Dinero. La Procuraduría considera exagerada la pretensión de las firmas extranjeras.
Info montos demandados por expropiaciones.
La Razón / La Paz
Cinco empresas que iniciaron demandas de arbitraje en contra del Estado boliviano por la nacionalización de sus activos demandan en conjunto una compensación de $us 1.835,5 millones. La PGE dijo que el pedido es exagerado, aunque afirmó que se pagará una “indemnización justa”.
Así lo hizo conocer la Procuraduría General del Estado (PGE) en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón. A la fecha, el Estado boliviano enfrenta seis arbitrajes que se ventilan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Corte Internacional de Arbitraje de París.
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La compañía británica Guaracachi América Inc y Rurelec demanda el pago de una indemnización de $us 142,3 millones por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA). La firma remitió, el 13 de mayo de 2010, la carta de notificación formal de controversia al Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en EGSA.
Proceso. El segundo caso es el arbitraje interpuesto por Abertis Infraestructuras SA de España que remitió, el 5 de mayo de 2011, la notificación de arbitraje ante la CNUDMI. La compañía pide el pago de una compensación de $us 49 millones por la expropiación de SABSA, filial de Abertis (90%) y Aena (10%).
La tercera es la de Quiborax Non Metalic Minerals que pide un resarcimiento de $us 146 millones. La firma interpuso la demanda ante el CIADI, dependiente del Banco Mundial, por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni.
La cuarta es de las empresas BP Global Investment Limited, BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings LTD que solicitan una indemnización de $us 5,5 millones por la nacionalización de su paquete accionario en AirBP Bolivia. Este grupo inició un arbitraje ante la CNUDMI.
La quinta está referida al arbitraje interpuesto por Pan American Energy (PAE) el 12 de marzo de 2010 en contra del Estado boliviano en el CIADI, en el que reclama el pago de una compensación de $us 1.493 millones. El sexto caso de arbitraje es de la compañía canadiense South American Silver que tiene una notificación de arbitraje en contra de Bolivia por la nacionalización “sin compensación” de la concesión minera en el cerro Mallku Khota. La PGE señaló que “no tiene un monto demandado”.
Las compensaciones demandadas por las cinco empresas alcanzan a la suma total de $us 1.835,5 millones. “La Procuraduría General del Estado considera que es exagerada la pretensión económica de las empresas”, afirmó dicha institución. “La responsabilidad del Estado es compensar a las empresas nacionalizadas, se debe entender que ese monto debe ser justo y bajo el procedimiento de los decretos supremos de nacionalización. Esos montos son los que el Estado está dispuesto a pagar”.
Indicó que las empresas nacionalizadas y la PGE mantienen reuniones para resolver las diferencias en los montos de compensación con las empresas a través de la conciliación, aunque no precisó con cuáles de éstas. “Los acercamientos para lograr conciliar las diferencias no sólo están en los montos, sino en muchas cuestiones técnicas y legales que están en proceso de discusión”, enfatizó.
La postura, historia y el pago
Defensa
El 22 de febrero, el vicepresidente Álvaro García defendió la política de nacionalización porque generó “grandes ingresos” y utilidades al Estado boliviano.
Caso
El abogado Bernardo Herrera indicó que el fallo que emita el Tribunal Arbitral en el caso Rurelec sería el primero en la historia jurídica del país.
Monto
La PGE no precisó cuánto está dispuesto a pagar el Estado a las empresas que demandan una compensación por la nacionalización de sus acciones.
Procuraduría espera fallo por caso Rurelec
La PGE está a la espera del laudo final del Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París respecto a la demanda interpuesta por Guaracachi América Inc y Rurelec, que demandaron el pago de una compensación de $us 142 millones por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA).
“El proceso Ad Hoc de arbitraje internacional en materia de inversiones demandado por la empresa Guaracachi América Inc (EEUU) y Rurelec PLC (Reino Unido), concluyó con las audiencias sobre el fondo. El Tribunal Arbitral, en su momento, dictaminará el laudo final”, señaló a La Razón la Procuraduría General del Estado (PGE).
El 17 de agosto, el procurador general del Estado, Hugo Montero Lara, dijo a este medio que el pedido de indemnización que realizó Guaracachi América Inc y Rurelec por EGSA es “exorbitante y excesivo”.
El expresidente del Colegio de Abogados de La Paz Bernardo Herrera advirtió que si el fallo del Tribunal Arbitral es contrario al Estado boliviano y no lo cumple, la otra parte podría acudir a las Naciones Unidas (NNUU), a organizaciones internacionales e inclusive se puede dar un “bloqueo económico” hasta que cumpla con el veredicto.
El abogado explicó que el fallo de un Tribunal Arbitral es de estricto cumplimiento de ambas partes, quienes no podrán apelar la decisión ante otra instancia. Herrera también señaló que el Estado boliviano tiene la opción de conciliar con la empresa el pago de una compensación hasta antes que salga el laudo arbitral porque, si sale en contra de Bolivia, “será inevitable su pago”.
“Por eso hay que tener mucho cuidado en el procedimiento, en la estrategia y en la presentación de las pruebas durante el proceso”, enfatizó el abogado paceño.