Ilegalidad. En Bolivia, hospitales y clínicas privadas toman sus recaudos para asegurar la cobranza. Al hacerlo, sin embargo, van en contra de la Constitución. Gobierno no toma acciones.
PÁGINA SIETE / La Paz
Pacientes internados en un hospital público de la ciudad de La Paz.
Según diversas estimaciones, por lo menos 200 pacientes son retenidos cada año en hospitales y clínicas de ciudades del eje del país por no tener los recursos suficientes para pagar su curación. Una revisión hemerográfica permitió constatar que la situación se produce en casi todas las ciudades del país y que la detención afecta incluso a niños.
Además se registran casos de retención de cadáveres, que no son entregados a sus familiares hasta que éstos cancelen los costos médicos incurridos por la persona antes de fallecer.
Pese a la alta recurrencia de esta situación, no hay una autoridad gubernamental que se preocupe de ello. El hecho ha motivado incluso un fallo del Tribunal Constitucional, del año pasado, mediante el que se ratifica que la retención de pacientes por deudas es ilegal.
Uno de los recientes casos fue el de los familiares de las personas que resultaron heridas el 21 de junio pasado por la explosión de un camión cisterna en la localidad de Huancollo, en el departamento de La Paz.
Para que los pacientes salieran de la clínica Cruz Azul en El Alto, los administradores de este centro exigieron una garantía de 3.000 bolivianos hasta que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) se hiciera cargo.
La Defensoría del Pueblo hizo seguimiento a 16 de estos casos durante 2012; sin embargo, considera que hay muchos más.
Una fuente de esta institución informó que la cifra oficial se debe multiplicar por decenas, y puede rondar los 200.
“Además, muchas más personas ni siquiera sientan una denuncia”, dijo el asesor constitucional y legislativo de la Defensoría del Pueblo Fernando Zambrana.
El 60% de las quejas formalizadas en esa instancia corresponde a la ciudad de Cochabamba, el 30% a Santa Cruz y el 10% restante a La Paz. Los hechos suceden tanto en centros de atención públicos como privados.
“Sabemos que hay gente que ha estado tres semanas o hasta un mes detenida; muchos no hacen la denuncia porque prefieren negociar con el hospital, primero buscando un regateo y después consiguen el dinero de cualquier forma”, afirmó Zambrana.
“Muchas personas no saben que está prohibida la retención de pacientes por temas de deuda”, añadió.
De acuerdo con los datos de la entidad, hay un alto porcentaje de denuncias de retenciones en centros públicos a donde llegan a diario víctimas de accidentes de tránsito. “Desconocen sus derechos; esto afecta sobre todo a pacientes del área rural que sufren algún accidente”, agregó Zambrana.
Este año, la Defensoría del Pueblo conoció el caso de Dámaso Mamani, quien tras sufrir un accidente mientras cumplía su labor como ayudante de chofer de la Alcaldía de Inquisivi, fue trasladado de emergencia, el 5 de enero, al hospital Juan XXIII, en la zona de Munaypata.
Fue dado de alta el 22 de enero, pero el nosocomio no le permitió salir por la deuda acumulada, que alcanzaba a 62.000 bolivianos. Estuvo retenido en contra de su voluntad cuatro días, mientras la Defensoría intercedía para lograr su egreso con la garantía de que la familia se haría cargo de los pagos.
Sin embargo, el subdirector de ese hospital, Reynaldo López, aseguró que el centro no retiene a pacientes por falta de pago y que en ese caso en particular se procedió a dejarlo salir con el compromiso de que la Alcaldía de Inquisivi se haría cargo de la deuda.
Fuentes policiales señalaron que en La Paz muchas de las víctimas son personas de Nor y Sud Yungas, que sufren accidentes en la carretera. También existen muchos que se accidentan en la carretera entre Oruro y La Paz.
Uno de ellos fue Alberto, de 62 años, quien denunció a Página Siete que en el Hospital Obrero le obligaron a pagar una deuda por la atención médica antes de ser dado de alta, después de un accidente vial sufrido en Yungas.
“Cada día venía la enfermera a insistir que mi familia debía pagar primero lo que se debía de mi internación, porque mi seguro no se hacía cargo de un accidente así. Sólo hasta que mis familiares pagaron todo lo acumulado me dieron de alta y pude salir”, contó.
En 2007 ocurrió otro hecho significativo: un menor de seis años no pudo salir del Hospital del Niño de La Paz durante semanas porque sus padres no podían pagar la cuenta, que ascendía a 13.155 bolivianos.
El pequeño tuvo un accidente en la calle frente a su casa que le causó un traumatismo craneoencefálico y llegó de emergencia a ese centro.
Un médico, que pidió que no fuese revelado su nombre, contó que en la clínica en la que trabajaba un paciente fue encerrado con llave en su habitación y a los familiares no se les informó en qué cuarto estaba.
La medida asumida por algunos centros de salud viola los preceptos establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE); pese a esto, el Gobierno no asume acciones.
