El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera respaldó la decisión de las organizaciones sociales de tomar represalias contra afiliados que emitan el voto cruzado; Tribunal Electoral dice que obligar a alguien a votar por un partido es un delito.
Vice respalda control sindical de la votación
VOCALES DICEN QUE OBLIGAR A ALGUIEN A VOTAR POR UN PARTIDO ES UN DELITO
Los Tiempos
Un ampliado de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Foto archivo Abi Agencia.
Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó en manos del Ministerio Público las amenazas de sectores afines al Gobierno de tomar represalias contra afiliados que emitan el voto cruzado, el vicepresidente Álvaro García Linera respaldó la decisión de las organizaciones sociales y aseguró que se trata de un control “moral” en el marco de la democracia comunitaria, reconocida por la Constitución Política.
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, en coincidencia con su colega Ramiro Paredes, dijo que obligar a una persona o a una comunidad a votar por una determinada agrupación es un delito electoral castigado con cárcel y cuyo tratamiento e investigación corresponde a la Fiscalía.
El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Juan Zurita, reiteró que hará cumplir el instructivo de su confederación y advirtió que el afiliado que vote cruzado será castigado.
“Democracia comunitaria tiene que ver con el control y autocontrol colectivo que tienen las organizaciones sociales indígenas que se basa en un control moral. Son decisiones y controles que se hacen orgánicamente”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.
El Mandatario dijo que asumir esta clase de decisiones es parte de la vida orgánica de las organizaciones sociales que tienen normas democráticas comunitarias reconocidas en la Constitución Política del Estado (CPE).
Según el artículo 238, inciso c, de la Ley de Régimen Electoral, se constituye en un delito electoral la coacción que consiste en que una persona particular o pública atemorice o ejerza violencia contra otro ciudadano para que se afilien o voten por determinada organización política, hecho que será sancionado con pena privativa de libertad de 1 hasta 3 años.
El pasado martes el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Damián Condori, dijo que su organización aprobó una resolución en la que se prohíbe el voto cruzado y se ejercerá un control para que exista el voto lineal. Los desobedientes serán castigados.
El artículo 26 de la Constitución Política del Estado, sobre los derechos políticos, dice que los ciudadanos tienen derecho a al “sufragio mediante voto igualitario, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio (…)”. En otro inciso: “Y donde se practique la democracia comunitaria los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral (…)”.
Algunos candidatos de Unidad Demócrata (UD) y del Movimiento Sin Miedo (MSM) anunciaron que denunciarán ante el TSE a la organización sindical por ir contra la normativa.
El vocal del TSE, Ramiro Paredes, explicó que al tratarse de un delito, el ciudadano o autoridad que conociera de una situación de esta naturaleza está obligado a denunciar el hecho ante el Ministerio Público.
“En este caso, el TSE o cualquier otra persona tendría que presentar de manera directa al Ministerio Público y no al Tribunal Supremo Electoral, si nosotros como TSE también tomamos conocimiento e identificamos a las personas pues bajo pena de responsabilidad tenemos que poner a conocimiento del Ministerio Público”, explicó Paredes.
Dirigente de la Csutcb pide respetar decisión orgánica
Ante posibles determinaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la sanción al voto cruzado que anunció la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el principal dirigente de este sector, Damián Condori, pidió a esa instancia respetar la decisión que fue tomada como parte de la democracia comunitaria intercultural. Dijo que están dispuestos a encarar las sanciones que puedan tener, pero también que tanto el TSE como otras entidades deben estar sujetas a las penas que ellos adopten como parte de la justicia indígena originaria.
“El Tribunal Electoral tiene que estar sujeto a la justicia indígena originaria campesina porque tenemos nuestras propias normas de respetarnos, como nosotros respetamos sus determinaciones en la parte penal, así también los órganos del Estado nos tienen que respetar”, declaró Condori en contacto telefónico con Erbol. Indicó que la decisión de castigar el voto cruzado es una determinación que las bases adoptaron y no una posición personal, como parte de la democracia comunitaria intercultural, para un autogobierno de los campesinos con una victoria del MAS en los comicios de fin de año.