Johnny Melgar Castedo
Desde que el 23 de abril de 2012, arbitraria e ilegalmente fuera detenido –sin que mediara orden de captura internacionalmente válida– el Dr. Alejandro Melgar Pereira se encuentra viviendo un calvario injusto y reprochable.
Esta detención se produjo como consecuencia de una persecución política iniciada en Bolivia que causó el exilio forzado de más de un millar de refugiados políticos, 775 de ellos protegidos por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos (ACNUR) y el saldo por los CONARE (Consejo Nacional de Refugiados) nacionales de países como Brasil, Estados Unidos, España, Perú y Paraguay.
La concesión del asilo político importa un doble e implícito reconocimiento, en primera instancia la ausencia de Estado de Derecho frente a la persecución política originada en abuso del poder por parte del gobierno boliviano y en segundo lugar, por lo tanto, la imposibilidad del ejercicio efectivo de los derechos y garantías ciudadanas, que merecen por lo tanto la protección de las víctimas por parte de terceros países.
El único de los exiliados bolivianos, detenido y procesado por extradición es él, en el país de donde exhibe su segunda nacionalidad, porque es boliviano y uruguayo.
El Dr. Alejandro Melgar Pereira no es ningún delincuente, jamás ha realizado actos en contra de la ley; es el todo lo contrario. Es un hombre de bien, un destacado profesional del Derecho y un académico, además de un líder cívico e institucional en Bolivia.
Hemos probado y denunciado ante todo tipo de instancias institucionales, parlamentarias y judiciales no solo los vicios absolutos de su ilegal detención, así como también la inexistencia de un pedido de extradición válido que habilite su procesamiento; pues el juez boliviano que lo requiere ha sido declarado antes de su detención como incompetente mediante sendos y firmes fallos de las máximas instancias del sistema judicial boliviano. Acompañando a nuestras afirmaciones hemos tenido la presencia de parlamentarios bolivianos; se han presentado manifestaciones oficiales de la Cámara de Diputados del Paraguay, declaraciones de la Orden de Abogados del Brasil, declaraciones condenatorias sobre la violación de Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas y por si fuera poco el 21 de noviembre pasado el Parlamento Europeo mediante una resolución oficial descalificó el proceso judicial boliviano por ser violatorio a los Derechos Humanos.
Sin embargo, el pétreo Poder Judicial Uruguayo está obstinado en continuar con un procesamiento que violentó y violenta la Carta Interamericana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, la propia Constitución Política del Uruguay, así como el Código General del Proceso y el Procedimiento Penal y ni que hablar del Tratado de Extradición para Mercosur; ello sin apartarme de otros tratados referidos a los derechos humanos, la Convención de Viena y el Tratado de Estambul.
No es admisible y es a toda luz reprochable que la justicia uruguaya se convierta en cómplice de la persecución política instaurada por el régimen autocrático y pseudodemocrático de Evo Morales.
Otros coencausados han sido acogidos por el beneficio del asilo político en Brasil, Paraguay, España y Estados Unidos. Entonces, cabe preguntarse, ¿si estos otros recibieron asilo y protección de gobiernos extranjeros por qué Melgar recibe prisión y procesamiento por parte del Uruguay, país del cual es nacional?
La respuesta se cae de madura, el sistema judicial uruguayo no está preparado para recibir artimañas y mentiras por parte de otro Estado, prefiere reprimir a las víctimas de persecución política en lugar de cobijarlas. Ha hecho caso omiso a la ausencia de una orden de detención internacional de parte de Interpol e inclusive hace oídos sordos a un contundente informe de Naciones Unidas que descalifica el proceso boliviano y lo tilda de arbitrario y violatorio de los Derechos Humanos.
El pedido formal de extradición, emanado del gobierno boliviano, fue emitido por un juez judicialmente declarado incompetente hasta por la mismísima Suprema Corte de Justicia boliviana; demostrando un claro acto de persecución política, y además solicita que el requerido sea juzgado ante un tribunal especial de excepción o “ad hoc”.
Con este proceso de extradición y la prolongada detención preventiva o arresto administrativo sin justa causa por casi 20 meses, además de convertir al Uruguay en cómplice de un secuestro político, viabiliza su participación directa en actos y hechos de quebrantamiento de lo dispuesto por el Tratado de Extradición del Mercosur, la Carta Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros tratados de DDHH.
Está claramente visto, que es imposible tener acceso en Bolivia a ser juzgado por jueces imparciales, ya que estos solo responden a los intereses del gobierno boliviano.
Alejandro Melgar Pereira está arbitraria e ilegalmente detenido, tercamente procesado por extradición, a pesar que Interpol en su sede de Lyon, Francia, determinó definitivamente que no tramitaría su solicitud de detención porque se trata de una persecución política, y ésta, viola el artículo 3 del Estatuto de Interpol.
Con un poco de sentido común, un ápice de humanidad y en aplicación correcta de toda la normativa vigente es fácil darse cuenta de la violación reiterada del Orden Público nacional e internacional pues corresponde terminar con este calvario ilegal, ilegitima e injustamente iniciado.