Oposición: MAS enjuicia a tribunos para garantizar reelección indefinida de Morales

CONF Con el pretexto de la Ley del Notariado, el MAS busca cortar las cabezas de tres magistrados “librepensantes” del Tribunal Constitucional Plurinacional con un juicio ilegal, improvisado y manipulado para garantizar la reelección indefinida de Evo Morales y establecer un sistema legal que viabilice y valide los atropellos a los derechos ciudadanos, alertó hoy el jefe de la Bancada de Diputados de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco.

“Los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Mónica Velázquez y Zoraida Chanez no obedecen a la línea política de Evo Morales porque no estuvieron de acuerdo con la reelección de Morales y ahora se los envía a juicio de responsabilidades, les quieren dar una sanción ejemplarizadora para acabar de una vez con los ´libre pensantes` en todas las instituciones y Órganos de Estado”, declaró Alex Orozco en conferencia de prensa conjunta con los legisladores Antonio Franco, Luis Gantier y Marcela Revollo.

Pero ese no es el único objetivo del MAS, añadió el diputado cochabambino, “en tercer lugar, también quiere abrir la reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) en el 2015, así como posibilitar y avalar reformas inconstitucionales. Luego quiere viabilizar la aprobación de leyes que no respondan a las necesidades de la población sino al interés del MAS. Finalmente, busca evitar juicios a ex funcionarios y autoridades de gobierno y simultáneamente iniciar juicios a opositores”, detalló.



El juicio de responsabilidades es la razón de la decisión arbitraria, abusiva e unilateral del Vicepresidente Álvaro García Linera para suspender el receso legislativo y dedicar dos semanas a la organización de este complot contra el Tribunal Constitucional y un acto de terrorismo contra 32 años de vigencia del sistema democrático boliviano.

Orozco precisó que la Comisión de Justicia Plural y el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados recibió 240 causas contra autoridades y ex autoridades del ámbito judicial, e incluso contra funcionarios de gobierno, de esa cifra, existen 10 causas con pruebas suficientes e imputación, pero ninguna mereció atención para su respectivo trámite por los legisladores oficialistas.

Existen denuncias contra:

· Ramiro Guerrero, Fiscal General del Estado Plurinacional: por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes.

· Mario Uribe, ex Fiscal General del Estado: por designaciones ilegales.

· Cristina Mamani, Presidente del Consejo de la Judicatura: por designación ilegal de notarios.

“Pero la denuncia contra los tres miembros del TCP que fue la última que recibió la Comisión de Justicia Plural es tramitada en primer lugar, con una inusual premura sobreponiéndola a las 240 causas pendientes de tratamiento ¿Por qué no existe la misma celeridad para procesar las denuncias contra Guerrero, Uribe, Mamani y otras autoridades y ex autoridades de gobierno? ¿Por qué se los protege?”, añadió.

Para Orozco, la población y sus instituciones deben estar alertas porque se cierne sobre Bolivia la sombra de una dictadura: “32 años de democracia están a punto de ser pisoteadas rompiendo la independencia de poderes para establecer un gobierno vitalicio del MAS, otorgándole más poder pero además restringiendo todos los derechos ciudadanos”.

El legislador alertó que el sometimiento de instituciones de Estado, autoridades y funcionarios dejará inerme e indefensa a la población ante cualquier abuso o capricho de los gobernantes de turno que tendrán todo el respaldo judicial, mientras los ciudadanos no gozarán siquiera del derecho a defensa como se pretende hacer con los tres miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.