Roberto Méndez Herrera*
El artículo 10 de la Constitución Política del Estado señala que «Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados».Sin embargo, durante la última temporada, esa imagen angelical del Estado ha dado un giro de 360 grados, para empezar desde que decidimos que el nuevo lema de las Fuerzas Armadas debería dejar de ser «subordinación y constancia, viva Bolivia», por el de «socialismo, patria o muerte».¡Muerte!, si es otro elemento que se ha incorporado y que nada tiene que ver con lo que dice el capítulo II de la misma Carta Magna: «Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados».Y así hemos ido experimentando una serie de metamorfosis del concepto de seguridad nacional. Pero lo último nos ha dejado pasmados porque estamos hablando ya no de doctrina o política exterior que debemos desarrollar como Estado, si no de políticas internas que pueden ser activadas bajo lineamiento de la búsqueda o la reproducción del poder.En el pasado Día de la Bandera, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Edwin de la Fuente dijo que «no dudaría en convocar a movimientos sociales para defender la soberanía, dignidad y unidad del Estado Plurinacional, porque se han identificado enemigos internos y externos».¿De qué estamos hablando? Estamos diciendo que las Fuerzas Armadas van a convertirse en el frente represor de quienes no piensen igual que quienes coyunturalmente están detentando el poder.Desde luego que la invitación ha sido bien recibida por los llamados movimientos sociales que al unísono han dicho que están dispuestos a todo a fin de mantener el llamado proceso de cambio.Mientras eso ocurre, los parlamentarios afines al partido de Gobierno han empezado a redactar los lineamientos de la nueva doctrina que tendrá un carácter socialista y antiimperialista, y aquí viene lo más grave, en generar y promover sistemas y subsistemas de seguridad destinados a identificar posibles amenazas contra la seguridad del Estado.Es decir en elaborar normas y mecanismos para que desde el mismo seno familiar, desde el mismo barrio o la misma confraternidad, puedan denunciarse e identificar a quienes están hablando mal del gobierno o no están identificados con él.Y tendremos entonces una especie de cacería de brujas, privados de libertad por todo y por nada y ya no solo perseguirán a los contrarios político partidarios, si no también a los mismos ciudadanos.El riesgo es que puedan volver los tiempos de la inquisición y aunque es poco probable que desempolven la guillotina, no se descarta que puedan abrirse campos de concentración, como se abrieron en 1952 u oficinas de control político contra quienes se oponían en ese entonces a la revolución.¿Y la democracia, en qué queda? ¿En qué queda el derecho a disentir?, a oponerse, a fiscalizar o a criticar políticas de Estado que no vayan acompañadas a buscar el bienestar y procurar la felicidad de los ciudadanos.De modo que los bolivianos debemos estar alertas, y ojo que nada tiene que ver con nuestra demanda marítima que la respaldamos a capa y espada, si no que vemos de la alternancia de poder, del respeto al pluralismo político, cada vez se desploman para dar paso al pensamiento único, después de haber tomado el control político, económico y social.Pensamiento único que tendrá como su principal órgano garante represor a las Fuerzas Armadas o al Ministerio de Gobierno y a sus movimientos sociales allegados para mantener callado finalmente al pueblo a quien sea el que al final se le diga: «patria o muerte…».*Periodista y abogadoEl Día – Santa Cruz