Juan Francisco Gonzales Urgel
“¿Cómo puedo trabajar en la ciudad de El Alto con gente de la derecha? Yo no voy a trabajar (con la derecha), hermanos. Si quieren más obras, ahí está Edgar Patana; si quieren más obras, ahí está Felipa Huanca (candidata a la Gobernación paceña)”, advirtió Morales el sábado de la semana pasada. (El Deber)
Salvo Ernesto Justiniano, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Unidad Nacional, ningún otro candidato a la silla edil cruceña ha planteado la necesidad de defender un Pacto Fiscal que garantice ingresos estables para enfrentar -en forma sostenible- los desafíos de una ciudad que crece a ritmos agigantados y recibe recursos por población con base en datos atrasados.
Los demás candidatos parecieran no entender que en las palabras del Presidente está implícito el propósito de “echarle nomás” al Tesoro General del Estado sin obedecer a las competencias concurrentes y compartidas que describe la Ley Marco de Autonomías y la Constitución Política.
Durante la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías, el gobierno central había dejado sentada su posición de no acceder a las propuestas de un pacto fiscal, aduciendo a la falta de Cartas Orgánicas aprobadas previamente. Argumento poco creíble si recordamos que el Departamento Pando tiene la suya y no recibe beneficio alguno por ello.
El Estado central echa mano del 88% del Presupuesto General y deja un esmirriado 12% para las nueve gobernaciones, los 339 municipios y las 11 universidades públicas, además que se reserva la potestad de comprometer los recursos de los Gobiernos Autónomos en planes sectoriales diseñados desde el centralismo y sin otro criterio que el clientelismo político.
El Pacto Fiscal propuesto por Santa Cruz plantea un 50% para el Estado Central, y un 50% para las Entidades Autónomas y las universidades públicas, junto al derecho de disponer de sus recursos con base en sus prioridades de gestión.
Pareciera ocioso advertir que los propósitos presidenciales conllevan el incumplimiento de deberes formales y otras figuras administrativas violatorias de la legislación vigente.
Habrá que ver hacia dónde nos llevan los vientos: si al pacto fiscal que contempla la ley y la Constitución, o al Pacto con Evo que proclama el partido de gobierno. Por lo demás, es comprensible el silencio de los candidatos Reimy Ferreira, Percy Fernández y Roberto Fernández; el primero incapacitado de contradecir a su máximo jefe, el segundo con las voces embargadas, y el tercero con su alícuota en el Ejecutivo nacional, nada menos que en el Ministerio de Autonomías.