Defensor del Pueblo observa los artículos 42 y 43 del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que pretende aprobar el gobierno de Evo Morales. Advierte que esta norma afectará la labor de indagación de la Defensoría.
Defensor advierte: Ley de información es inconstitucional
Los Tiempos, Bolivia
Rolando Villena, defensor del Pueblo. Foto Los Tiempos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió ayer que el contenido de los artículos 42 y 43 del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que actualmente está en tratamiento en la Cámara de Diputados, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) e instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Además, señaló Villena que el proyecto en debate en la Cámara de Diputados, vulnera las funciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo y permiten la discrecionalidad en algunas instituciones del Estado para definir las restricciones informativas y el procedimiento para calificar la información como reservada.
El pasado lunes, su autoridad dijo que remitió una nota al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, en la que sugiere revisar y modificar los dos artículos, según nota institucional.
El proyecto de ley fue aprobado en grande por la Comisión la semana pasada y previo a su tratamiento en detalle, se acordó recibir las objeciones al proyecto, expresadas por varias organizaciones y entidades.
Estas coinciden que con las más de 12 excepciones incluidas en el artículo 42, en los que no se podrá acceder a la información pública, no se garantiza este derecho ciudadano sino por el contrario se lo restringe.
Según la Defensoría del Pueblo, los incisos b) y j) del artículo 42, referidos a las reservas sobre recursos naturales y a los estudios de impacto ambiental como excepciones de acceso a la información, exceden los límites previstos en los instrumentos internacionales sobre la materia.
“Estas limitaciones se contraponen al derecho al medio ambiente y al derecho a la consulta de las Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos, dispuestas en la Constitución Política, así como a la regulación constitucional referida a los recursos naturales”, argumentó Villena.
Los incisos j) y k), dijo afectan la labor constitucional de la Defensoría del Pueblo referida a investigar de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos individuales y colectivos.
“Contraviene el espíritu de los artículos 28 y 29 de la Ley 1818, ya que desconoce la naturaleza del trabajo de la Defensoría del Pueblo, que prevé la reserva y confidencialidad de sus investigaciones, en los casos que exista peligro a la integridad, seguridad, interés superior y otras razones determinadas”, señaló.
Defensor advierte que nueva ley afectará su labor de indagación
Continúa la polémica por el proyecto de ley de acceso a la información.
Posición. Villena, a través de una carta, solicitó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la revisión y modificación del proyecto de ley gubernamental.
Página Siete / La Paz, Bolivia
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió que el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública puede afectar su labor constitucional de investigar actos que impliquen la vulneración de derechos por parte del Estado.
La autoridad hizo notar esta posibilidad en una carta enviada al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), que tiene a su cargo la búsqueda de consensos para aprobar la norma planteada por el Ministerio de Transparencia.
“Los incisos j) y k) del artículo 42 afectarían la labor constitucional de la Defensoría del Pueblo, referida a investigar de oficio o a solicitud de parte los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos individuales y colectivos”, afirmó Villena.
La autoridad defiende la facultad que le otorga la Ley 1818, del Defensor del Pueblo, que prevé la reserva y confidencialidad de sus investigaciones.
De la misma forma, advierte que el inciso k) de la sección de restricciones del proyecto de ley que prohíbe divulgar “la información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida” puede derivar en un uso “inadecuado”, considerando que todos los programas y proyectos públicos tienen un largo proceso y que aguardar hasta el final sería una vulneración al derecho a acceder a la información.
Frente a las críticas a la propuesta, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja abrió un proceso de socialización para recibir planteamientos de modificación al proyecto.
De hecho, no es la primera autoridad que hace observaciones al proyecto de ley. Entidades como la Fundación UNIR y la organización Bolivia Transparente también advirtieron que esta norma va contra los principios elementales de la normativa internacional de acceso a la información y transparencia.
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó el lunes que los equipos técnicos de su despacho y de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados trabajan en propuestas para hacer ajustes al proyecto y expresó su predisposición para que se hagan algunos cambios en la redacción del proyecto de ley.
Según las autoridades del oficialismo, el proyecto respeta los estándares internacionales y la Constitución Política del Estado, no obstante las varias observaciones de diversas instituciones y organizaciones de trabajadores de la prensa que ven afectados sus derechos.
La propuesta contradice la CPE
El proyecto de ley de acceso a la información podría ser demandado de inconstitucional porque los artículos referidos a las excepciones y a la calificación de reserva se contraponen a la Constitución y a las legislaciones internacionales sobre derechos humanos, advirtió el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
La autoridad remitió una carta al presidente de la Comisión de Constitución, Héctor Arce (MAS), en la que solicita la revisión y modificación del proyecto que ya fue aprobado en grande en dicha instancia.
El defensor “descalifica” las disposiciones reguladas en los artículos 42 y 43, referidos a las excepciones al acceso a la información y al procedimiento de calificación de información como reservada como plantea el proyecto de ley.
Para el defensor del Pueblo, las restricciones referidas a los recursos naturales y al medio ambiente “exceden los límites previstos en los instrumentos internacionales” y recuerda que la Carta Magna establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del “pueblo boliviano”.