El presidente Evo Morales y su gobierno mienten a la población boliviana cuando ofrecen políticas de industrialización y exportación de la hoja de coca y sus derivados a otros mercados cuando las convenciones y normas internacionales prohíben de forma terminante la exportación de la misma, denunció la diputada de Convergencia Nacional (CN), Alejandra Prado.La legisladora preguntó al representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC), Antonino De Leo, si existe alguna convención o legislación internacional que posibilite la exportación de hoja de coca, la respuesta del representante internacional es que no existe norma alguna en ese sentido.En su respuesta escrita, De Leo también cita el artículo 31 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 que señala que no está permitida la importación/exportación deliberada de estupefacientes “a ningún país o territorio”.Prado recordó que mientras el presidente Morales anunció una «batalla» en la ONU para lograr la exportación de hojas de coca y derivados como las infusiones pero sin alcaloides y también busca exportar a países del ALBA, esas gestiones y políticas gubernamentales son una falacia porque ningún país puede recibir esos productos porque acatan y respetan el marco legal internacional que tiene claramente prohibida esa transacción.La ONUDC presentó un informe que señala que existen 23 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca en Bolivia, mientras el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres señaló que el 47 por ciento de esos cultivos se destinan al narcotráfico.“Ese 47 por ciento serían 10.810 hectáreas que si los restamos del total cultivado (23 mil hectáreas) son 12.190 destinadas al acullicu, recordemos que el informe entregado por el gobierno a la Unión Europea (UE) señala que Bolivia sólo necesita 14.705 hectáreas de coca legal para el “acullico”, entonces contrastando la información de la ONUDC y el informe entregado a la UE podemos señalar que existe una reducción de 2.515 hectáreas de cultivos destinados al acullico (18% de reducción), por tanto las 12 mil hectáreas aprobadas por la ley 1008 son más que suficientes para el consumo interno, el resto está destinado al narcotráfico”, explicó Prado.La diputada también consultó a la representación de la ONUDC si la reserva sobre la práctica del acullicu tiene carácter legal nacional o es universal, De Leo respondió que éste hábito sólo es legal en territorio boliviano.Finalmente, Prado invocó el respeto al carácter milenario y ancestral del acullicu, es decir que ese hábito o costumbre se base en que la hoja sea orgánica porque quedó científicamente demostrado que la coca del Chapare cochabambino está contaminada con productos químicos nocivos para la salud humana, como ser el Gramoxone que produce insuficiencia renal, hepática y cardíaca, problemas en la piel, lesiones oculares graves, etc. Ese químico fue prohibido el 2007 en Europa por la Organización Mundial de la Salud (OMS).“El Chapare es una de la bioregiones más contaminadas y contaminantes por el abuso en de agroquímicos destinados a proteger y estimular los cultivos de coca”, concluyó Prado.