Parlamentarios de Convergencia Nacional (CN) esperan que la intervención y el precintado que realizó la Fiscalía a dos oficinas de la Comibol por presuntos contratos lesivos al Estado, suscritos entre cooperativistas mineros con algunas empresas privadas, no sea otro “show” político que arma el gobierno del Presidente Evo Morales para deslindar su responsabilidad en este nuevo escándalo.
El jefe de la Bancada de Convergencia Nacional en Diputados, Alex Orozco Rosas, afirmó que la intervención debió comenzar por la cabeza, en este caso, dijo, por el propio Ministerio de Minería porque los contratos suscritos entre cooperativistas mineros y empresas transnacionales vienen desde la primera gestión del Presidente Morales y Comibol es un entidad de este ministerio.
“Que digan a estas alturas que no conocían de los contratos que se suscribían a través de Comibol es que a los bolivianos nos están tomando por estúpidos”, dijo.
Por su parte, el diputado Luis Felipe Dorado (CN) dijo que el gobierno tiene la obligación de establecer cómo el Estado no conocía los contratos que aprobaba el mismo Estado.
“Evo Morales gobierna hace nueve años y no vayan a decir que no sabía de los contratos que autorizaron a los cooperativistas con las transnacionales; esto es totalmente responsabilidad del Estado; entonces ¿quiénes son los vende patrias o los que hacen traición a la patria”?, señaló.
Finalmente, la diputada Alejandra Prado (CN) dijo que solicitará a las instancias pertinentes todos los contratos firmados que se han encontrado y los que más adelante se puedan encontrar para realizar una fiscalización y se determine qué es lo que ha sucedido desde el año 2006 a la fecha.
“Aquí existen responsabilidades y obviamente hay que ver cómo se presentan. Debemos recordar que hay un ex presidente (Tuto Quiroga) que está siendo enjuiciando por los petrocontratos, entonces resulta que alguna manera ahora los mineros-contratos también afecta a la administración de Evo Morales”, aseveró.