Dueños de chutos quieren diálogo con el Gobierno

CONTRABANDO | El precio y la facilidad en el ingreso de vehículos indocumentados, por diversos caminos e incluso por las trancas, son las principales razones para que los chuteros se dediquen al contrabando, según dos importadores legales de autos

En las calles Movilidad indocumentada circula por el municipio de Ivirgarzama sin placas. – José Rocha Los Tiempos



El fácil ingreso de vehículos indocumentados y el bajo costo que representa la operación son los factores principales que alientan el contrabando de autos chutos en el país. Sin embargo, los más afectados en sus inversiones son los importadores legales al igual que el Estado, aseguraron dos comercializadores de vehículos.

âEl principal daño como importadores es el daño económico a nuestras inversiones, porque la mayoría de los importadores apostamos a este negocio con préstamos bancarios y con la fe y esperanza de tener una utilidad mínimaâ, aseveró el representante nacional de Importadores de Vehículos, Marco Prado.

Para importar un auto de manera legal existen varias etapas que comienzan con su compra en el lugar de origen. Los vehículos llegan principalmente de Estados Unidos, Chile y Japón. Luego, deben ser trasladados en barco o carretera hasta el puerto de Arica, en el norte chileno.

Una vez llegado al país vecino, al momento de ingresar al país se debe hacer un papeleo para que llegue a la Aduana Regional a una revisión y registro antes de su nacionalización. Allí el costo más alto que se debe cancelar es la póliza que en el caso de un auto pequeño alcanza de 4.500 a 5.000 dólares. Sin embargo, el total del proceso alcanza los 12 mil dólares. Este trámite dura aproximadamente tres meses y en un mes más es muy probable que se realice la venta.

Viendo esta realidad, Prado aseguró que la utilidad de los llamados âchuterosâ es de alrededor de 700 dólares, siendo que un importador legal logra tener un beneficio de 200 dólares menos al momento de la venta, sin tomar en cuenta la cantidad de controles que debe pasar para que la movilidad sea legal.

Al respecto el abogado e importador de autos, Wilson Espinoza, aseveró que la motivación principal para que los âchuterosâ operen es el precio y las nacionalizaciones realizadas. âDicen que de aquí a dos años habrá una amnistía y lo tienen chutito nomás. Vamos a presionar y va a haber amnistíaâ, dijo.

Espinoza aseguró que Bolivia es uno de los países donde existe un número de vehículos que superan el precio comercial en comparación a cualquier otra nación vecina. Por ejemplo, en Iquique un vehículo fluctúa entre 3.000 a 4.000 dólares, por el que se paga 250 dólares como permiso para circular en una región determinada de manera legal, lo que representa un precio menor al del país, explicó.

Por otro lado, Prado indicó que en varias reuniones desarrolladas por los importadores de autos legales en Cochabamba y Santa Cruz, se determinó pedir que el presidente Evo Morales âinstruya frenar el contrabando porque están siendo desleales con nosotros y las fuentes de empleo directo e indirectoâ.

âNosotros mismos vamos a declararnos como chuteros porque hoy por hoy es el negocio más rentable que la importación legalâ, agregó Prado, a tiempo acusar a técnicos aduaneros porque âburocratizanâ el proceso de nacionalización âcon el único fin de lucrarâ, extorsionando a los comprados de vehículos importados legalmente.

Asimismo, Espinoza se refirió al pago de la póliza indicando que âal ser más difícil, es más apetitoso. Si lo hiciéramos más accesible incrementaría el parque automotor legal, pero hoy en día hay más de 33 mil vehículos circulando en las carreteras que no han tributadoâ, dijo. Pidió a las autoridades hacer cumplir para todos la ley.

Los riesgos

El director de Diprove, Henry Terrazas, indicó que tener motorizados indocumentados representa un riesgo porque en caso de un accidente no contaría con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), porque sirve para la realización de hechos delictivos, es evasor de impuestos y consume combustible en desmedro del otro.

