Susana Seleme Antelo
1) ¿Qué se puede esperar de la crisis en la justicia boliviana, que ha provocado hasta la renuncia del presidente del Tribunal Constitucional?
Ante todo, esa crisis específica de la justicia hay que ponerla en el contexto político nacional: no es gratuita ni nace por generación espontánea. La actual crisis de la justicia en Bolivia surge del pensamiento y de la práctica política autoritaria y autocrática del gobierno, que rompió el diálogo político con la sociedad ajena a su pensamiento unidimensional y acrítico, por lo tanto mediocre. El resultado es que ya no prima el mérito profesional para ejercer un cargo público, sino el clientelismo político y la prebenda. Ello, a su vez, ha conducido a la institucionalización de la corrupción en todos los aparatos del Estado, en la administración de justicia y en los órganos del poder judicial al punto de la aberración jurídica: la judicialización de la política. En Bolivia, hoy ya no existe Estado de Derecho, ni independencia de Poderes, ni pesos ni contrapesos, ni transparencia de la cosa pública, ni sobre sus acciones y sus gastos. Ante esa gravedad, muchos políticos de la oposición y organismos internacionales han mantenido un silencio casi suicida frente a la permanente y desembozada politización de la justica.
2) Una visión tan crítica como la que acaba de hacer, ¿compromete el futuro de Bolivia como país democrático?
Puedo parecer poco optimista, pero creo que no solo compromete el futuro democrático, sino que el presente está ya comprometido, tanto que pone peligro la convivencia democrática entre posiciones políticas diferentes, y la cultura democrática en general. En Bolivia, las instituciones de la justicia son apéndices subordinados del poder político personificado en Evo Morales, que impulsa el “pensamiento único”: aquí existe una dictadura disfrazada de democracia, que no admite calificativos tan tenues como “fingida” o “en transición”. Hoy por hoy, una expresión de cultura democrática es el respeto a la institucionalidad que aquí fue barrida de un solo plumazo, empezando con el arbitrario “le meto nomás, que después lo arreglen los abogados, para eso han estudiado” dicho por el presidente Morales en 2008. Por eso en la justicia boliviana no hay independencia del poder político; tampoco hay acceso a la justicia para toda la ciudadanía, sin preferencias ni exclusiones; la retardación de justicia es moneda de curso legal, y la corrupción grande, mediana y chica, va de la mano de extorsionadores del Ejecutivo, del Judicial y de todos los aparatos del Estado.
3) Sin embargo, hace dos años hubo en Bolivia elecciones para conformar los órganos el poder Judicial. ¿No fue ese un signo de democratización?
Vayamos al árbol para no quedarnos en las ramas. Esas elecciones no fueron tales, pues la población fue a “votar” por hombres y mujeres que previamente habían sido seleccionados, es decir elegidos, por el poder político. Y la mejor prueba del fracaso de ese experimento autoritario es la crisis actual, reconocida por los mismos operadores de justicia, al punto que precipitan la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La presidenta del Consejo de la Magistratura tiene problemas con los miembros de ese Órgano, como las autoridades del Órgano Ambiental, mientras las denuncias de corrupción abundan y se escuchan a granel. También las críticas entre ellos, a las que se suman las de Morales y el ‘Vice’, lo que demuestra pugnas y guerras internas sin Dios ni ley: todos contra todos.
4) En este laberinto, el fiscal Sosa ha sido citado para responder en el juicio por extorsión. ¿Puede haber algún indicio de confianza en el manejo de este caso?
Como era de esperar, Marcelo Sosa no se presentó a declarar el pasado viernes 7 del mes en curso, porque es uno de esos abogados producto del “meto nomás” de Morales. Sosa está protegido y arropado por el régimen, aunque no pudieron evitar que se hicieran públicos los audios donde el propio Sosa menciona a sus colegas extorsionadores, siendo el mismo parte de ese esquema ilegal y corrupto de extorsión.
