José Luis Santistevan Justiniano* 
La Competencia de la declaratoria de desastre nacional o departamental corresponde al nivel central del Estado por mandato del artículo 297 parágrafo II de la CPE, al ser una competencia residual, la Ley Marco de Autonomías en su Art. 100 (Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Naturales) definió que dicha competencia sea exclusiva del Gobierno central.Todo ello es ratificado por la Ley 2140, modificada en parte por la Ley 2335, que crea las instancias y órganos de ejecución para la atención de los desastres naturales y la canalización de recursos. Está muy claro que el “modelo autonómico” constitucionalmente establece que dicha competencia es exclusiva del Gobierno central. No lo puede hacer otro nivel de gobierno por más necesidad que exista o autónomo que sea. ¿Qué alcance tiene una declaratoria de desastre nacional mediante Decreto Supremo? Posibilita las siguientes medidas:1º. Ejecutar acciones de respuesta y recuperación integral de manera coordinada con las entidades territoriales autónomas. 2º. Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel nacional. 3º. Gestionar los recursos para la atención de desastres y/o emergencias y la recuperación del desastre. La gran diferencia, entre la voluntad política del Gobierno central con Santa Cruz y con el Beni, es la siguiente: Para la organización de la Cumbre del G77 más China, el Señor Presidente Evo Morales se reunió y coordinó todo con el Gobernador, el Alcalde, otras autoridades y el empresariado cruceño. Ahí salieron los recursos de todos los niveles, para su uso sin limitación, exclamó el Presidente. Aquí no hubo diferencias políticas, tampoco hubieron muertos de por medio. Esta conducta gandula me trae a la memoria, a raíz de la llegada del Huracán Sandy (2012), cuando el demócrata Presidente de EE.UU Obama se reunió y coordinó todo con uno de sus más ácidos críticos de su gestión, el Gobernador republicano de Nueva Jersey y superaron todas las dificultades existentes. Qué gran diferencia entre la grandeza de nuestros gobernantes y los del imperio. En el Beni y en el TIPNIS, el Gobierno central ni siquiera se ha sentado a coordinar con las autoridades y los indígenas. Por ello, no se puede entender hasta ahora, que la Constitución y la Ley le otorguen la competencia exclusiva al nivel central para dicha declaratoria, y el resentimiento político supere el sufrimiento de los hermanos mestizos e indígenas en el Beni. Dios salve a Bolivia.*Abogado constitucionalista