Emilio J. Cárdenas*
En la segunda mitad de este año culmina la excelente gestión de la valiente abogada colombiana Catalina Botero Marino como "Relatora Especial para la Libertad de Expresión" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en el ámbito de la OEA.
Ella supo enfrentar -desde la verdad y el respeto recíproco- a los regímenes autoritarios de Venezuela y Ecuador cuando ambos decidieran desembozadamente restringir severamente la libertad de expresión e información en sus respectivos países. La actitud y el coraje de Catalina Botero Marino dejaron al descubierto lo que estaba pasando y la clara deriva autoritaria de la que esas restricciones formaban parte. Por ello será recordada como defensora incorruptible de la libertad.
Precisamente por esa misma razón, la izquierda regional ha puesto ahora -sincronizadamente- en marcha una estrategia para evitar que eso se repita. Ella es simple. Consiste en presentar toda suerte de candidatos para reemplazar a Catalina Botero Marino con personas con una visión absolutamente distinta de la suya acerca de la libertad de expresión. Más complaciente con la que, por ejemplo, tienen Nicolás Maduro y Rafael Correa, quienes son obviamente partidarios de limitar -de muy distintas maneras- esas libertades, según surge evidente de las duras realidades que, precisamente en este capítulo de la libertad, viven sus respectivos países.
De esa manera procuran asegurarse que -en el futuro inmediato, al menos- no habrá episodios notables de defensa de esas libertades esenciales como aquellos que en su momento protagonizara Catalina Botero Marino, al salir en su defensa como correspondía a su delicada misión.
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Uno de los casos preocupantes es, por ejemplo, el de uno de los candidatos argentinos para suceder a Catalina Botero Marino. Cuyos antecedentes sugieren un sesgo político bien notorio en este tema, sesgo que evidencia un compromiso diferente al de Catalina Botero Marino con las libertades de expresión e información.
Se trata de un hombre con interesantes antecedentes profesionales en el capítulo de la defensa de las libertades esenciales. Hablamos de Damián Loreti. Con todo respeto, tenido como uno de los ideólogos de la controvertida “Ley de Medios” que fuera impulsada por el kirchnerismo en la República Argentina. Y, según algunos, uno de los artífices, entonces, de su política general en materia de medios.
Actuó, por ejemplo, como uno de los “Amicus curiae” ofrecidos por el kirchnerismo en la audiencia pública sobre la “Ley de Medios” que en su momento fuera convocada por la Corte Suprema de la República Argentina, el 28 de agosto de 2012. Participó, asimismo, en la redacción de la demanda entablada para tratar de derogar la oportuna “Ley de Defensa de la Libertad de Expresión de la Ciudad de Buenos Aires” del 2013, acción que, recordemos, no resultó exitosa.
Esto sugiere al menos simpatía, sino respaldo, a la política comunicacional de un gobierno sumamente controvertido: el del kirchnerista, que ha atacado -sin descanso- a la libertad de prensa. Gobierno que, es público y notorio, tuvo y tiene conductas preocupantes. Porque discriminó abiertamente en la distribución de la publicidad oficial, sin (aún hoy) acatar los fallos de la Corte Suprema argentina sobre esa cuestión. Que, además, armó un “cepo publicitario privado”, destinado a dejar a los medios independientes sin avisadores, ni publicidad, obviamente en procura de asfixiarlos. Que asimismo persiguió implacablemente a conocidos periodistas independientes que no se sometían a su visión o compraban su relato. Que utilizó los medios públicos sin descanso para perseguir y demonizar a quienes no coinciden con él. Que estructuró un gigantesco “multi-medio público-privado” para influenciar desde allí a la opinión pública, acción que, por su dimensión, no tiene precedentes cercanos en la República Argentina. Que combatió la concentración, pero torcida y asimétricamente, persiguiendo solamente a los medios que tenía por detractores u opositores, sin tratar a los demás con la misma vara. Diferenciando entre hijos y entenados, entonces.
Sería preferible que los candidatos a reemplazar a Catalina Botero Marino sean independientes e imparciales, políticamente. No militantes. Su único compromiso -indispensable e ineludible- debería ser con la libertad de expresión e información. Sin que ataduras partidarias o ideológicas limiten esa condición absolutamente esencial que la grave responsabilidad del cargo de “Relator Especial para la Libertad de Expresión” requiere. Porque se trata de defender la libertad de prensa e información, no de condicionarla.
*Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
El Diario Exterior – Madrid