Santa Cruz. Familiares de Alcides Mendoza están pagando recetas médicas. Policías de inteligencia y Delta hacen control por las noches en el hospital.
‘Abusan del poder y no les importa nuestra salud’
Asegura el imputado Juan Carlos Guedes.
EL DÍA, Santa Cruz, Bolivia
Ref. Fotografia: El abogado Guido Colque muestra la receta comprada.
Sin ninguna consideración, así están siendo tratados los tres imputados del caso Rózsa que se encuentran internados en el hospital San Juan de Dios.
Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y el extestigo clave Ignacio Villa Vargas apodado "El Viejo" son los tres imputados que en los últimos días están viviendo en una sala de internación con un alto número de custodios y enmanillados a las camillas.
Los problemas cardiacos que padecen los tres y otros cuadros críticos que los aquejan a cada uno, cubren de preocupación a sus familiares que aprovechan su internación para estar junto a ellos.
Procesados. Acompañado de su nuera, Liliana Ruiz, postrado en la camilla, así encontró El Día a Mendoza, mientras esperaba que los médicos llegaran a revisar las radiografías de su rodilla.
De acuerdo a un examen de electrocardiograma que se le realizó a Mendoza, se revela que sufrió un preinfarto. Cabe recordar que a Mendoza le afectó una parálisis mientras estaba recluido en el penal de San Pedro en La Paz.
Sin embargo, no son las únicas complicaciones que padece Alcides Mendoza, sino también fracturas graves de rodilla; por esta situación le han dicho que debe someterse de inmediato a una cirugía.
"Si me pasa lo mismo que le pasó a José María Bakovic por ser trasladado a La Paz, quiero asegurar que los únicos responsables serán el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público a la cabeza del fiscal que investiga el caso Sergio Céspedes y del tribunal de sentencia. Me condenan a muerte si me trasladan, me encomiendo a Dios porque no creo en la justicia", manifestó Mendoza.
Amedrentados. Juan Carlos Guedes relató que pese a estar custodiado por sus escoltas con los que acostumbra asistir a las audiencias en el Palacio de Justicia, el control en el nosocomio ha llegado al extremo. Asegura que efectivos de inteligencia y de la unidad Delta, ingresan a la sala de medicina interna armados para custodiar el lugar y que por las noches e incrementa el número de vigilantes en los alrededores. "Lo que pasa es que ellos están abusando del poder que tienen y no les importa nuestra salud, que estamos tan graves y no es chiste", dijo Guedes, que a cada momento trataba de acomodar las manillas de seguridad en la camilla porque al estar con problemas cardiacos y tener problemas de retención de líquido, las manillas le aprietan la muñeca.
Ignacio Villa Vargas ayer se sometió a una serie de estudios.
Villa Vargas, afirma que el Gobierno estaría intentando "envenenarlo", después de las declaraciones que realizó la pasada semana en las audiencias del caso.
Inconvenientes. Sin embargo, los problemas de salud y amedrentamientos por lo que atraviesan los imputados internados no son los únicos, dado que el factor económico también se hace sentir en los familiares. Liliana Ruiz, nuera de Mendoza, tuvo que conseguir en cuestión de minutos dinero para poder comprar una receta médica, misma que por información del abogado Guido Colque, defensa de Villa Vargas y representante de Mendoza, es una receta que debe cumplir todos los días por el periodo de un mes.
Este hecho fue duramente criticado por los abogados de los otros imputados, quienes aseguran que es el Gobierno quien debe cancelar los gastos para la recuperación de los internos.
Justicia
Niegan modificación de medidas cautelares a Alberto Melgar
El Tribunal de Sentencia, que lleva adelante el caso Rózsa, negó la modificación de medidas sustitutivas al imputado Alberto Melgar.
Melgar pide la modificación del horario de la detención domiciliaria porque esto lo estaría perjudicando en su trabajo, dado que al ser ingeniero civil no tiene horario de oficina y precisa cancelar a sus trabajadores los días sábados.
El tribunal argumentó la negación, indicando que este debería presentar las planillas de los trabajadores con certificación del Ministerio de Trabajo.
Tal acción fue calificada por la defensa de Melgar, Verónica Suárez, como una determinación política.