Dados los pésimos antecedentes de la administración de justicia, hay pocos o nulos indicios de transparencia y credibilidad en el juicio que se le sigue al exfiscal Sosa, a pesar de que las grabaciones autenticadas, confirman que es su voz la que ahí se escucha. Ello lo que dio lugar a que la senadora de la oposición, Carmen Eva González, quien hizo públicas esas grabaciones, le abra proceso por extorsión y encubrimiento. Sustanciado el juicio en Santa Cruz, Sosa y su abogado pretenden que se traslade a La Paz, donde manejan con total impunidad a abogados, fiscales, jueces, ministro de Estado y así sucesivamente. Los abogados mencionados por Sosa en esas grabaciones están presos en Palmasola, vinculados a otro caso de extorsión, el de Jacob Ostreicher, judío norteamericano.
Ya se va sabiendo que corrió mucho dinero gracias a esas extorsiones, y si Sosa hablara y dijera la verdad, no solo se caería el llamado “caso Rózsa”, sino también él y muchos del más alto nivel político. Pero, a raíz de esas grabaciones, el fiscal Sosa fue separado del caso, del cual era poderoso y abusivo fiscal.
5) Ese es un juicio aparte, es el llamado caso Rózsa. ¿Cómo va ese caso, que ya lleva más de 4 años?
El fiscal Sosa, servidor servil de sus mandantes políticos, no ha podido presentar tras casi cinco largos años investigación, ni armas, ni pruebas de separatismo-terrorismo, ni financiadores de terrorismo, como alardeaba.
Ya hay sobradas pruebas de que el llamado caso “terrorismo-separatismo”, fue un complot para neutralizar y perseguir a los líderes opositores autonomistas de Santa Cruz, y en menor medida de Beni y Pando. Se llama “caso Rózsa” por apellido del presunto cabecilla de la red terrorista. “A Eduardo Rózsa lo trajo a Bolivia un venezolano de apellido Osorio que le pagó los pasajes desde Europa con la finalidad de hacer pisar el palito a algunos ingenuos”, señaló el jurista Otto Ritter, defensor de uno de los 39 imputados. “Quien organizó todo fue el actual vicepresidente Álvaro García por medio de su hermano Raúl… Rózsa empezó a extorsionar a algunos cruceños, a quienes aseguraba que organizaría un ejército para defender Santa Cruz. Y cuando el Gobierno vio que el caso se le estaba yendo de las manos mandó matar al cabecilla de la supuesta red subversiva, en el Hotel Las Américas el16 de abril de 2009”, concluyó Ritter (Santa Cruz, marzo de 2013).
6) ¿Hay dudas aún sobre lo sucedido esa madrugada?…
Maité Rico, periodista española, relata aquellos hechos de sangre de manera contundente: “Madrugada del 16 de abril de 2009. Un comando de élite de la policía boliviana irrumpe en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, la capital del Oriente del país. Veinte minutos más tarde, los cadáveres semidesnudos de tres hombres yacen tiroteados en sus habitaciones. Son Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpad Magyarosi, húngaro, y Michael Dwyer, irlandés. El comando se lleva consigo a otros dos supervivientes: Mario Tadic, boliviano de origen croata, y Elod Toásó, húngaro. Así arranca uno de los episodios más tenebrosos de la reciente historia de Bolivia. El Gobierno sostiene que los cinco extranjeros eran terroristas contratados por los dirigentes opositores de Santa Cruz para impulsar una rebelión armada y asesinar al presidente, Evo Morales” (El País, Madrid, diciembre 2010). En el mismo artículo, Rico señala que “se trató de una operación de precisión” y que Rózsa y dos de sus compañeros “fueron asesinados a sangre fría”. Sin embrago, agrega que “quien realmente contrató a Rózsa fue el coronel Jorge Santiesteban, entonces jefe de Inteligencia de la policía, y su segundo, el capitán Walter Andrade. El objetivo era tender una trampa y liquidar a la oposición”.
Ni siquiera el gobierno se atreve a desmentir dichas acusaciones.
El Día – Santa Cruz