Norah Soruco de Salvatierra
El marco legal que configura nuestro Estado Plurinacional Autonómico clasifica las competencias de sus niveles de gobierno nacional, departamental y edil e incluye las competencias concurrentes, que significa la posibilidad de que todos ellos puedan ejercerlas conjuntamente, sea en su financiamiento, ejecución o administración.Lamentablemente, el retaceo que se ha hecho en cuanto a las competencias de los gobiernos subnacionales, en procura de que el Gobierno central no pierda el control de lo que se considera sustancial o estratégico (léase lo político en cuanto a ceder poder), nos viene causando muchos dolores de cabeza en la construcción y en el mantenimiento de las carreteras, en los hospitales y centros médicos que tienen tres cabezas; en la educación bicéfala, en el control y preservación del medioambiente y de los recursos naturales con cabeza difusa, etc.Cada vez que se presentan defectos o deficiencias en la construcción de obras o prestación de servicios, sea por su demora o mala ejecución e incluso mala administración, se da una suerte de ‘ping pong’ entre autoridades, donde unos dicen que les corresponden a los otros, y viceversa, sin que se pueda saber quién es al fin el responsable. En resumen, el ciudadano tiene que ‘sufrirlas’ sin encontrar a quién quejarse o reclamar. De nada sirven las autoridades sectoriales (ex superintendencias), encargadas de velar por el interés colectivo en la correcta planificación, inversión, ejecución y funcionamiento de las obras y servicios, porque son inaccesibles y hasta invisibles para los usuarios.Pero además, cuando más o menos se aclara a quién atribuir la responsabilidad, se adopta la perniciosa conducta de funcionarios públicos, que en vez de apresurarse a corregir las fallas, acuden al argumento de que son intereses políticos los que las motivan. Al final, todo queda igual, bajo una espesa cortina de incompetencia pública. Si el partido de Gobierno quiere trascender la consigna, demostrando responsabilidad y consecuencia con el pueblo, tiene que organizar y articular tales competencias de forma coherente e institucionalizada, a fin de evitar el criollo recurso del ‘yo no fui’, de manera cercana y accesible a la sociedad, víctima de negligencia e irresponsabilidad.El Deber – Santa Cruz