Críticas. Mañana se cumplen 65 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Policía y las Fuerzas Armadas son las entidades más denunciadas.
Los Tiempos, Cochabamba
Represión policial a la marcha indígena en defensa del Tipnis, en Chaparina, en 2011. Ap Agencia.
Justicia, salud y educación son tres de los derechos humanos más vulnerados en el país, según el balance de instituciones que trabajan con el tema.
El secretario de relaciones internacionales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Alipio Valdez, dijo que hay nuevas leyes que apuntan a garantizar esos derechos; pero no existen políticas públicas que las hagan efectivas.
A ese panorama, dijo, se suma el hecho de que en muy raras ocasiones estas normas son respetadas por los ciudadanos y mucho menos por el sector público.
En su evaluación del estado de la justicia en el país, dijo que más allá de ser lenta e inaccesible para los sectores vulnerables, no alcanza a todos por igual y puso como ejemplo que se “hace caso omiso de las violaciones a los derechos humanos cometidas dentro las instituciones represivas del Estado, como son las Fuerzas Armadas y la Policía”.
“Donde se vulneran más los derechos humanos es en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya (MAS).
A esto se suma la retardación de justicia, añadió, al sostener que en el país persisten las “violaciones (de derechos) individuales y colectivos”, como es el caso de los indígenas.
Según el activista de la Apdhb, los pueblos indígenas han sufrido en estos últimos tiempos las mayores violaciones de sus derechos por parte del Estado.
Intervenciones como la de Chaparina, donde la Policía reprimió la Octava Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), develan en su criterio esta omisión y retardación de justicia y, según un informe de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, la justicia no es pronta ni oportuna.
En cuanto al derecho a la salud, el representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Raúl Castro, señaló que el sistema de salud nacional no garantiza una atención con calidez y calidad, sobre todo en el área rural.
Un 70 por ciento de los municipios cochabambinos no atiende el seguro de salud para el adulto mayor y “se dan casos donde el paciente es retenido por falta de pago, esto se da con bastante frecuencia”, señaló Castro.
En el campo y la ciudad hay centros de salud que no reúnen las condiciones necesarias para la atención y “no se está mejorando la calidad de la atención en salud”, dijo Valdez.
En el campo de la educación, si bien existen avances en la eliminación del analfabetismo con políticas públicas gubernamentales como el “Yo sí puedo”, no se logró incidir en la calidad de la educación, “vemos mucha debilidad”, apuntó Valdez.
Según Castro, la retención de documentos por falta de pago es otra muestra que se limita el pleno ejercicio del derecho a la educación.
Mañana se conmemoran 65 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por los Estados de las Naciones Unidas, entre ellos Bolivia.
Violencia contra la mujer
Un aspecto que preocupa tanto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos como a la Defensoría del Pueblo es el aumento del maltrato y violencia contra las mujeres. Según un estudio de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, hasta 2011 se identificaron 170 casos de feminicidios, de los cuales sólo tres terminaron con sentencia.
Para el presidente de la comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348, representa un avance para frenar y castigar a las personas que cometan cualquier tipo de agresión hacia las mujeres.
Por otro lado, existe también la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, vigente hace más de un año; pero según la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol) hasta la fecha no hay ningún caso resuelto, mientras que las denuncias se incrementaron considerablemente.
Moya reconoció que la solución no pasa únicamente por la emisión de normas y leyes en el campo de las mujeres, sino que “es un trabajo de forma conjunta tanto del Estado y la sociedad”.
Apuntes
-El representante del Defensor del Pueblo de Cochabamba, Raúl Castro, dijo que la retardación de justicia se constata en la población carcelaria, pues más del 80 por ciento de los reclusos en Cochabamba está con detención preventiva.
-El secretario de relaciones internacionales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Alipio Valdez, señaló que la situación de los DDHH en Bolivia es “muy preocupante”, pese a existir leyes que reconocen los derechos de las personas.
-El presidente de la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, Ever Moya, dijo que hay avances significativos y que los derechos de los pueblos indígenas son respetados pues “si no se respetarían no habrían representantes en las instituciones del Estado”.