Alejandro Brown I.*
Sin duda alguna que la bandera del gobierno indigenista de Evo Morales es la nacionalización de las empresas. Pero esta jugada político-económica tiene un efecto rebote en contra de los intereses del país. Luego de las agraviantes tomas de empresas privatizadas, la Comunidad Empresarial Internacional mira por encima de los horizontes bolivianos.
Es muy claro, sin seguridad jurídica no hay inversores. Y este punto está demostrado en más de 5 años sin inversión alguna en exploración hidrocarburífera.
Para entender un poco los efectos, positivos y negativos de la bandera de Evo Morales, el exministro de Economía y testigo de los procesos de estatización, desdolarización y privatización de las empresas nacionales, Flavio Machicado, nos explica lo siguiente:
“La privatización de la economía boliviana llegó luego del plan de estatización y de reactivación de la economía mediante el decreto 21060, encarada como un paso importante para consolidar el modelo, mejorando la eficiencia y propiciando el reinicio del crecimiento”.
En esos años, cuando se dice que los neoliberales “vendieron” el país, las empresas públicas se habían descapitalizado ante la economía de mercado y estaban en crisis. Esto ocasionó una relocalización, que fue producto de los despidos, y la debacle de las instituciones públicas, inundadas de corrupción.
Por ello, cuando desde el MNR se comenzó con el proceso, más de un boliviano aplaudió la medida porque se inyectaba capital extranjero, se votaba a los corruptos enfrascados en las instituciones públicas y se modernizaba la industria boliviana, con un gran aporte a la economía. Prueba de ello fue el Bonosol, que pese a ser un acto proselitista, fue muy bien recibido por la población y dio grandes frutos.
Machicado, que fue dos veces ministro, con Luis Barrientos y Hernán Siles, sostiene que son dos los gobiernos en los que se define la agenda económica de privatización: el de Jaime Paz Zamora, donde se concretiza la privatización de las empresas pequeñas y medianas del Estado, el achicamiento del Estado y la eliminación de la banca estatal; y el de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde se privatizan las grandes empresas públicas.
La transferencia del patrimonio público a manos privadas viene a constituir el inicio del modelo del llamado ‘neoliberalismo económico’. Esta nueva etapa, representa un giro de 180 grados y el cierre de la revolución boliviana del 52, iniciada y culminada por el mismo partido de gobierno (MNR).
La privatización de las empresas públicas no fue un tema muy sencillo desde el punto de vista político, social y económico. Sin embargo, las empresas estatales tenían que hacer frente al mercado, para lo cual se dieron todo tipo de políticas públicas.
La Ley de Privatización Nro. 1330, identifica a 159 empresas públicas, que tenían que pasar a manos de privados.
Hasta ahí con el tema de la privatización, porque si bien la idea era buena, los tratados fueron pésimos. No hay que desmerecer que la inversión no se incrementó; al margen de que los recursos financieros recibidos se destinaron a cubrir el gasto corriente, para paliar el déficit crónico que se vivía en el país en el sector público.
El gobierno utilizó políticamente la privatización y benefició a su propio entorno, dando lugar a una corrupción encubierta, ya que fue muy difícil saber exactamente el valor económico de cada una de las empresas públicas que se privatizaron.
Pese a que algunas empresas públicas tenían utilidades y una gestión razonable, como ENDE o ENTEL, el Estado se deshizo de todas las empresas bajo su dominio, incluyendo las empresas públicas más importantes y estratégicas, que no las vendió como a las demás, sino que las “transfirió o regaló” a todos los bolivianos que habían cumplido 21 años el año de la capitalización.
De ahí en adelante aparece el gobierno neo-neoliberal de Evo Morales, que ahora vive en opulencia gracias a los negocios de sus antecesores, buenos o malos.
Como primer punto, la macroeconomía boliviana vive en su mejor época, y no es que sea gracias a la eminente cabeza del Ministerio de Economía, Luis Arce Catacora, quien es el ministro récord, ya que es el único en la historia que se ha mantenido en esa cartera por más de 7 años. Aunque usted no lo crea, amigo lector, el auge de los hidrocarburos se lo debemos al gobierno neoliberal de Jorge Tuto Quiroga, puesto que en su gestión se suscribió el contrato con Brasil para la venta del gas. En ese entonces, el presidente adenista tuvo el tino de indexar el precio de millar cúbico de gas natural, al barril de petróleo en la bolsa internacional.