En este entendido, el comandante regional del Control Operativo Aduanero (COA), Enrique Jiménez, aseveró que el principal daño que se genera al Estado es económico.

âCon esto evitamos muchas veces la construcción de varios hospitales o escuelas para nuestros niños porque estamos evadiendo tributos que se deben pagar al Estado, para que retornen en obras y serviciosâ, concluyó.

 

INSTAN A VENDER PARTES DE âCHUTOSâ

Según el ejecutivo de la Federación Carrasco, Nicolás Jaillita, en una reunión de la Coordinadora de la Federación del Trópico de Cochabamba, se determinó aconsejar a los pobladores del lugar vender sus motorizados ârueda por rueda, pieza por pieza como repuestos para rescatar algoâ por los controles estrictos que se comenzarán a realizar.

El dirigente indicó que el error es de las autoridades nacionales porque permiten el ingreso de autos âchutosâ al país por la falta de control en las fronteras. Añadió que los comunarios compran estos motorizados âpor desconocimiento y porque no entienden qué es âchutoâ y lo qué son papeles al díaâ.

Jaillita aclaró que en una conversación con el presidente Evo Morales, él manifestó que no habrá amnistía. Asimismo, cuestionó el operativo de la Policía cuando ingresó al trópico y se llevó 13 vehículos indocumentados por la fuerza, lo que ocasionó la reacción de la población que les arrebató tres.

âYo tenía que pedir un informe de los autos indocumentados que se llevaron al coronel Julio Mendoza para que nos informe porqué esa ley no se está aplicando al pie de la letra todavíaâ, sostuvo.

 

AUTOS CHUTOS A DISPOSICIÓN DEL ESTADO

El comandante departamental del Control Operativo Aduanero (COA) en Cochabamba, Enrique Jiménez, explicó que los autos decomisados pasan por un proceso aduanero por contrabando convencional a cargo del personal técnico de la Gerencia Regional de la Aduana, que una vez que emite el acta de intervención el vehículo es confiscado y puede ponerse a disposición del Ministerio de la Presidencia, previo análisis y procedimiento administrativo.

âEl Ministerio de la Presidencia puede autorizar la entrega de los vehículos a instituciones del Estado que soliciten la adjudicación según las disposiciones transitorias establecidas en Ley 317 de 11/12/2012 y normas conexasâ, agregó el comandante.

Jiménez recordó a la población que no habrá ninguna amnistía, a tiempo de aclarar que tanto el que vende, por no tener papeles, como el compra vehículos âchutosâ está faltando a la Ley General de Aduanas y ramas conexas, por lo que el hecho se considera un delito que puede derivar con la privación de libertad por daño al Estado. Recomendó a la población no adquirir estos vehículos porque se desconoce su procedencia, calidad y no tienen SOAT.

 

DELITOS DE ACUERDO A LA LEY ADUANERA

En el Capítulo II de la Ley Aduanera donde se establecen los Delitos Aduaneros, el contrabando es una contravención a la ley cuando existe alguien que realice la introducción o extracción de mercadería en el territorio aduanero nacional en forma clandestina, sin documentación legal y eludiendo el control aduanero, entre otros factores.

Este delito tiene como sanción la privación de libertad de un mes a un año, âcuando el valor de la mercancía no exceda de 100 salarios mínimos nacionalesâ; de uno a tres años, âcuando el valor de las mercancías sea mayor a 100 salarios mínimos nacionales y no exceda 500 salarios mínimosâ; de tres a seis años, âcuando el valor de la mercancía exceda a 500 salarios mínimosâ.

Asimismo establece el decomiso de las mercancías en favor del Estado, pero cuando las mercancías no puedan ser objeto de secuestro, la sanción es âel pago de una multa igual a 200 por ciento del valor de las mercancíasâ. Por otro lado, el delito de usurpación de funciones aduaneras es sancionado con privación de libertad de uno a tres años.

Fuente: lostiempos.com