Juicios. En Bolivia no hay fueros, dice el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Formación. Cadetes de la Academia Nacional de Policías (Anapol), donde el lunes una alumna falleció. Archivo La Razón.
La Razón / La Paz
La Fiscalía General del Estado instruyó que las muertes de uniformados que se produzcan en recintos policiales o militares sean investigadas por el Ministerio Público, según esté tipificado en el ordenamiento penal de las leyes vigentes en el país.
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El anuncio fue hecho por el mismo fiscal general, Ramiro Guerrero, quien visitó ayer la ciudad de La Paz con el fin de pedir información al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre el examen que se practicó al cadáver de la cadete Cinthia Poma, fallecida el lunes en la Academia Nacional de Policías (Anapol). También pedirá informes sobre la situación jurídica en la que se encuentra el deceso del alférez Emanuel Cusi, quien falleció ahogado en el lago Titicaca en octubre.
“En nuestro país no hay fueros ni privilegios para nadie, la tarea del Ministerio Público es la defensa de la sociedad, la persecución penal y la investigación de estos hechos (muertes en la Policía y FFAA) para la búsqueda de la verdad objetiva y material”, advirtió Guerrero en una rueda de prensa.
Explicó que los hechos ocurridos en la Anapol y la Escuela Naval podrían ser acciones delictivas ya que serían delitos contemplados en el Código Penal. Desde 2010 fallecieron 24 militares en cuarteles del país.
Tras 96 horas del deceso de la cadete Poma, aún se desconoce el informe oficial que determine la causa del fallecimiento, pese a que ya se practicó el examen forense al cadáver el martes. En el caso del alférez Cusi, familiares piden que la Justicia Ordinaria se haga cargo de la investigación, puesto que la Armada Boliviana inició un sumario.
Golpearon a cadetes
El presidente de la comisión de DDHH de Diputados, Ever Moya, declaró que, el lunes 18, Cinthia Poma y las otras cadetes de la Anapol fueron gasificadas y golpeadas con toletes, como parte de un castigo. El asambleísta entrevistó a las tres alumnas que están internadas en la clínica Virgen de Copacabana y a otros estudiantes que estaban en el examen físico de la Anapol.
“Ese día (18) existió el castigo y abuso, o sea, una ‘chocolateada’ (sanción física) con toletes y gas lacrimógeno”, dijo. Moya anunció que, tras lo informado, se decidió pedir a la Fiscalía acusar a los responsables por feminicidio.