Con la réplica de Bolivia terminaron ayer las audiencias por la objeción de competencia presentada por Chile a La Haya.
LA TERCERA, Chile
Francisco Artaza, enviado especial a La Haya
Al mediodía de ayer en La Haya, tres horas antes de que se iniciara la ronda final de los alegatos por el juicio de competencia de la Corte Internacional de Justicia presentado por Chile para detener la demanda boliviana, la delegación paceña entregó a la secretaría del tribunal una prueba que estaba fuera del expediente y era desconocida por los abogados chilenos.
El documento, con el logo de la cancillería boliviana, no tiene fecha ni firma y se titula “Denuncia y Renegociación de Tratados Internacionales para su Readecuación a la Constitución”. Se trata de una enumeración de los acuerdos políticos y comerciales que Bolivia pretende desechar o modificar en función del artículo noveno transitorio de la Constitución boliviana, que obliga a ajustar en cuatro años las normas que contravengan la carta magna.
En la relación no figura el Tratado de 1904, por lo que sería usado como prueba para refutar la tesis chilena de que el objetivo de la demanda es modificar los límites zanjados por ese pacto.
El reglamento de la corte permite ingresar documentos en la fase oral, sólo si son de dominio público. Este, sin embargo, no sería el caso. No se explicita dónde o cuando fue publicado. Por lo mismo la delegación chilena está evaluando presentar un reclamo para impugnarlo.
Pese a que la prueba fue incorporada al expediente, no pudo ser exhibida a la corte. Por error o premura, el texto fue entregado en español y no en los idiomas oficiales del tribunal: inglés y francés. La situación generó un pequeño bochorno a Antonio Remiro. En su alegato, pidió a los magistrados tener a la vista la prueba, pero al ver que no tenía el resumen en inglés, no pudo leerlo.
SIN RESPUESTA
La audiencia de ayer comenzó sin contratiempos. Por ser la última, las delegaciones de Chile y Bolivia departieron más tiempo que en las anteriores y en un clima más cordial. En el hall del Palacio de La Paz, los representantes bolivianos volvieron a preguntarle al canciller Muñoz sobre la situación del gabinete de Bachelet.
Bolivia contaba con una hora y media para desvirtuar los argumentos chilenos y responder a la pregunta que les hizo el miércoles el juez inglés Christopher Greenwood, para que precisara en qué fecha se concluyó un acuerdo para negociar una salida soberana al mar.
Los alegatos de Monique Chemillier-Gendrau, Mathias Forteau, Antonio Remiro y de Payam Akhavan, se hicieron cargo de manera tangencial de la interrogante del magistrado. En dos breves menciones, los juristas que defienden a Bolivia aseveraron que cualquiera de los instrumentos, notas diplomáticas expuestos por Bolivia sirven para demostrar que existía un “pactum de contrahendo” (acuerdo para hacer un acuerdo), pero eludieron dar una fecha precisa. “Hay diversas instancias, oportunidades, en que hubo acuerdo con Chile” y que “uno solo de estos compromisos bastaría para crear obligación”, dijo Akhavan.
Miembros de la delegación chilena estimaron que Bolivia no trabajó la respuesta al juez Greenwood, pues ésta complicaba sus pretensiones. Bolivia, en cambio, apeló a elementos emocionales y de derecho subjetivo para pedirle a la corte que haga justicia con el pueblo boliviano y ponga fin a un largo litigio entre Chile y Bolivia, por lo que pidió rechazar la solicitud de Chile y analizar el fondo de la demanda.
Tanto Chemillier-Gendrau como el iraní Akhavan insistieron en que Chile entró al fondo del caso el jueves, al exponer su posición respecto de 11 intercambios entre Chile y Bolivia en los que el gobierno paceño funda su aspiración.
Al término de los alegatos el ex presidente de la CIJ, el japonés Hisashi Owada, pidió a Chile y Bolivia responder por escrito antes de las 13 horas del miércoles 13 de mayo una pregunta para precisar que entendían cuando hablaban de acceso soberano al mar (ver nota secundaria). Sólo entonces los magistrados empezarán las deliberaciones que deberían concluir el último trimestre de este año.
El canciller Choquehuanca valoró la posibilidad de llevar el caso ante la corte. “Retornamos con la esperanza de que se hará justicia”, dijo. El canciller Heraldo Muñoz, en tanto, al hacer una evaluación de los alegatos calificó como “confusos y cambiantes” los argumentos bolivianos.