El reciente desmantelamiento de un “narcopueblo” en el departamento de Oruro llama la atención sobre un fenómeno cada vez más frecuente en la Bolivia del Estado Plurinacional evista.
Esta vez fue el caso de Iruni, donde un operativo policial descubrió que en cada una de las 35 casas de esa población se fabricaba cocaína.
No es la primera vez que esto sucede, como ya dimos cuenta tiempo atrás al hablar sobre los “narco-ayllus” y más específicamente de Uncía, donde en el año 2010 se evidenció una situación similar.
Sumemos a esto los “narco-barrios” que existirían en zonas del Plan 3000 y la Villa 1º de Mayo en Santa Cruz, así como en diversos lugares de El Alto, donde cientos de familias se dedican al mismo oficio.
Esta proliferación de micro-fábricas de cocaína es posible por la modernización tecnológica introducida en Bolivia por las FARC y los cárteles mexicanos, que ha provocado una suerte de “democratización del narcotráfico”.
El caldo de cultivo lo completan la presencia en el gobierno de un presidente salido de los sindicatos cocaleros del Chapare -que producen la mayor parte de la materia prima para la “narco-industria”- y la constitución de una especie de “territorios liberados” donde es infrecuente el ingreso de fuerzas policiales.
La geopolítica de la coca-cocaína parece estar rediseñando el ordenamiento territorial en el Estado Plurinacional…