Casos como la situación de los menores indígenas en la violenta intervención policial en Chaparina, septiembre de 2011, podrán ser denunciados.
Un grupo de niños bolivianos. Foto: Archivo La Razón
La Razón Digital / La Paz
El ‘Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño’ abre esa posibilidad a los menores de 18 años que vean vulnerados sus derechos por no encontrar respuestas del Estado.
Bolivia es el primer país de Latinoamérica y el cuarto en el mundo que ratificó el documento.
Los niños, niñas y adolescentes que vean vulnerados sus derechos por no encontrar respuestas del Estado podrán elevar una denuncia y queja ante la Organización de Naciones Unidas debido a que Bolivia ratificó el ‘Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño’. Casos como la situación de los menores indígenas en la intervención policial en Chaparina, septiembre de 2011, podrán ser denunciados, se informó.
Bolivia es el primer país de Latinoamérica –y el cuarto a nivel mundial– que aprobó, en abril de este año y a través de una ley, la adhesión al Protocolo Facultativo que permite a los niños, niñas y adolescentes denunciar la violación de sus derechos fundamentales ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra.
El instrumento jurídico permitirá a los menores de 18 años presentar una queja en contra del Estado, de manera directa o mediante sus tutores, padres o representantes, cuando se agoten todas las instancias nacionales judiciales y vean vulnerados sus derechos como por retardación de justicia o ineficacia, entre otros.
La activista Julia Velasco informó que la decisión de la administración boliviana abre la posibilidad de denunciar casos como el de la niña Patricia Flores, violada y asesinada en 1999 y que hasta el momento no encuentra justicia; la situación de los menores durante la intervención policial en Chaparina (2011), cuando fueron maniatados y amordazados indígenas que marchaban en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure; o por lo sucedido en la denominada masacre de Porvenir de 2008, donde murieron en un enfrentamiento once personas.
Las denuncias deberán estar enmarcadas en ejes relacionados con la violación a los derechos fundamentales de la niñez y que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se pueden clasificar en tres grupos: Supervivencia y desarrollo, Participación y Protección.
El Protocolo aún no entró en vigencia, porque para ello se necesita que al menos 10 países lo ratifiquen. Hasta la fecha seis ya lo hicieron y Bolivia fue el cuarto a nivel internacional, después de Tailandia, Gabón, Alemania y España, y el primero en Latinoamérica.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo en diciembre de 2011 y el Comité de Derechos Humanos de la organización la aceptó en junio de 2012.
Una vez en vigencia, el Comité recibirá las denuncias, comunicaciones o peticiones individuales y podrá iniciar una investigación, bajo previa coordinación con el Estado. Al finalizar el proceso emitirá recomendaciones, rectificaciones o buscará acuerdos amistosos.
Velasco informó que al menos 30 organizaciones no gubernamentales en coordinación con la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia impulsaron la adhesión del Estado boliviano al Protocolo que, afirmó, beneficiará a los niños, niñas y adolescentes.