Luis Christian Rivas Salazar
Después de la fundación de la villa de San Paulo de Piratininga en 1554, se inició la marcha hacia occidente de los portugueses con el fin de colonizar el vasto territorio ocupado por indígenas tupis – guaraníes. La población de San Paulo se vio inundada de aventureros codiciosos de baja calaña que llegaron en busca de ganancias fáciles, empezaron los cultivos y se habían descubierto metales preciosos en Minas Gerais y Cuiabá; entonces, se necesitaban esclavos y aparecieron cazadores de indios.
Colonizadores carroñeros que bajo el pretexto de conquistar territorio bajo la bandera portuguesa, se dedicaban a capturar indígenas para luego venderlos como esclavos. Los “bandeirantes”, integrantes de una banda, aprovechaban el manejo del idioma y las costumbres de los nativos para capturarlos con engaños y con violencia, bajo la tolerancia de las autoridades, se conoce que en 1628 y 1631 estos asaltantes, destruyeron las Misiones Jesuíticas del Guayrá, capturando miles de esclavos.
En Bolivia, y después de que la humanidad ha promulgado sendas Declaraciones sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además, de haber condenado la esclavitud en todas sus formas y manifestaciones, tanto en leyes como en Constituciones, nos encontramos que el Ejército de este país, corretea, persigue, captura jóvenes entre 18 y 22 años en las plazas principales de pueblos pobres, Pailón en Santa Cruz y El Alto en La Paz.
Cómica y dramática es la justificación que se pretende realizar por el máximo encargado, el director general territorial militar, Carlos Ponce de León, quien entrevistado en un primer momento por el canal de televisión PAT, afirmó que no conoce de la captura de jóvenes: “Yo no tengo esa información… esa situación de ir a reclutar, obligar, yendo a los colegios o algún lugar para presentarse no está permitido, no está autorizado y me parece que fue algo exagerado y no estaría correcto”, para luego, al día siguiente justificar: “Si están realizando este tipo de batidas, es simplemente con la finalidad de que los jóvenes se presenten y puedan demostrar si es que hicieron o no el servicio militar, más que todo lo asumo para aquellos jóvenes que están sin hacer nada… por eso creo que no estamos cometiendo irregularidades ni excesos, porque la misma Constitución nos ampara”.
Entonces, si la Constitución lo ampara para actuar de esa forma, secuestrando jóvenes en la vía pública para subirlos a los camiones sin previo aviso o notificación de sus padres, debemos suponer que esa ley es injusta. Una ley injusta, que viola el Derecho a la Libertad, la conciencia, la locomoción y la integridad física, dentro de un país que se proclama pacifista constitucionalmente.
Son innumerables los casos de muertes no esclarecidas “bajo bandera” dentro de las murallas del cuartel, jóvenes son muertos o golpeados violentamente, además de ser obligados a trabajar como esclavos en labores privadas de sus altos oficiales, siendo militares se convierten en cuidadores de chanchos o albañiles.
Se realizan esas batidas en lugares donde viven jóvenes pobres, indefensos que tal vez trabajan con sus padres, pero la cobardía de los gorilas en botas, no alcanza para llegar a los boliches de niños ricos, a quienes les venden las libretas militares tranquilamente.
Antes de reclutar esclavos, debemos aspirar a la educación superior de nuestros conciudadanos, pero para el gobernante, es mejor mantenerlos en la ignorancia, antes de liberarlos al conocimiento.
Al final, la esclavitud es esclavitud aunque otros lo llamen servicio militar obligatorio, por ser obligatorio es inmoral; pero es también real, que son los pobres quienes no pueden eludir esta pesada carga y pérdida de tiempo.
El Día – Santa Cruz