EL PAÍS visita en la cárcel a la joven mexicana que denunció violación y fue inculpada del homicidio de su presunto agresor
Los padres de Yakiri frente al penal de Tepepan (DF), donde está su hija. / SAÚL RUIZ
La última vez que Yakiri probó la comida de su madre fue el 9 de diciembre de 2013. Esa misma noche, herida, acudió a pedir ayuda a una patrulla de la policía capitalina en la colonia Doctores, un barrio bravo de la Ciudad de México a pocas calles del centro de la capital del país. La joven, de 20 años y poco más de 50 kilos, declaró que dos hombres la habían secuestrado, violado y golpeado. “Fui a denunciar porque pensaba: van a venir a por mí y me van a hacer algo peor; estaba desesperada, nerviosa”, cuenta en el área de visitas del reclusorio femenil de Tepepan, al sur del Distrito Federal. Nadie creyó su historia en comisaría: que dos sujetos en moto la habían abordado por la calle cuando ella iba caminando a encontrarse con su pareja, Gabriela, con la que va hacer ya dos años de relación: “Oye, oye, cómo te llamas, te llevo a donde quieras”; “Ya súbete o te subimos”, recoge su declaración oficial. A golpe de navaja la llevaron hasta un hotel, la desnudaron y uno de ellos -Miguel, de 37 años, 1,80 de estatura y 90 kilos- la violó. El otro –su hermano Omar, de 33- salió de la habitación. Tras la agresión sexual él la golpeó, hubo un forcejeo y ella se defendió rasgándole el cuello con la misma navaja que él estaba utilizando. El hombre se vistió unas bermudas y huyó desangrándose. Según Omar, que apareció en la comisaría poco después de que Yakiri llegara a denunciar, falleció en la puerta de su casa. El juez dictó contra ella auto de formal prisión por homicidio calificado, alegando que eran amantes y el asesinato fue algún tipo de venganza movida por los celos.
Yakiri, con el cabello oscuro recogido, discreto rímel en los ojos y vestida con un suéter negro de cuello cisne y pantalones de mezclilla, abraza con cariño a Marina y a José Luis, sus padres, en cuanto entran por la puerta. La estancia, amplia y con ventanas que dan gran luminosidad, funciona como comedor para los de fuera, ya que dispone de mesas y de una tienda para comprar alimentos. Yakiri se ve chica, como en las fotos que portan quienes abanderan el comité ciudadano creado para su liberación, pero cuando habla uno entiende que tiene ante sí a una joven madura, lastimada, consciente de su situación, pero que se niega a perder la esperanza. “Por algo pasan las cosas” dice ella cuando se le pregunta si cambiaría algo de lo que sucedió aquel día. “Ahora hay una movilización que ojalá ayude a acabar con el machismo, la injusticia”. Su caso ha cobrado fuerza desde el pasado diciembre gracias al apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión de Derechos Humanos del DF, el Instituto de las Mujeres, el Senado e incluso una comisión de la ONU.
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En su situación, tal y como se ha expuesto en la apelación al auto del juez, no se aplicaron los protocolos internacionales para víctimas de violación: “No le han dado retrovirales, ni se le hizo un examen ginecológico completo hasta diez días después”, explica Marina. Los agravios, según denuncia la defensa, van más allá: en ningún momento se le comunicó a Yakiri que se encontraba en calidad de detenida: “Tardé en darme cuenta de que no me estaban ayudando, de que todo lo que les contaba lo estaban usando en mi contra”, dice ahora la joven, quien sin embargo, prefiere pensar en positivo. “Yo también aprendí”, añade, “lo que vale la familia, un peso, la comida y por supuesto, la libertad”.
La muchacha, tranquila, prosigue: “Siempre pensé que el día que me llegase la hora de morir iba a estar bien porque creía que hay que disfrutar lo que uno vive, y ser feliz con eso, yo lo era, pero cuando estuve con ellos fue distinto. Pensé que no iba a existir para contarlo, que se acababa todo. En ese momento solo quise vivir”.
Yakiri asegura que trata de reponerse: “Fue muy feo lo que me pasó, pero si mi familia y tanta gente están luchando, lo menos que puedo hacer es colaborar. Igual que yo sufro si veo a mi madre llorar, pienso que al revés ha de ser igual. Tengo que estar bien. Al principio no quería comer, me descuidé físicamente. Pero no podía seguir así”. Varias compañeras del penal interrumpen a Yakiri para saludarla a ella o a sus padres. La muchacha sonríe a todo el mundo, a veces incluso bromea y da ánimos al resto. La joven, natural de Tepito, un barrio conflictivo de la capital, trabajaba en una tienda vendiendo bolsos. Su familia está ligada al movimiento cultural de la zona y el pasado noviembre, hicieron un acto contra la violencia machista. “Aquí [dentro del reclusorio] hay cursos, estoy estudiando la prepa [el bachillerato], hago baloncesto y acondicionamiento físico. Trato de mantener mis días ocupados”, señala.
“Me gustaría que no hubiese este trato hacia la mujer, un cambio en la justicia y también en la sociedad. Parece que por ser mujer no te puedes defender”. Pese a todo, mantiene un punto de confianza en el sistema judicial porque “están los buenos y los malos”.
Las heridas de Yakiri
Desde el primer día, su padre, José Luis, y la abogada, Ana Katiria Suárez, denuncian “que no se respetó el debido proceso”. Según él, “la policía manipuló la escena del crimen, los dos hermanos se encargaban de los desalojos de los agentes ministeriales, eran sus colaboradores y varias fotos de mi hija con heridas desaparecieron”. Las supuestas imágenes de Yakiri, extraviadas en la Procuraduría, fueron difundidas a través de redes sociales por el propio movimiento para la liberación de la joven. En algunas de ellas, se identifica su rostro, descompuesto, y el logo de la PGJ en la pared.
Las fotos muestran manchas de sangre en la espalda, en la cara y en los brazos, uno de ellos con una herida muy profunda que la propia Yakiri ha reconocido que se le infectó después. “Me cosieron rápido, yo estaba nerviosa y me lo hicieron mal”. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entregó esta semana ante la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF un amicus curiae. En el documento se ofrecen “argumentos en materia de derechos humanos y perspectiva de género asociados a casos de violencia contra las mujeres, con la finalidad de allegar a este Honorable Tribunal elementos jurídicos de utilidad para su inminente fallo en relación con el caso”. Entre otras acciones, el informe pide a la Procuraduría “que informe si sabe el origen de las fotos”.
Fuente: elpais.com