Francesco Zaratti 
A las nacionalizaciones se les puede aplicar lo mismo que se dice de las revoluciones: empezarlas es fácil, ganarlas es más complicado, pero el verdadero desafío es mantenerlas en el tiempo. Lo que actualmente está sucediendo en Argentina es una prueba fehaciente de esa afirmación.Hace 15 meses el Gobierno de Cristina Fernández, agobiado por la creciente factura de importación de energía, confiscó las acciones de Repsol en YPF (curiosamente sólo las de la petrolera española) con el fin de administrar directamente la riqueza de los yacimientos de gas no-convencional (“shale gas”) de Vaca Muerta y alcanzar la anhelada soberanía energética. Todos los intentos del pragmático Presidente de YPF, Miguel Galuccio, de atraer a compañías de peso internacional para invertir en Argentina fracasaron hasta esta semana en la que logró un acuerdo con la norteamericana Chevron (gran contribuidor electoral de la familia Bush) la cual participará en la explotación de Vaca Muerta invirtiendo 1.500 millones de dólares en los próximos cinco años y, sobre todo, transfiriendo su tecnología de extracción del “shale gas”.El costo político del acuerdo no es insignificante: de hecho Argentina tuvo que someterse a las exigencias de Chevron y modificar su régimen impositivo para permitir la exportación de un 20% del gas extraído libre de impuestos y garantizando la libre convertibilidad de las divisas obtenidas, entre otras concesiones.Según Repsol se trata de los mismos beneficios que Cristina no quiso concederle para empezar la explotación de Vaca Muerta, con la diferencia que ahora el Estado tiene la mayoría de las acciones y de los beneficios de YPF sin desembolsar un solo centavo. En todo caso, más valió la desesperación de quedarse por más tiempo con la riqueza bajo el suelo que la consecuencia ideológica, sin contar que la alianza con la transnacional de los EEUU no debe hacerle ninguna gracia a los «albanos» Evo, Maduro y, sobre todo, Correa, por el litigio que mantiene con Chevron.La apuesta de Chevron tampoco es sencilla, por las consecuencias internacionales de haber roto un pacto de «caballeros» – si vale el término entre empresas transnacionales- y confiar en la estabilidad de reglas en un país de humores cambiantes. Bastará recordar que los Kirchner apoyaron con entusiasmo la venta de YPF a Repsol. De todos modos, muchos analistas dudan que ese acuerdo sea atractivo para otras empresas.Todo eso repercute en Bolivia. En el peor escenario, posiblemente en cinco años nuestro vecino del sur será autosuficiente en gas natural; en el mejor de los casos no habrá ampliación de volúmenes de compra a 27 MMm3/d, por lo menos a los precios actuales. Tampoco es seguro que Argentina cumpla oportunamente con los pagos por gas en los próximos años, debido a la escasez de divisas y a la reducción de sus exportaciones (caso del trigo). En otros términos, en cinco años Argentina nos traspasará su desesperación.En efecto, también el Gobierno de Evo está al borde de un ataque de nervios. La exploración sigue estancada y los diferentes incentivos ofrecidos no han alcanzado sus objetivos. Para 2016 se avizora una crisis de producción y la confianza hacia la política energética boliviana está lejos de recuperarse. Para rematar, acabamos de escuchar al Presidente interino de YPFB afirmar que los nuevos incentivos serán aplicados a los contratos posteriores a la aprobación de la norma. ¡Vaya sentido de oportunidad!, cuando justamente Gasprom y Total están a punto de firmar los primeros contratos de exploración. Urge la presencia de un buen siquiatra en el equipo energético del Gobierno.El Día – Santa Cruz