¡Un disparate!, dijo la izquierda indigenista. Sin embargo, gracias a ese disparate ahora el millar cúbico de gas que se vende sobrepasa los 13 dólares. Cuando se empezó a vender costaba 1.5. Y para anécdota, el presidente Carlos Mesa hizo el contrato con Argentina por 0.9 centavos de dólar, porque en aquel entonces el vecino país atravesaba una de sus peores crisis y “había que ser solidario”.
De ahí vienen los 27 mil millones de dólares que tiene Bolivia en sus reservas internacionales, toda vez que la venta del gas significa el 85% de los ingresos del PIB y el 90% de las ganancias anuales.
Dicho esto, como el gobierno de Evo Morales está nadando en ‘gasdólares’, gracias a sus aborrecidos pero muy bien ponderados antecesores neoliberales, los neoindigenistas amarran sus banderas en los fusiles de los militares y toman las empresas privadas, bajo el tenor de que se está recuperando el patrimonio boliviano.
¿Por qué mejor no recupera el mar de esa manera? o mejor aún, ¿por qué no negocia bien para que el Estado no tenga que pagar exorbitantes sumas en indemnización? ¿Por qué no trata de que los privados inviertan más en el país? Si sabemos que la única forma de desarrollarse es con inversión; y más bien lo que hace es ahuyentar cuanto proyecto o plan de desarrollo internacional aparece.
Y para muestra un botón, o más bien un cerro. El Mutún, la reserva de hierro más grande del mundo, está dormido en la frontera en un largo letargo.
Por eso decimos y casi todos los bolivianos concordamos, nos han vendido la nacionalización como un tema patrio de recuperar lo nuestro, pero en realidad ha sido contraproducente porque a raíz de ello no existe empresa o empresario extranjero alguno que quiera invertir. Y lo que es peor, el Gobierno del MAS no quiere que un extranjero, mientras no sea iraní o venezolano (que dicho sea de paso no existe), invierta en el país. Así lo demostró cuando Georges Petit quiso poner plata para salvar AeroSur y que los más de 1.200 trabajadores no pierdan sus fuentes de empleo y puedan seguir sosteniendo a sus familias. Pero la administración de Evo Morales lo ahuyentó y ahora tenemos 1.200 desempleados más en Bolivia gracias a este gobierno.
Ahora, primero de mayo, fecha tradicional del MAS en el tema de las nacionalizaciones, todos los bolivianos estamos expectantes para ver de quién es el turno de mandarse cambiar. Algo preocupante que tenemos que saber, es que cuando el gobierno nacionalizó las empresas de hidrocarburos, se perdieron miles de millones de dólares, y no en el tema de compensación, sino en adecuación y capacitación de personal esencial.
El propio Fernando Vincenti, ex ministró del MAS y actual presidente de la nacionalizada Transredes, confirmó que cuando se tomó la empresa nadie sabía manejar los envíos y menos el software. Producto de ello no se transportó gas. No se exportó. Se incumplió contratos, y el país perdió millones.
Pero esto a Evo Morales y Álvaro García Linera no les preocupa, peor aún hoy, que su Tribunal Constitucional les hizo venia para la re-reelección. Es más que seguro que las nacionalizaciones ilegales seguirán, y como quedan pocas empresas por recuperar, el gobierno ahora les va a brincar a los privados nacionales y a las cooperativas de servicios básicos.
En Santa Cruz, la que está en la mira es Cotas. En más de una ocasión el MAS ha manifestado su interés en hacerse de la telefónica cruceña, sólo esperemos que ahora el Gobierno de Evo Morales no cambie su bandera de “nacionalización” por una de “intervención”, porque si es así, será un sálvese quien pueda porque nadie podrá evitar que el MAS tome los patrimonios departamentales.
*Perseguido político