El ex “testigo estrella” de la fiscalía en el caso Rozsa, Ignacio Villa Vargas alias “El Viejo”, se ha vuelto una voz incómoda para el gobierno de Evo Morales, desde que decidió revelar que su testimonio fue forzado por apremios físicos y que se lo obligó a incriminar con el supuesto “terrorismo” a personas predeterminadas por su alineamiento opositor.Ahora, “El Viejo” ha cuestionado al Ministerio Público por no procesar al senador oficialista Fidel Surco, por sus manifestaciones violentistas del 2008, año en el cual no solo organizó como cabeza del Conalcam el “cerco a Santa Cruz”, sino que también se mostró en fotografías exhibidas por varios medios de comunicación en entrenamientos armados realizados en la Amazonia boliviana.Villa Vargas dice que Surco estuvo “a punto de desatar una guerra civil”. Creemos que “El Viejo” ha puesto sobre la mesa uno de los elementos centrales del contexto histórico que debió haber sido desde un principio eje principal del debate sobre el caso Rozsa: la intención manifiesta de los “movimientos sociales” digitados desde el gobierno de agredir a Santa Cruz, clima en el cual se habrían multiplicado supuestos proyectos defensivos. Pero la intervención de Villa Vargas no solo es valiosa para refrescar el telón de fondo histórico de los acontecimientos, sino también al llamar la atención sobre la “doble vara” aplicada por una fiscalía obviamente orientada desde el gobierno.En efecto, ¿por qué se procesa con bombos y platillos a quienes desde el Oriente habrían presuntamente impulsado un “plan de defensa regional” catalogándolos como “terroristas”, mientras quienes declaraban públicamente su intención de invadir Santa Cruz permanecen no sólo impunes sino que participan del ejercicio del [email protected]