La retención es ilegal
La retención de pacientes en hospitales es una práctica ilegal que va en contraposición del artículo 23, inciso I, de la Constitución Política del Estado, que señala que “toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”.
El artículo 125 de la CPE establece que “la persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal podrá interponer acción de libertad ante cualquier juez o autoridad competente en materia penal y solicitar que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.
La Defensoría recomienda a los afectados hacer prevalecer sus derechos y ante cualquier intento de retención en un hospital realizar una denuncia inmediata. Tras presentar la denuncia, la Defensoría busca mecanismos de pago entre el paciente y la entidad y promueve un acuerdo firmado o un compromiso verbal.
Gobierno no toma acciones
Ni el viceministro de Salud ni y el de Defensa del Consumidor tienen registro de estos casos ni hacen algún seguimiento.
El viceministro de Salud, Martín Maturano, afirmó a Página Siete que su despacho no consigna denuncias sobre las personas detenidas en los centros, aunque dijo que en los hospitales de tercer nivel es donde ocurren más estos hechos.
“Está claro que ningún paciente, bajo ningún pretexto, puede ser retenido en un hospital, ya que eso afecta directamente a su derecho a la libertad. Por eso hay que crear mecanismos para subsanar esto y coadyuvar a esos pacientes”.
En el Viceministerio de Defensa del Consumidor informaron que a esas oficinas tampoco llegaron denuncias.
El administrador de una clínica privada de la sede de Gobierno , que pidió el anonimato, dijo que para un centro de salud “no es lo mejor” retener a un paciente “por los problemas que ello implica”, pero “muchas veces no se puede hacer otra cosa”.
“Si no se retiene al paciente muchas veces no hay cómo lograr que pague” y “si no cobramos, nuestra viabilidad económica se pone en duda”, argumentó. También se quejó de que “ninguna instancia estatal o municipal” ayuda a las clínicas privadas a lograr que se les pague.
Un fallo generó jurisprudencia
La sentencia constitucional número 0258/2012 analizó el caso de Basilia Cruz, residente de Cochabamba y trabajadora de la empresa municipal de aseo.
El Tribunal Constitucional analizó el caso y decretó que la detención de pacientes por deudas es ilegal, emitiendo una sentencia que generó jurisprudencia.
En la noche del 23 de marzo de 2012, mientras realizaba su trabajo de barrendera, Cruz fue atropellada por un vehículo y fue internada en la clínica San Pedro con un cuadro de trauma facial, heridas contusas de cara y cabeza, traumatismo cráneo encefálico y policontusión.
El autor del accidente Richard M., conducía el vehículo en estado de ebriedad. Él y su madre, María S., se comprometieron a pagar por el costo de la curación. Sin embargo, no lo hicieron, y Basilia Cruz fue retenida en el hospital durante varios días hasta que alguien cancelara la deuda pendiente.
Centros retienen cadáveres
La Defensoría del Pueblo también denunció que centro médicos de Santa Cruz, La Paz y El Alto realizan retenciones ilegales de cadáveres por deudas de atención hospitalaria.
“Uno de esos casos ocurrió en la ciudad de El Alto, cuando encargados de un hospital retuvieron un cuerpo argumentando que hasta que no se pagara por toda la atención médica no entregarían el cuerpo a sus familiares”, informó el asesor constitucional y legislativo de la Defensoría Fernando Zambrana.
Las personas que sufrieron la pérdida de un familiar buscan de forma inmediata poder pagar la deuda antes que realizar una denuncia. “Su prioridad” -subrayó el funcionario- “es tener el cuerpo para darle un entierro pronto y justo”.
Otros dos casos
14 de febrero 2012
Cresencio R. fue internado en Hospitales de Esperanza en Vinto, Cochabamba, tras un accidente de tránsito. Algunas curaciones fueron canceladas por el SOAT, pero el nosocomio, según la denuncia, exigió un monto mayor (Bs 23.000). El paciente fue retenido seis días, hasta que un juez ordenó que fuese dejado en libertad.
Diciembre de 2012
María denunció en la Defensoría que estuvo retenida 21 días en la clínica CIES en La Paz, por no pagar Bs 12.000. La Defensoría intervino y logró que se concediera la salida de la paciente.
SITUACIÓN INTERNACIONAL
La retención de pacientes es una realidad en varios países de la región, según un informe de la OMS. El reporte señala que miles de personas son detenidas contra su voluntad en las Américas y que ello es violatorio de las legislaciones de la casi totalidad de los países afectados.
Un repaso de internet a información internacional parece demostrar que la situación es especialmente delicada en Perú, Colombia y México, con decenas de casos denunciados. En algunos países, como en Colombia, esa situación ingresa bajo la figura de “secuestro”, pero ello no ha reducido el número de pacientes afectados.
“Sabemos que hay gente que ha estado hasta un mes detenida; muchos no hacen la denuncia”.
Fernando Zambrana, asesor legislativo de la Defensoría
“Está claro que ningún paciente, bajo ningún pretexto, puede ser retenido en un hospital”.
Martín Maturano, viceministro de Salud.