Días atrás, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, denunció por las redes sociales que una comisión parlamentaria manejada por el oficialismo irrumpió en la clínica donde se encuentra internado -aquejado por un cuadro de tuberculosis crónica-, pretendiendo obligarlo a dar declaraciones judiciales.
El caso en cuestión es el proceso a jueces del TCP impulsado por el partido de gobierno, luego de que ese organismo suspendiera la aplicación de la Ley del Notariado, norma que prácticamente pone en manos gubernamentales el ejercicio de dicha profesión.
Pero el encarnizamiento contra Cusi parece traslucir algún otro tipo de animadversión oficialista, a raíz de las protestas del juez contra la irregular habilitación al tercer periodo presidencial para Evo Morales.
Todo indica que la oposición del magistrado a la reelección trucha, a todas luces inconstitucional, es el verdadero motivo para la persecución en su contra. Más aún cuando Cusi ha hablado de presiones del Órgano Ejecutivo sobre el TCP para obtener el fallo habilitante.
Existe un amplio consenso entre los juristas nacionales sobre la aberración jurídica cometida al permitir la re-reelección presidencial, que en caso de perpetrarse daría lugar a un gobierno de facto…