Últimamente han proliferado las denuncias sobre un presunto tráfico de influencias, mediante el cual altas autoridades del régimen masista se han hecho con importantes concesiones mineras.
Los casos más recientes son los de los viceministros Felipe Cáceres (Defensa Social) y Tiburcio Aguilar (Empleo, Servicio Civil y Cooperativas), a quienes se vincula con cooperativas auríferas, el primero como socio de Cruz del Sur y el segundo por facilitarle la personería en tiempo récord a Palma Flor.
El asunto se complica aún más porque muchas de estas cooperativas funcionan a la manera de bandas armadas, disputándoles ricas vetas a otros actores del rubro.
Pero sin duda estos casos quedan empequeñecidos frente al affaire más emblemático de la rosca minera del MAS: el de la mina La Millonaria, adquirida de manera aparentemente irregular por parientes cercanos del vicepresidente Álvaro García Linera.
Como se ve, el régimen de concesiones estatales sobre la minería sirve en la práctica para el enriquecimiento de una élite política, que utiliza su control sobre la cosa pública en beneficio propio…