El Ministro de Gobierno, Carlos Romero y el Fiscal General del Estado Plurinacional, Ramiro Guerrero deben dar la cara por las revelaciones que hizo el ex fiscal Marcelo Soza sobre la manipulación de pruebas del caso terrorismo I, injerencia del Gobierno en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía para acusar y encarcelar a inocentes y negociar la libertad de otros, pero además por los “excesos cometidos” por funcionarios judiciales y del Ministerio Público acatando decisiones gubernamentales, sostuvo el jefe de Bancada de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco.
“Le pedimos al Ministro Romero y al Fiscal General Guerrero que dejen de jugar al oculta-oculta, que respondan estas graves aseveraciones que hace el fiscal Soza sobre la injerencia gubernamental política en el órgano judicial y Fiscalía. Les advertimos que no nos vengan con el habitual cuento de que Soza sería un agente del imperialismo e infiltrado para dañar al gobierno”, declaró en conferencia de prensa.
“Ahora o en un futuro todas las actuales autoridades de gobierno, sin importar su rango jerárquico, que estén involucradas en la organización de esta trama macabra porque existen tres muertos sobre su conciencia, que han protegido a clanes de extorsionadores y fomentado organizaciones criminales estatales serán procesadas y encarceladas para dejar en claro ante el mundo que Bolivia no dejará impune a quien vulnere los derechos constitucionales de los ciudadanos”, advirtió Orozco.
El diputado de oposición pidió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio y al Presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas que coordinen la conformación de una comisión interpartidaria que investigue a profundidad estos hechos que mellan la dignidad de Bolivia porque ya trascendieron las fronteras internacionales con la huida del ex fiscal del caso Terrorismo y sus denuncias sobre graves hechos de corrupción e injerencia gubernamental en otros poderes del Estado.
“Ahora está confirmado que la persecución política viene desde el gobierno, si Soza se fue a Brasil es porque su presencia en Bolivia es peligrosa para las autoridades de gobierno que armaron la tramoya denominada caso terrorismo y sobre cuya cabeza pesa ahora la ejecución de tres ciudadanos europeos durante el operativo de asalto al hotel las Américas”, indicó Orozco.
El jefe de bancada de diputados de CN recordó que existen dos antecedentes ante los cuales el gobierno optó por callar y soslayar porque lo vincula con el narcotráfico y la extorsión, uno es el caso del general de la Policía boliviana René Sanabria Oropeza, ex comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que fue detenido en Panamá por narcotráfico y el caso de Fabricio Ormachea, mayor de la Policía Boliviana dado de baja y enjuiciado en Miami (Estados Unidos) por extorsionar a un empresario boliviano.
“La senadora Carmen Eva Gonzáles (CN) alertó con antelación de meses que existía la posibilidad de fuga de Soza, pidió al Ministerio de Gobierno y Fiscalía que la eviten, que lo arresten y no hicieron nada, hay un silencio cómplice y omisión de deberes, por eso ahora deben dar la cara e identificarse a las autoridades gubernamentales que están detrás de todo este andamiaje de manipulación, extorsión y corrupción”, añadió.