Arturo Yáñez Cortes
Según informaciones de la última masacre producida al interior de una cárcel boliviana -esta vez fue El Abra- (la anterior, Palmasola), esta nueva se produjo en circunstancias de una fiesta organizada con afiche y todo de propaganda que da cuenta que se realizó por dos días consecutivos (el afiche dice “sábado 13 horas 19.00 p.m. y domingo horas 10.00 a.m.), incluyendo artistas invitados, entrada folklórica y venta de platos (por lo acaecido supongo también bebidas). Se ha sabido también que luego del crimen, los encapuchados que lo ejecutaron realizaron con los cadáveres rituales de magia negra colocando galletas, alfileres y llaves en sus víctimas, saquearon sus pertenencias y hasta tuvieron tiempo de pasear los cadáveres por el patio… “de la prisión de alta seguridad”.Cualquier persona con alguito siquiera de sentido común, preguntará: ¿Dónde estaba la policía? ¿No se trataba de un penal de “alta seguridad”? ¿Quién autorizó o se hizo del otro sábado y domingo para tamaña jarana? ¿Pueden ingresar libremente en la noche a un establecimiento de ese tipo grupos musicales, etc,? ¿Y las armas de fuego? ¿Circulan libremente en un penal en poder de los internos? ¿No son los policías acaso los únicos autorizados para portarlas?Disculpando mi ingenuidad, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión ordena por si acaso que la seguridad interior de las cárceles se ejercerá por funcionarios especializados de la Policía Nacional (…) prestará sus servicios en los patios y pabellones del establecimiento y, sus funciones son asegurar el efectivo cumplimiento del régimen disciplinario y el mantenimiento del orden interno; resguardar la dignidad e integridad personal de los internos y su pacífica convivencia y hasta impedir el ingreso de personas portando armas de cualquier naturaleza. En serio… dice así.Una vez más, esas disposiciones legales son puro cuento ya que hecha esa ley, se armó inmediatamente la trampa mediante la corrupción imperante en esos establecimientos, por parte de quienes -cumpliendo elementalmente sus deberes- están obligados a garantizar la seguridad interna, en beneficio de los propios internos y hasta de su propia seguridad. Esos “descuidos” agravan la desde ya paupérrima situación de los internos -84% de presos sin condena y más de 14.000 hacinados en cárceles con mucha menos capacidad- siendo que el estado, más allá de los pomposos discursos y conferencias de prensa de sus funcionarios obligados, debe garantizar la seguridad interna de los internos, pues es el primer y directo responsable de ellos.Así lo ha resuelto la Corte Interamericana de DDHH: “frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. En este particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables (o que dejen a salvo sus derechos)”.Por tanto, el tema de fondo es que el estado no cumple con aquellas elementales obligaciones a través de sus instituciones -Policía y Régimen Penitenciario, principalmente-. Así como facilita mediante leyes retrogradas la aplicación indiscriminada de la detención preventiva causando parte de las condiciones que generan esos resultados, paralelamente debe garantizar el respeto de elementales condiciones de vida de los internos, asegurándoles su seguridad y convivencia pacífica, que aunque no es una tarea fácil por razones obvias dentro de tales establecimientos, cabe aquí reclamarse, sin olvidar aquello de Mandela: “Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más bajo”.Correo del Sur – Sucre