Agustín Echalar Ascarrunz
Quienes siguen mi columna saben que me he ocupado en reiteradas ocasiones de la casa de 1821 (esa interesante construcción ubicada en la esquina de las calles Ayacucho y Potosí, frente al Palacio Chico y que colinda con predios del Palacio de Gobierno) y saben que lo he hecho tratando de evitar la politización (en el mal sentido) del tema.
Creo que cuando se trata de algo que no está relacionado íntimamente con los sistemas de producción, los de redistribución, aun los de propiedad y si se quiere los que atañen a las llamadas cosmovisiones, lo mejor es tratar de encontrar un entendimiento sensato y no contaminado por los cálculos políticos.
En el caso de la casa de 1821, todo el buen sentido llevaría a preservarla: en primer lugar porque es un edificio de buena factura, el que haya sobrevivido por lo menos 200 años es una prueba de eso, y digo por lo menos, porque si bien la fecha de 1821 está inscrita en el frontis interno del edificio, considerando su ubicación, en la manzana principal de la ciudad es casi seguro que esa casa tiene una historia más antigua.
En segundo lugar, vale la pena conservarla porque es parte de un conjunto arquitectónico que tiene una gran estética y que, pese a las grandes aberraciones como el Banco Central de la época de Banzer y al desagraciado edificio anexo del Parlamento, todavía tiene carácter y valor.
La Paz nunca fue una ciudad tan bella como La Plata o como Quito, no se la puede comparar con el gran Cusco o con la enorme Lima, pero su centro histórico contiene algunos tesoros que todavía están en la situación de poder ser recuperados y conservados.
En tercer lugar, tenemos leyes que protegen ese patrimonio tangible. En el caso específico de La Paz, la normativa municipal es clara y concreta.
El gobierno de Evo Morales ha decidido ir contra el sentido común y contra la ley, y estos días ha comenzado la demolición de la casa de marras: las ventanas de los dos pisos superiores han sido retiradas y me temo que en los próximos días un par de tractores irán haciendo su faena.
No se trata de rechazar la construcción de una ampliación para el Palacio de Gobierno, que posiblemente sea necesaria, creo que inclusive sería válido construir un nuevo complejo gubernamental, pero en algún otro lugar. Se trata de conservar lo que se tiene de nuestro pasado.
A estas alturas, no creo que se pueda hacer nada para salvar la casa de marras, en parte eso se debe a nosotros mismos, los paceños, que queremos poco a nuestra ciudad y difícilmente haríamos una acción para detener esa demolición. Por eso, creo que lo único que queda es tomar este evento, que está teniendo lugar ahora mismo, como un gran happening. En estos tiempos, cuando hay una conciencia del valor de la herencia cultural, es una rareza que se demuela una reliquia arquitectónica. Vale la pena ir a ver el espectáculo y vale la pena llevar a los niños, puede ser una experiencia profundamente pedagógica.
Es difícil imaginarse una ilustración, una puesta en escena más grosera, y a la vez más contundente, de la prepotencia de un gobernante. En el noveno año del gobierno de Evo, éste se consolida como déspota: los abusos del TIPNIS y la reelección ilegal son los temas más relevantes, pero esta demolición nos muestra que se trata de un patrón de comportamiento que va más allá de la abyecta, pero comprensible lucha por el poder.
Es un gesto que consolida el carácter abusivo de un régimen que tiene como pilares no la descolonización (basta ver el arbolito de Navidad que se ha mandado el Gobierno central frente al Palacio de Gobierno), sino un calcificado llunquerío que impide la menor autocrítica dentro de las altas esferas del poder.
No, no se trata de la demolición de una casa vieja, se trata de un modo de gobernar y de un modo de ser.
Página Siete – La Paz