Sucre. El Tribunal Constitucional de Bolivia señaló que el 90% del estatuto de Totora (Oruro) es concordante con la Carta Magna.
Votación. La Autonomía Indígena al final necesitará de un referendo aprobatorio del estatuto. La Razón-Archivo.
La Razón / Sucre
En diciembre de 2009, el municipio de San Pedro de Totora, en Oruro, decidió por referendo convertirse en Autonomía Indígena. Para completar el proceso, debía presentar al Tribunal Constitucional su estatuto. Ayer, el presidente del TCP anunció que se aprobó el 90% del documento.
El titular del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, dijo que el estatuto del municipio orureño consta de 102 artículos, 4 disposiciones transitorias y una final. Luego de su análisis constitucional, 90 artículos fueron declarados compatibles con la Constitución; 12 contradicen la Carta Magna boliviana.
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El 6 de diciembre de 2009, 12 municipios fueron a referendo para decidir si se convertirían en autonomías indígenas; eran: Uru Chipaya, San Pedro de Totora, Pampa Aullagas, Salinas de Garci Mendoza y Curahuara de Carangas en Oruro; Mojocoya, Tarabuco y Huacaya en Chuquisaca; Jesús de Machaca y Charazani en La Paz; Charagua en Santa Cruz; y Chayanta en Potosí. De estos, sólo en Curahuara ganó el no a la Autonomía Indígena.
Para completar su paso a ser Autonomía Indígena, los 11 que optaron por el sí debían elaborar su estatuto orgánico, una suerte de mini-Constitución local, y presentarlo al Tribunal Constitucional para que éste vea que no va contra la Carta Magna. Cinco terminaron la tarea: San Pedro de Totora, Uru Chipaya, Pampa Aullagas, Mojocoya y Charagua. Mientras San Pedro de Totora, que ahora se llamará Totora Marka, logró la aprobación en 90%, los restantes cuatro aún están en revisión.
Razones. El TCP, a través de su presidente Ruddy Flores, afirma que el estatuto de Totora se cimienta en el principio de unidad del Estado boliviano y en la indivisibilidad de la soberanía y el territorio; en el hecho de que la existencia y desarrollo de los pueblos indígenas no debe transcurrir al margen del aparato estatal, sino como parte de la organización funcional de gestión y administración pública del Estado; eso sí, de acuerdo con su autogobierno, con autoridades y competencias propias, administración de sus recursos y ejercicio de atribuciones.
La resolución de constitucionalidad (en 90%) fue aprobada por seis de los siete magistrados que conforman la Sala Plena. Ligia Velásquez fue el voto disidente. Gualberto Cusi, que apoyó la determinación, aclaró que se debe establecer de manera amplia el alcance de los pueblos y naciones indígenas.
El sociólogo Leonardo Tamburini dijo que para concluir el proceso, Totora debe subsanar las observaciones hechas por el TCP. Una vez resuelta la constitucionalidad del texto, éste nuevamente deberá ir a referendo aprobatorio en el municipio; de ganar el sí, se constituirá en Autonomía Indígena.
Autonomía Indígena, la especial
Justicia
La Autonomía Indígena, apunta el presidente del TCP, Ruddy Flores, es un nivel del Estado cualitativamente diferente de las otras autonomías (departamental, municipal y regional). Sólo a este nivel de autonomía se le reconoce potestades correspondientes a la esfera de acción estatal judicial; es decir, el derecho a su propio sistema de justicia.
Beni: siete municipios entregaron su Carta Orgánica
ABI.- Siete municipios del Beni enviaron sus cartas orgánicas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión y control, informó el coordinador departamental del Ministerio de Autonomías, Ignacio Franco.
Los municipios que llevan la delantera en el proceso autonómico son San Andrés, San Javier, Santa Ana, Magdalena, Baures, Reyes y Rurrenabaque, seguidos de Santa Rosa, Huacaraje y Exaltación, detalló Franco.
Riberalta, Guayaramerín y San Borja también lograron avances importantes en el proceso. “En el caso de Trinidad (la capital) están avanzando dentro del plazo que se han puesto, creo que hasta fin de año van a tener su borrador”, complementó.