CAO alerta de nuevas tomas en el oriente boliviano y exige desalojo

Tierras. Ocupaciones ilegales aumentan en la zona del norte de Santa Cruz. Los predios afectados en Limoncito pasaron de cinco a diez. Unas 14.000 hectáreas con semilla de soya y maíz están paralizadas

Promesa. Ante el reclamo de acciones de la dirigencia agropecuaria, autoridades aseguraron ayer que garantizarán las propiedades.

La CAO alerta aumento de tomas y pide desalojo

PROBLEMAS EN PREDIOS PRODUCTIVOS DE SANTA CRUZ.



La Cámara Agropecuaria del Oriente indicó que en Limoncito aumentaron a 10 los predios tomados por grupos de campesinos. Se anunció que el Gobierno actuará en áreas afectadas

image En Limoncito la presencia de los tomatierras afecta a unas 14.000 hectáreas productivas. Foto: EL DEBER

EL DEBER, Santa Cruz

La historia sin fin de la toma ilegal de tierras que afectan a Santa Cruz, de acuerdo con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), tiende a agravarse y a avanzar.

Julio Roda, presidente de la CAO, explicó que en la zona de Limoncito (norte cruceño) unas 14.000 hectáreas con cultivos de semilla de soya y maíz están paralizadas y que el número de predios (en la zona hay 18) afectados pasó de cinco  a 10.

Roda remarcó que la situación, de acuerdo con el informe de los propietarios, tiende a agravarse debido a que los campesinos que piden tierra han empezado a dañar el cultivo y a poner alambres alrededor del área sembrada.

Sobre el accionar del Gobierno, Roda criticó que este no sea más firme para evitar este tipo de problemas y que solo se quede en buenas intenciones.

Al respecto, José Luis Roca, propietario del predio San José, criticó el lento accionar de las autoridades y lamentó que la producción de semillas de soya y de otros granos estén en riesgo debido a que en la zona no se permite ninguna labor.

Las autoridades

En la reunión que mantuvieron los directivos de la CAO con la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, nuevamente se hizo un diagnóstico de la situación y las  autoridades gubernamentales criticaron el accionar de algunos grupos de campesinos y se comprometieron a dar una solución y a garantizar el derecho propietario.

Desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de la regional Santa Cruz, informaron de que técnicos de esa dependencia se trasladaron hasta Limoncito para verificar la situación y hacer un estudio técnico para luego elaborar un informe.

En otras localidades

Sobre el caso de Bolibras (El Tinto), en el que unas 10.000 hectáreas se ven afectadas por el litigio de propiedad, Roda sostuvo que no hay ningún avance y que el tema de la legalidad de los papeles que avalan el derecho propietario está siendo corroborado por el equipo técnico del INRA.

Cabe recordar que el predio fue tomado por más de un centenar de campesinos y según Mary Peredo, abogada de los menonitas del predio El Tinto, pese a que existe una orden judicial para su desalojo, esta no se cumple y por esa lentitud ya perdieron unos $us 15 millones.

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) manifestaron su preocupación y puntualizaron que estas tomas de tierras, tanto en el norte como en el este del departamento, no hacen otra cosa que demostrar que no hay un control efectivo de las autoridades y que información sensible que manejan distintas instituciones se filtra, lo que genera tensión entre los productores y los campesinos que llegan a una zona con el propósito de ser propietarios

En detalle   

Denuncia sectorial – (ABI)

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Marco Antonio Valverde, denunció  que los menonitas continúan con la ocupación de tierras en Santa Cruz, Beni y Pando.

Reacción de gobierno – (ABI)

Víctor Hugo Vásquez, viceministro de Desarrollo Rural, pidió a las autoridades judiciales identificar a los tomatierras y sancionarlos; la autoridad remarcó que no existe lugar para apropiarse de la propiedad privada.

Cobros por la maquinaria

Desde la CAO se denunció que los grupos que están en la zona de San José, Limoncito y Urubó están cobrando hasta $us 1.200 para que los trabajadores puedan recuperar su maquinaria y no sufran daños.

“Un cambio de actitud y de norma legal”

Fernando  Asturizaga – ANALISTA 

El problema de la toma de tierras y predios se origina con la Ley de Reconducción Comunitaria 3545, que define que la justicia agroambiental quede al margen de los conflictos que tengan que ver con el derecho propietario y de posesión.

El otro aspecto es que para dirimir este tipo de conflictos se le otorga pleno poder al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), lo que en criterio de los productores, y en su momento lo hicimos saber, es un error, dado que la institución cuenta con limitantes económicas y de personal para realizar tan delicado trabajo.

Otro aspecto que se debe cuestionar es la actitud del INRA, que ante estos problemas no reacciona como debería y, es más, se tiene la duda de que la información de la institución se filtra perjudicando a los productores.

¿Cómo cambiar esta situación? Modificando la norma y permitiendo que la justicia agroambiental participe en estas cuestiones y que el INRA  se vuelva una instancia más técnica, con mayores recursos para poder abordar de la mejor manera estos conflictos.