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La Justicia boliviana dio ayer luz verde al pedido de extradición del peruano Martín Belaunde a su país, pero el abogado de éste, Jorge Valda, aseguró que esa determinación no puede ejecutarse mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no resuelva un recurso de amparo.
Los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se reunieron desde las 08.30 de ayer para resolver el pedido peruano, sin embargo, cerca de las 09.35, declararon un cuarto intermedio, toda vez que la mayoría de ellos debía participar de la audiencia del juicio de responsabilidades del caso denominado Misiles.
Ante la suspensión de ese juicio, que debía reanudarse a las 15.00, los magistrados volvieron a instalar la Sala Plena para continuar su análisis y debate. Cerca del mediodía resolvieron, por unanimidad, aprobar el pedido del Gobierno peruano de extraditar a Martín Belaunde.
“Se ha determinado la procedencia de la extradición de Belaunde a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería tiene ahora que hacer cumplir la extradición”, afirmó el presidente del TSJ, Jorge von Borries, en rueda de prensa.
Belaunde, también empresario, fue asesor del presidente peruano Ollanta Humala en la campaña electoral de 2006. Él es acusado en su país de gestionar intereses de compañías particulares para adjudicarles contratos estatales de gobiernos regionales, para así obtener beneficios económicos. Por ello, se le instauró procesos judiciales por delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y, además, asociación ilícita para delinquir. El acusado tiene detención domiciliaria en la ciudad de La Paz, tras su ingreso ilegal a Bolivia.
Requisitos. Von Borries detalló que la determinación del Tribunal Supremo tiene base en la posición que asumió la Fiscalía de conceder la extradición y en el cumplimiento de los requisitos que establecen los acuerdos y convenios internacionales.
“Se ha comprobado con la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de que (el juicio en contra de Belaunde) no contempla delitos de orden político ni actuaciones de orden político, eso ha determinado el Conare y nosotros atendamos al trámite de extradición”, explicó von Borries. La Conare rechazó el pedido de refugio de Belaunde, porque no demostró que era perseguido político.
El magistrado Antonio Campero reveló que la decisión fue asumida por unanimidad, por los nueve magistrados del TSJ, y con ello concluye todo el trámite que le correspondía a la Justicia boliviana. Reveló que en la sentencia se dispone que el Órgano Ejecutivo corra con los trámites hasta la entrega de Belaunde a Perú.
No obstante, Valda manifestó que mientras no se resuelva el recurso de amparo presentado ante el TCP no puede ejecutarse la extradición. “Hay una acción de inconstitucionalidad por el proceso de extradición pendiente en el Tribunal Constitucional y en tanto no se resuelva esa acción, no se puede determinar y dictar resoluciones definitivas”, advirtió.
Trámite. Valda en declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), aseveró que la Carta Magna boliviana impide que una persona pueda ser extraditada o expulsada arbitrariamente del país mientras tenga trámites judiciales pendientes.
La Razón conoció que la demanda planteada por Valda se encuentra en la Comisión de Admisión del TCP desde el 24 de abril. Esa instancia todavía analiza si admite o rechaza ese recurso judicial. En caso de que sea admitido, luego de procederse a un sorteo, el magistrado relator tiene un plazo de 30 días para emitir resolución sobre la demanda.
Además, el defensor de Belaunde recordó que su cliente mantiene una demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano, por vulneración “flagrante de la normativa interna”.
Valda agregó que en la demanda ante la CIDH se solicita impedir que Bolivia adopte medidas que procedan con la extradición o expulsión de Belaunde del país. Expresó que su cliente todavía se encuentra bajo la normativa de la Conare.
Belaunde ingresó a Bolivia el 1 de diciembre por Desaguadero y 13 días después pidió asilo político, que le fue negado en primera y segunda instancia por la Conare. Después, Perú solicitó su detención y el TSJ ordenó su arresto domiciliario con fines de extradición, luego de revocar una inicial orden que disponía su detención en predios de la Conare.
La defensa del acusado trató de levantar, en reiteradas oportunidades, la orden de detención domiciliaria dictada sobre Belaunde, sobre todo apoyada en un inicial rechazo de la Justicia peruana a un pedido de extradición.
Detención en su domicilio
Orden
Desde enero, el peruano Martín Belaunde guarda detención preventiva en la casa de uno de sus familiares en la ciudad de La Paz, en la zona de bajo Llojeta.
Peligro
El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, solicitó en dos oportunidades que se cambie el arresto domiciliario de Belaunde por una detención preventiva carcelaria, para evitar que huya.
Fuente: ATB, La Razón