Cochabamba. Cobra fuerza la presión social contra el Tunari. En menos de un mes, los comunarios del Proyecto Múltiple Misicuni cerraron en dos ocasiones las válvulas del sistema que provee de agua a la ciudad de Cochabamba
Cobra fuerza la presión social contra el Tunari
Los Tiempos, Cochabamba, BOLIVIA
Bloqueos en Tiquipaya que terminaron con la adhesión de comunarios de Misicuni que exigieron una nueva ley del Parque Tunari para que el lugar pierda su condición de área protegida. Los Tiempos
El futuro del Parque Nacional Tunari como área protegida es incierto por tres razones: la decisión de las autoridades de no considerar ningún proyecto de ley que actualice las normas que protege el lugar e impide los nuevos asentamientos (leyes 253 y 1262); la falta de dirección del Sernap y los dos últimos convenios que la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental firmaron con los comunarios de Misicuni que piden “cero área protegida” y la elaboración de una nueva ley de límites.
La asesora del Colegio de Arquitectos, Natalia Vega, y el asambleísta Marco Carrillo informaron que las actividades para socializar las normativas que protegen el Parque Nacional Tunari se suspendieron hace dos semanas con motivo del aniversario departamental y el conflicto por tierras en Tiquipaya, que el 12 de septiembre derivó en el cierre de válvulas de las represas de Misicuni y de Escalerani.
“Nosotros sabemos que se ha postergado el tratamiento de las propuestas de ley que anunciaron (campesinos y asambleístas) para regularizar los asentamientos”, dijo Vega. La versión fue ratificada por Carrillo quien aseguró que “los eventos de sensibilización y socialización de la importancia y potencialidades del Parque Nacional Tunari, que estaban definidos con fecha, día y hora, antes del 14 de septiembre, fueron postergados hasta después de las fiestas septembrinas. La próxima semana se van a retomar estos actos”.
En este proceso de sensibilización participaban representantes del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, la Gobernación, la Asamblea Departamental de Cochabamba, la Brigada de Asambleístas Plurinacionales, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), los alcaldes y organizaciones sociales de todos los municipios que tienen en su jurisdicción parte del Parque Tunari.
La representante del Colegio de Arquitectos expresó su preocupación por los acuerdos que suscribieron los representantes de la Gobernación con los comunarios de Misicuni la anterior semana. Explicó “se firmaron compromisos que son nulos porque son contrarios a la ley”, razón por la cual dijo que presentará la próxima semana a la Gobernación, “un manifiesto elaborado por varias instituciones cochabambinas que exigen la preservación del Parque Tunari, además de otro proyecto de ley para endurecer su protección y conservación”.
Carrillo explicó que el acta de entendimiento suscrito para apaciguar ese conflicto fue firmado por el Defensor del Pueblo, por él en representación de la Asamblea Legislativa y por el asesor general y el secretario de Coordinación con Movimientos Sociales de la Gobernación, Freddy San Millán y Feliciano Vegamonte, en el que “se estipulaban tres puntos: declarar al parque cero (que desaparezca) y que a cambio de que no exista el parque se elabore una nueva ley”, dijo. Agregó que acordaron que se conforme una comisión para redactar la nueva norma. También se definió que se respeten los derechos constitucionales de las comunidades y que no sean sometidas a juicios indebidos, figura que no afecta a los procesos que actualmente son impulsados por la Policía, Semapa y la Empresa Misicuni, por el cierre de válvulas, destrucción de ductos y agresiones a uniformados y trabajadores. En el conflicto que empezó por la defensa de un terreno privado y derivó en el cierre de válvulas, 24 policías resultaron heridos con pedradas y golpes. En tanto que 300 trabajadores del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, que construye la represa de Misicuni, fueron expulsados de forma violenta. Según el asambleísta Marco Carrillo la elaboración de una nueva ley dependerá del trabajo que realice una comisión interinstitucional, pero que de ninguna manera está en debate el cambiar el actual límite de la cota 2.750, que restringe los asentamientos en el área protegida. Sin embargo, los temas que se plantean son el aprovechamiento forestal, el acceso a servicios básicos y la realización de otras actividades productivas.
Difícil situación del Sernap
La inestabilidad se ha convertido en una característica del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), debido a que en el último mes fue destituida la directora, Teresa Morales, que impulsaba la ejecución del Plan de Manejo Integral, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Morales fue destituida, luego, de que el director nacional del Sernap, Saúl Chávez, y representantes del Ministerio de Medio Ambiente, la Asamblea Legislativa Departamental y la Gobernación firmaron el primer acuerdo con los pobladores de Misicuni, que bloqueaban el ingreso a las obras de la represa del Proyecto Múltiple Misicuni.
A una semana de la destitución de Morales fue posesionada en el cargo, la exconcejal del Movimiento Al Socialismo por el municipio de Sacaba, Lucero Rojas, quien a los pocos días de haber asumido el cargo renunció, presionada por una huelga de hambre de comunarios de Cercado y Sacaba que piden la dotación de servicios básicos para las urbanizaciones ilegales del Parque Nacional Tunari y la modificación de la ley. El director nacional del Sernap aún no se pronunció sobre esta situación.
Nueva normativa desechada
Hasta ahora son por lo menos cuatro los proyectos de ley que fueron presentados por personas que viven dentro del área protegida, que buscan hacerla desaparecer y por personas que por el contrario quieren preservar la zona de recarga de acuíferos.
PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN CAMPESINA
El anteproyecto de ley elaborado por la Federación Sindical Única de Campesinos de Cochabamba plantea en su Artículo 9 las condiciones que se darán en el Plan de Extensión Parcial, sobre el Parque Nacional Tunari, que consiste en “ampliar el área urbanizable de la cota 2.750 hasta la cota 2.850 sobre el nivel del mar, a objeto de consolidar construcciones y fraccionamientos que estén evadiendo el pago de impuestos”.
Este documento establece, además, que en todos los terrenos consolidados “los propietarios están obligados a plantar y cuidar el crecimiento de cinco árboles (frutales, forestales, ornamentales o medicinales). En el Artículo 5, que habla sobre la finalidad, se establece que será promulgada para “contribuir al logro de la soberanía y la seguridad alimentaria para el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos a través de la agricultura sustentable y la propiedad privada”. Este documento apareció publicado con el mismo formato de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia y tiene como fecha de promulgación abril del 2013, sin que éste haya sido debatido y aprobado en la Asamblea Plurinacional.
A pesar de las solicitudes de los asentados en la zona por hacer aprobar esta norma, el asambleísta marco Carrillo y otros legisladores departamentales consultados por este medio, como Soledad Delgadillo, aseguraron que no se permitirá la elevación de la cota que establece el límite sur del parque Nacional Tunari, ni un centímetro más, pues ya en el pasado esta frontera fue removida, sin lograr parar los asentamientos.
ASAMBLEÍSTA SOLEDAD DELGADILLO
La propuesta de ley planteada por la asambleísta departamental Soledad Delgadillo establece que la finalidad con la que este documentso fue redactado es “preservar el medio ambiente, adoptando mecanismos de protección del agua, flora y fauna existente en el Parque Nacional Tunari, establecer su manejo sostenido y sustentable, de manera que se permita a las comunidades asentadas actualmente vivir en armonía con un medio ambiente saludable, compartido con la población del área metropolitana del departamento”.
Según explicó la proyectistas, este planteamiento es absolutamente realista, pues la presencia de miles de personas asentadas en esta región es innegable y plantear la indemnización a todas sería inalcanzable por el monto económico que representaría su reubicación.
Entre otras cosas, la propuesta plantea la creación de un Comité de Gestión, actualmente inexistente, conformado por varias instituciones que se encargarán de velar por la preservación de esta área protegida.
Sin embargo, la prioridad de esta propuesta es la adecuación de los asentamientos humanos en la ladera sur del Parque Tunari a través de un régimen especial que las haga aptas para existir en una zona de recarga de acuíferos.
También prohíbe la subdivisión de propiedades, para evitar que los asentados que logren su adecuación puedan comerciar con estos terrenos. Por último, propone la creación de impuestos que desalienten los asentamientos. Esta norma fue descartada por no tener la aprobación de los asentados.
PROPUESTA DE LA ZONA ANDINA
Los municipios de la zona andina, sobre todo de Morochata e Independencia, informaron que ya no quieren pertenecer al Parque Nacional Tunari y pidieron al ministro del Medio Ambiente y Agua, José Zamora, en junio de este año que se modifique el límite norte.
Explicaron, en su proyecto de ley, que necesitan ocupar espacios dentro de la reserva natural para la agricultura, ya que los terrenos no son aptos para la construcción. La propuesta fue enviada a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, para que sea considerada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero también será descartada en su consideración, según explicó el asambleísta Carrillo, quien explicó que se tiene planeado autorizar la dotación de servicios básicos a las comunidades que se encontraban asentadas en la zona antes de la promulgación de la Ley del Parque Nacional Tunari, situación que ha provocado una serie de contradicciones, pues muchos dirigentes de esta zona aseguran que la norma fue creada en la década del 90, cuando en realidad ésa fue la fecha de su última modificación (durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora), pues en realidad fue promulgada en la década del 60, en la gestión del presidente Víctor Paz Estenssoro. “Lo que hay que ver es quiénes han estado antes de la creación del Parque y quiénes han estado después de la creación, porque a los que han estado antes de hecho que hay que garantizarles la dotación de los servicios básicos y los que han estado después, producto de estos eventos que hagan conocer sus planteamientos”, dijo Carrillo.
PROPUESTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
La norma que propone una asociación de entidades cochabambinas, junto con el Colegio de Arquitectos, plantea una norma con 13 artículos en los que se recomienda que para la recuperación del estado de bienestar para todos los ciudadanos que habitan en Cochabamba “se dispone la calificación de santuario natural y urbano a las áreas comprendidas dentro los límites del Parque Nacional del Tunari y de todo Espacio Público en la conurbación, sea municipal o de instituciones públicas”.
También sugiere que “Para reducir la presión de especuladores o negociantes inmobiliarios se prohíbe el cambio en la calificación del suelo agrícola, forestal y de protección, así como la modificación u ocupación de fuentes o vasos de agua, cauces hídricos, sus franjas de seguridad, parques metropolitanos y áreas verdes”, además de una serie de planteamientos para recuperar las características medioambientales que eran el patrimonio de Cochabamba, en las zonas de recarga hídrica que estén fuera de Parques Nacionales y recomienda que “se impone a toda obra, proyecto o actividad edificatoria un coeficiente de ocupación de suelo del 50 por ciento, debiendo quedar libre y natural el restante terreno de la parcela para asegurar la infiltración de aguas a los depósitos subterráneos, (permeabilidad de la superficie)”. Este documento fue debatido por representantes de la Federación de Juntas Vecinales, de la Sociedad Boliviana de Historia Natural, el Focomade, el Movimiento Franciscano Justicia y Paz; la Asamblea de Derechos Humanos y el Comité de Defensa Ambiental de Cochabamba.