La Paz, Bolivia. Siete personas fueron imputadas por la muerte del lactante de 8 meses. La ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, dijo que la sentencia de 30 años no corresponde para estos sujetos
EL DEBER, LA PAZ
La ministra Gutierrez y autoridades acompañaron al entierro del menor de ocho meses. Foto: La Razón.
La ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, abrió la posibilidad de implementar la cadena perpetua contra violadores. Esta sugerencia se da días después del deceso de un bebé de ocho meses luego de haber sido objeto de violación.
Existe respaldo para ejecutar la iniciativa, sin embargo, tropieza con un elemento, abrir la Constitución, algo que demoraría en el trámite. Legisladores del oficialismo piden comenzar con el debate y activistas exigen la pena de muerte para este tipo de delitos.
Gutiérrez siguió de cerca el caso del bebé Alexander (nombre ficticio). El lactante de ocho meses fue rescatado por el hogar Virgen de Fátima de La Paz porque sus padres son alcohólicos.
El hecho
La noche del jueves 13 sufrió un atragantamiento, según el informe médico, con la leche que consumía. Lo llevaron al Hospital del Niño, y de ahí, por falta de atención, lo trasladaron al nosocomio Juan XXIII, al otro lado de la ciudad. Ahí, falleció.
La autopsia al cuerpo del bebé develó que Alexander falleció por una hemorragia interna producto de una violación. La comisión de fiscales resolvió que el menor fue violado en el Hospital del Niño, donde llegó por una molestia estomacal y de ahí salió con heridas.
Se aprehendieron a diez personas, siete fueron imputadas. De este número tres mujeres fueron enviadas a prisión y cuatro, dos de ellos varones, tienen detención domiciliaria
Ministra advierte con proceso a fiscales en caso de bebé
POR TIPIFICACIÓN INCORRECTA.
Los Tiempos y Agencias
Asistentes a la audiencia de medidas cautelares realizada el pasado sábado. – Apg Agencia
Un día después de la audiencia cautelar realizada en La Paz por el caso del bebé Alexander fallecido y presuntamente violado, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, advirtió ayer que el Gobierno de Evo Morales podría iniciar un proceso a la comisión de fiscales por haber eludido incluir una tipificación penal ante la violación, desatención y muerte del niño.
“No descartamos con denunciar a la comisión de fiscales, ya que en la imputación descartaron la denuncia por otros delitos como incumplimiento de deberes, que tiene una pena de cuatro años de cárcel”, apuntó la Ministra.
De las siete personas sospechosas por infanticidio y encubrimiento, sólo tres (trabajadoras del hogar de acogida Virgen de Fátima) fueron detenidos preventivamente en la audiencia de medidas cautelares realizada el pasado sábado, y cuatro guardan arresto domiciliario, por lo que, a juicio de la Ministra, hubo incumplimiento de deberes.
Gutiérrez agregó que ese hecho causó molestia en el Ministerio de Justicia, que analizará acciones contra la comisión de fiscales integrada por: Rosby Zapata, Lizeth Sarco, Gregorio Blanco y Edna Montoya.
“Nosotros no podemos querellarnos porque no somos víctimas directas, pero hemos presentado una denuncia donde incluimos otros delitos que se dejaron de lado, como incumplimiento de deberes, que tiene una pena de cuatro años con detención preventiva a estas personas que gozan de detención domiciliaria (…). Ha sido pésima la investigación de la Fiscalía”, declaró.
Para la Ministra, la juez Segunda de Instrucción en lo Penal Cautelar, Lia Cardoso, actuó apegada al marco legal, pues ella no podía ir más allá de la imputación que presentó el Ministerio Público contra siete personas.
Anunció que solicitará al Ministerio Público fotocopias del cuaderno de investigación para realizar un análisis jurídico del caso y los avances.
Por otro lado, lamentó que, a pesar de solicitar una fotocopia del informe de la autopsia que práctico el médico forense, Cristian Vargas, para establecer las causas del deceso, no le remitieron el documento a tres días de ese examen.
“Vamos a insistir que nos remitan las fotocopias del informe del Instituto de Investigación Forense (IDIF), para realizar un análisis exhaustivo”, afirmó.
Informó también que se hizo la revisión médica a los niños del hogar y misma acción se continuará en otros centros de acogida de La Paz y a nivel nacional para prever estas situaciones.
Sobre el personal que trabaja en los hogares, refirió que la admisión de personal depende de cada gobernación o municipio que tiene a cargo la administración de estos lugares y son ellos los que deberán revisar los requisitos de contratación.
Se anticipan cambios en Sedeges y casas de acogida
El gobernador de La Paz, Cesar Cocarico, anunció ayer que su despacho prepara un decreto que reformará y normará el funcionamiento de servicios desconcentrados como el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) para corregir las falencias en 14 centros de acogida. En el caso del Sedeges, precisó que la reforma institucional se inició en junio con el relevo de su directora, que administra 14 centros de acogida.
En esa línea, enfatizó que los centros de acogida están dirigidos por una administradora, una coordinadora y cuenta con personal suficiente para controlar de mejor forma el funcionamiento de estos establecimientos.
En el caso del Sedeges, dijo que la exprefectura hasta el 2010 destinaba anualmente 6 millones de bolivianos para gastos de administración de los centros de acogida. “Esa cifra se incrementó en 100 por ciento porque desde el 2010 al 2014 el gasto corriente asciende a 11 millones de bolivianos para cubrir con las necesidades que tienen esos centros”.