Delegado de Bolivia para difundir la demanda marítima.
EL DEBER
El expresidente de Bolivia plantea desde hace años que la demanda debe hacerse en un escenario multilateral. Foto: Fuad Landivar
Es historiador. Fue presidente de Bolivia. A lo largo de su trayectoria profesional mostró una posición firme respecto a que Bolivia debería llevar la reivindicación marítima a escenarios multilaterales. Durante su mandato llevó el tema a la reunión de presidentes de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Monterrey (México), donde tuvo un cruce de palabras con el entonces presidente chileno, Ricardo Lagos. También ha sido uno de los exmandatarios consultados por el presidente Evo Morales para diseñar la estrategia de la demanda boliviana ante el Tribunal de Justicia Internacional. Ahora, el expresidente Carlos Mesa es el representante de la demanda marítima boliviana. Además, es coautor del Libro del mar, un documento que cuenta la historia -desde la perspectiva de Bolivia- y que explica los fundamentos de la demanda nacional por una salida soberana al océano Pacífico.
¿Cómo interpreta la decisión de Chile de impugnar el Tribunal de la Haya?
En dos sentidos. Primero, como una actitud que prueba la absoluta falta de voluntad política de Chile de encarar una solución definitiva al problema pendiente entre ambos países. Segundo, como un intento no solo de descalificar la competencia de la Corte, sino -sobre todo- de confundir a la opinión internacional en torno a la verdadera esencia jurídica de nuestra demanda.
¿Qué puede ganar Chile con este recurso?
Muy poco o nada. Esta excepción preliminar de incompetencia puede significarle a Chile una doble derrota, la procedimental y la de fondo.
El Tribunal de la Haya puede tomar un año y medio en resolver este recurso, lo que le da más tiempo a Chile. ¿Cuál cree que es el objetivo?
Ciertamente, el recurso alarga los tiempos. En lo que a Bolivia toca, nuestra paciencia de más de un siglo no se altera por esperar unos meses más de lo previsto.
¿Es factible que el Tribunal de Justicia Internacional acepte el recurso? ¿Qué antecedentes hay al respecto?
La CIJ puede aceptar la incompetencia de admisibilidad (no creo que la de su jurisdicción), es una de sus potestades, pero la realidad demuestra que en la inmensa mayoría de los casos la ha rechazado.
¿Qué significará esto para la demanda Boliviana?
Confirma que el Gobierno de Chile está muy preocupado por la acción boliviana, pero en lo esencial la solidez de nuestros argumentos jurídicos es tal que sostiene firmemente la vigencia de la demanda.
¿Lo que pretende Chile es ganar tiempo para hacer lobby internacional con su propia versión de los hechos?
Sin duda, Chile apuesta más al lobby político que a la fuerza jurídica de sus argumentos.
Esto que ha ocurrido, políticamente hablando, ¿favorece a Bachelet? ¿perjudica a Morales? ¿o viceversa?
Lo ocurrido tensa innecesariamente la relación bilateral, la agresividad de la política exterior del Gobierno de la Presidenta Bachelet no contribuye a una relación sobria ni racional entre dos países que debieran encarar esta circunstancia como lo que es, un camino para resolver lo que por la vía de un diálogo de buena fe no se pudo lograr hasta hoy.
¿Coincide con el presidente Morales en sentido de que se ven contradicciones en el Gobierno chileno?
Sí. Es la política exterior de Chile antes y después de 1904 la que generó compromisos y promesas formales de darle soberanía a Bolivia. Hoy Chile pretende desdecirse y olvidar esos reiterados compromisos de un modo insólito.
¿Cuál es el contexto que ve en Chile en torno a esta determinación?
Los sectores influyentes en lo político, económico y mediático de Chile, los más poderosos, respaldan a su Gobierno y están generando una corriente de opinión que busca una actitud hostil de opinión pública hacia Bolivia. A pesar de ello, hay sectores del pueblo chileno que entienden nuestra demanda y son solidarios con Bolivia.
10. ¿Cuál cree que debe ser la estrategia de Bolivia en este tema, ante el nuevo escenario?
Mantener la línea base de nuestra demanda, reiterar nuestros argumentos jurídicos y tener la certeza de que están respaldados por la razón y por la coherencia.