José Casado
Hace mucho tiempo que los turistas pueden entrar en un hotel de La Paz y pedir una suite “con vistas al próximo golpe de Estado”. En 189 años de independencia fueron más de 150 intervenciones entre civiles y militares en la contabilidad de organizaciones como el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales. Un poco más de dos docenas exitosas, como ha notificado el ex presidente e historiador Carlos Mesa, autor del libro “Entre urnas y fusiles”.
A principios de esta semana, el Poder Electoral marcó la fecha de las nuevas elecciones en Bolivia: 12 de octubre, una semana después de Brasil. Cada llamada a las urnas es una noticia relevante para un país que ha vivido con un nuevo presidente cada año y medio. Esta vez, hay algo más: los suboficiales se han rebelado durante semanas y ocupan las calles de La Paz, en protesta contra el gobierno de Evo Morales, candidato a la reelección en octubre.
La inusual es que no están proponiendo derrocar el gobierno del líder cocalero, cuyo ascenso al poder hace una década fue aclamado como el fin simbólico a la discriminación y el racismo en un país compuesto por 180 tribus. Los suboficiales protestan contra lo que perciben como el apoyo del gobierno de Morales -por omisión- al racismo dominante y las políticas discriminatorias en las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Quieren tener las mismas posibilidades de los “blancos”, con derecho a ascender en la carrera a las posiciones de los oficiales, jefes y generales. Aspirantes jóvenes de origen indio puede obtener la inscripción en las escuelas militares de élite, pero en las reglas no escritas del cuartel de Bolivia pueden ascender a un máximo de “suboficial maestre” después de 35 años de servicio.
Esta rebelión fue provocada no tanto por las diferencias salariales, sino sobre todo por los privilegios de los funcionarios para acceder a los fondos de las actividades informales que hoy fundamentan buena parte del producto interno de Bolivia. Comenzó con un presupuesto paralelo, presentado por el fallecido líder venezolano Hugo Chávez al gobierno de Morales bajo el pretexto de ayudarlo a protegerse del “golpe de Estado y la oposición conservadora”.
Con Chávez, PDVSA pagó una parte significativa de los gastos militares bolivianos, principalmente salarios de los funcionarios. No se conoce el volumen de dinero, pero lo cierto es que durante algún tiempo las contribuciones chavistas prevalecieron sobre la fuente informal de recursos tradicionales: los “coca-dólares”.
En un informe de 1982, recientemente reeditado por la ONG de derechos humanos Nizkor Latin America Bureau, se informa que “Las poderosas organizaciones de narcotraficantes que operan en Bolivia no podrían ser nada sin la complicidad directa de las Fuerzas Armadas, o al menos de la alta jerarquía militar de ese país”.
Con el aumento de la producción de coca y cocaína durante la década que Morales lleva en el poder, al parecer se consolidó la alianza político-militar cuyo producto principal fue la dictadura de los generales García Meza-Arce Gómez, entre 1980 y 1981. Fue el primer golpe de Estado que condujo a una narco-dictadura en América del Sur.
Hoy, nueve de cada diez toneladas de cocaína producidas en Bolivia se destinan a Brasil, según datos del gobierno brasileño. Parte queda en el país para su distribución en ciudades como Río de Janeiro y São Paulo. Otra parte es contrabandeada a Europa a través de África.
Esta rebelión de los suboficiales, en una etapa de florecimiento de la narco-política boliviana, debe seguirse más de cerca dentro de Brasil. Motivo: el país cuenta con 3.400 kilómetros de frontera seca, y totalmente abierta, con Bolivia.
O Globo – Brasil
Traducción: eju.tv
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