meses ante el Ministerio de Justicia para exigir mayor transparencia, entre otras cosas.
En septiembre, las autoridades estadounidenses denegaron a Bolivia la solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Se habían formulado cargos contra él en relación con los sucesos del “Octubre Negro”, en los que 67 personas murieron y más de 400 resultaron heridas durante unas protestas celebradas en El Alto, cerca de La Paz, a finales de 2003.
Prosiguieron, aunque con retrasos, las actuaciones judiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos, y otras 53 resultaron heridas.
En octubre comenzaron las audiencias judiciales sobre el caso de 39 hombres acusados de participar en una presunta conspiración para matar al presidente Evo Morales en 2009. Al concluir el año no se habían investigado las denuncias de ausencia del debido proceso ni los homicidios de tres hombres muertos en 2009 en relación con el caso.
Libertad de expresión
En agosto se presentaron querellas contra dos periódicos y una agencia de noticias nacional por incitar al racismo y la discriminación. El gobierno alegó que los tres medios de comunicación habían tergiversado los comentarios del presidente Evo Morales sobre la conducta de la población del este del país y que lo habían mostrado como racista. Preocupaba el hecho de que con esta medida se estuviese restringiendo desproporcionadamente la libertad de expresión.
En septiembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló que el delito de desacato a funcionarios públicos era inconstitucional y suponía una violación de la libertad de expresión.
En octubre, el periodista radiofónico Fernando Vidal resultó gravemente herido cuando cuatro enmascarados le prendieron fuego mientras emitía un programa en Yacuiba, cerca de la frontera con Argentina. Fernando Vidal había criticado públicamente a funcionarios locales y había denunciado el narcotráfico en la región. Cuatro hombres fueron detenidos en relación con el ataque. Al finalizar el año continuaban las investigaciones.
Derechos de las mujeres
En septiembre se aprobó una ley que castigaba el acoso y la violencia política contra las mujeres. La ley, que las organizaciones de mujeres acogieron con satisfacción, establecía mecanismos preventivos y sanciones para actos de acoso y violencia contra mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas.