La renovación de cargos en el organismo pone de relieve la brecha entre los países de la Alianza Bolivariana y el resto frente al vigilante cumplimiento de los derechos humanos en la región.
EL PAÍS (España)
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Foto: elespectador.com
Antigua Guatemala.- La Organización de Estados Americanos (OEA) renovó este jueves tres de los siete puestos que componen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un debate y votación que pusieron de relieve la distancia cada vez mayor que los países de la órbita bolivariana están tomando frente al vigilante del cumplimiento de los derechos humanos en la región.
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La Comisión se compone de siete miembros de los cuales este jueves debían ser renovados tres. Se presentaron seis candidatos, de México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Perú y Ecuador. Resultaron elegidos el jurista mexicano José Orozco, actual presidente de la Comisión, el abogado estadounidense especialista en derechos humanos James Cavallaro y el político brasileño Pablo de Tarso Vannucchi. La votación supuso una derrota a los esfuerzos diplomáticos de Ecuador, que presentaba como candidato a Erick Roberts, actual director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del país, a la vez que criticaba el sesgo político de todos los demás componentes de la Comisión.
La CIDH es el instrumento de la OEA, con sede en Washington, que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente americano. Su poder se ha ido incrementando con los años y sus resoluciones son de obligado cumplimiento. Tiene poder para elevar casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictar medidas cautelares contra países y realizar informes. Venezuela y Ecuador, principalmente, apoyados por el resto de países del ALBA, han visto en decisiones recientes de la CIDH lo que llaman “injerencia”.
Ecuador, por medio de su canciller, Ricardo Patiño, había hecho en los últimos meses una intensa labor diplomática para conseguir apoyos para Roberts, apoyado por todo el área de influencia bolivariana. Sin embrago, Roberts es visto por los demás países como un agente político del Gobierno de Ecuador con el que quiere estar presente en un órgano que le incomoda políticamente. Esa misma crítica es la que hace Patiño a todos los miembros del organismo. Los países de la Alianza Bolivariana han propuesto cambios en el funcionamiento de la CIDH para “reforzarla” que el resto de países ve como un intento de minar su cada vez mayor rango de acción.
Horas antes de la votación, los ministros de Exteriores de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua dieron una rueda de prensa conjunta en la que cargaron duramente contra estas instituciones. Ecuador y Venezuela se consideran atacados por sendos informes del último año de la Comisión. En el caso de Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa se ha pronunciado con profunda irritación contra un informe que pone en cuestión el ejercicio de la libertad de expresión en el país. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, considera el informe una maniobra política para perjudicar la imagen de su país.
El enfrentamiento de Venezuela viene de más antiguo, pero la relación con la CIDH se ha terminado de romper este año tras un duro informe sobre varias situaciones en el país. En su informe anual ante la Asamblea, el presidente de la Comisión, el mexicano José Orozco, relató que en Venezuela se dan “situaciones estructurales afectan a los derechos humanos a través de cambios legislativos”. Se refiere a leyes aprobadas dentro de la llamada “ley habilitante” que concedió amplios poderes espaciales al fallecido presidente Hugo Chávez el año pasado. Orozco habló de “provisionalidad de jueves y fiscales, obstáculos a los defensores de los derechos humanos y falta de libertad de expresión”.
Sus palabras merecieron la respuesta del representante venezolano, que dijo que los miembros de la comisión “son representantes políticos disfrazados de independientes”, y que su país “ha sido objeto de agresión permanente de la CIDH”. Venezuela ha anunciado su decisión de abandonar el Sistema de Derechos Humanos y salir, por tanto, de la jurisdicción de la Corte.
Ecuador, sin embargo, sin ahorrar duras críticas a las instituciones de derechos humanos que considera “parciales” y faltas de rigor en los informes que le afectan, no tiene intención de romper con la CIDH. Además de presentar un candidato para estar presente en la misma, Ecuador tiene un buen currículo de cumplimiento de sentencias de la Corte. El presidente de la misma, Diego García-Sayán, lo puso este jueves como ejemplo de cumplimiento en una sentencia sobre derechos de consulta previa a pueblos indígenas.
En su breve estancia en la conferencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dejó clara la importancia que le da su país al organismo al promover abiertamente a su candidato. Kerry dedicó parte de su discurso a defender la CIDH y pidió que se refuerce su independencia y financiación.
Estados Unidos es firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero no lo ha ratificado, por lo que no se somete a su jurisdicción. Sin embargo, forma parte de sus instrumentos y es el principal financiador, con un 40% del presupuesto de la Corte. Países como Ecuador han pedido que la Comisión traslade su sede a un país que esté bajo su jurisdicción, en vez de estar en Washington. La Corte tiene sede en Costa Rica.
Este jueves, en sus respectivas presentaciones de informe anual ante la Asamblea General, tanto el presidente de la Corte, Diego García-Sayán, como el de la Comisión, José Orozco, reclamaron una vez más la plena integración de todos los miembros de la OEA y la aceptación definitiva de la jurisdicción de la Corte, en referencia a Estados Unidos. García-Sayán pidió también un aumento en el presupuesto de la Corte.
LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA CIDH
José Orozco
El mexicano José de Jesús Orozco, actual presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es miembro de la misma desde 2010 para un mandato de cuatro años que quedó renovado este jueves en la Asamblea de la OEA en Antigua. Su biografía oficial lo presenta como investigador en Derecho Constitucional, derechos humanos, derecho comparado y procesal, en la Universidad Autónoma de México. En su país, fue magistrado de la autoridad electoral mexicana durante 16 años.
James Cavallaro
El candidato de Estados Unidos, James Cavallaro, es profesor de Derecho en las universidades de Harvard y Stanford. Lleva dos décadas colaborando con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, según su biografía oficial. Su curriculum incluye trabajos sobre derechos de los inmigrantes frente a abusos de agentes de fronteras en Estados Unidos, el estudio del uso de los drones por parte de su país en la lucha contra el terrorismo en Pakistán o la defensa de los derechos de los presos en cárceles de Panamá.
Paulo de Tarso Vannucchi
El brasileño Paulo Vannucchi es un periodista que ocupó el cargo de Jefe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia en entre 2005 y 2010, con Lula da Silva como presidente. Actualmente dirige el Instituto Lula. Participó en los informes sobre los abusos de la dictadura brasileña. Es un hombre muy vinculado al gobernante Partido de los Trabajadores, del que fue asesor municipal en Sao Paulo. También ha estado en el equipo de coordinación de tres campañas electorales de Lula, incluida la que le dio la presidencia en 2002.