Erika Brockmann Quiroga
¿Debería sorprendernos que más del 80 por ciento de la población declare desconocer el contenido y el alcance de los Estatutos Autonómicos (EA)? La pregunta es pertinente y sobran razones a la hora de explicar la indiferencia generalizada frente a la realización de los referéndums aprobatorios de los EA en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.¿Qué cambiará en nuestras vidas una vez que el pueblo legitime la vigencia de los EA, que son una suerte de ‘miniconstituciones’ departamentales? Lamentablemente muy poco. Si bien la Constitución prometía un margen mínimo de posibilidades de desarrollo legislativo autónomo, las leyes Marco de Autonomías, de Clasificación de Impuestos y varias sectoriales se encargaron de recentralizar incluso aquello que se había descentralizado en otros tiempos.En otras palabras, en el campo legislativo, las asambleas se restringirán al ‘copy paste’ de leyes nacionales en un ejercicio más simbólico que sustantivo. Preparémonos para la abundancia de leyes declarativas elevando a calidad de patrimonio departamental, cultural, intangible, natural de algún tipo de expresión tangible o intangible de nuestras provincias. Tampoco nos llame la atención que el desempeño legislativo departamental se exprese en la explosión de leyes presupuestarias, de reajuste y transferencias para obras concurrentes a realizarse con los municipios de su jurisdicción. En suma, muy poco nuevo bajo el sol respecto a las prerrogativas de los ex consejos departamentales.Ahora bien, el desconocimiento de estos EA se debe a que las gobernaciones concertaron y socializaron su contenido con las organizaciones sociales políticamente alineadas al MAS, las cuales presumen representar a ‘todo el pueblo boliviano’. En el caso de La Paz no se tomó en cuenta los aportes de la universidad pública. En general, importantes sectores urbanos fueron marginados. Al parecer, pese a las solicitudes de revisión, pausa y sosiego, los referéndums están a la vuelta de la esquina. Cumplirán con una formalidad al ser la etapa ineludible en la construcción del Estado con autonomías, con muy poca información y en condiciones en que la cohabitación y la convivencia cooperativa entre autoridades políticamente no afines están en duda. Este ritual consultivo, costoso e irrelevante en sus efectos, coronará sin entusiasmo la realidad aparente de un Estado con autonomías tuteladas.El Deber – Santa Cruz