La medida es en apoyo a tres líderes del TIPNIS contrarios al Gobierno, acusados de intentar asesinar al dirigente oficialista del Conisur, Gumercindo Pradel.
Trinidad. Fernando Vargas (sombrero) junto a su abogado en Beni. Foto AFKA.
La Razón / La Paz, Bolivia
El Comité Cívico del Beni resolvió ayer llevar adelante un paro de 24 horas el martes 23 de julio, como gesto de apoyo a los tres dirigentes indígenas, Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, acusados de intentar asesinar a Gumercindo Pradel.
Los cívicos benianos aprobaron cinco puntos de respaldo a los tres dirigentes indígenas citados a declarar ante la Fiscalía en Trinidad por lesiones ocasionadas al dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, informó el presidente del ente cívico beniano, David Coca, en un contacto con radio Panamericana.
El primer punto se refiere al apoyo a los tres dirigentes indígenas que —según los cívicos— están siendo “perseguidos” por el Ministerio Público beniano. En el segundo, se convoca al paro para el martes 23. Luego, el miércoles, “tendremos una caravana masiva con toda la gente que quiera apoyar y al mismo tiempo protestar contra el orden supuestamente legal (Fiscalía), que ahora es el caballo de persecución”, indicó el directivo Coca.
Los cívicos trinitarios también piden la destitución inmediata de los fiscales que llevan el caso; uno de ellos —aseguran— tiene 18 denuncias por corrupción y otros.
Renuncia. El pedido de dimisión se refiere a que el Comité Cívico y toda la institucionalidad está pidiendo la renuncia de los tres fiscales; si no asumieran esta decisión, se tomará medidas más drásticas, dijo Coca. “Como último punto, se pide que se investigue el proceso del caso Chaparina, ya que no se avanzó nada, y en cambio en este caso (Pradel) se lo hizo rápido”.
Vargas, Nuni y Chávez fueron denunciados ante el Ministerio Público del Beni por Gumercindo Pradel, cacique del Conisur, ya que habría sido agredido de gravedad en la localidad indígena de San Pablo del TIPNIS. Por este hecho la Fiscalía los acusó de intento de asesinato. El Tribunal de Garantías del Beni rechazó una acción de libertad planteada por los dirigentes.