Dos extraños ataviados con pasamontañas, y en complicidad de la noche de luna nueva, se aprestan a ingresar a una iglesia del área rural del país. Mientras uno hace de banquillo, el otro logra asirse de los barrotes de la ventana del templo para, acto seguido, ayudado por una pata de cabra, herramienta infaltable en este tipo de ilícitos, sacar de cuajo los barrotes de su base de barro y piedra.

Asistido por la oscuridad, uno de ellos ingresa al sacro salón. Es un recinto construido en el siglo XVI. Los gruesos muros de la construcción absorben cualquier ruido que se genere dentro por el trajinar del desconocido, quien saquillo en mano avanza hasta el altar mayor de la nave principal de la iglesia para tomar los mejores frutos del esfuerzo de la orfebrería y pintura colonial. Anillos, coronas, cestos y cuadros religiosos son extraídos de sus lugares para ser llevados con rumbo desconocido, y tal vez para perderse para siempre, a cambio de un prometedor dinero que recibirá por cumplir el “encargo” o como resultado de la fundición de las joyas.

Saciado en su ambición, el desconocido sale con seguridad por la gran puerta, sin temor y sin vergüenza, con solo jalar el pestillo de la chapa, donde espera su cómplice, para luego perderse entre las callejuelas del poblado, en la lontananza, con un rictus de satisfacción, provisto del valioso botín. Los custodios, autoridades locales o religiosas se percatarán del robo hasta salido el sol, cuando será demasiado tarde.

Este es un relato sobre los cientos de robos que han ocurrido y ocurren en el país contra el patrimonio eclesiástico y que afectan principalmente a las iglesias coloniales en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Pinturas, platería, joyas, esculturas, retablos, muebles y tejidos desaparecieron por cientos, según el registro de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, en los últimos 50 años de vida del país, de 1964 hasta agosto de 2014.

La investigadora de patrimonio cultural, Cristina Bubba, recuerda que por 1988, cuando, en sus años mozos de investigadora, frecuentaba la iglesia de Coroma, fue testigo de un robo con características similares.

“Hicimos traer a un cerrajero de Oruro para poner rejas en la puerta y las ventanas de la iglesia. El señor midió las rejas delante de toda la comunidad. En la noche hubo una fiesta y antes de que pongamos las rejas, robaron; alguien había escuchado sobre las rejas”, recordó Bubba. Cuando se realiza una fiesta en el pueblo “todos están distraídos, hay poca atención en la iglesia, hasta el cuidador está en la fiesta”.

Pese a los decretos y normas emitidos en años anteriores, y con la actual y nueva Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, de mayo de 2014, los saqueos al patrimonio eclesiástico siguen ocurriendo, en una vorágine con altas y bajas, situación que aún no conmueve a las autoridades nacionales y eclesiásticas para que las decida a tomar las medidas necesarias y definitivas que paren o disminuyan de manera drástica los robos.

Templos como el de Laja, Copacabana, Guaqui, Calamarca, entre otros, en el departamento de La Paz, fueron saqueados en reiteradas ocasiones. En algunos casos porque no contaban con las medidas de seguridad necesaria –tenían como mayor protección un alambre para asegurar la puerta– y, en otros, pese a contar con cámaras de seguridad y alarmas.

La seguridad es el talón de Aquiles de los templos católicos coloniales, principalmente los ubicados en el área rural. Esta situación es reconocida por la asesora jurídica de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Susana Inch. La funcionaria atribuye esta debilidad a la falta de experiencia de la Iglesia en el tema.

“Se hace lo que se puede. Dentro del accionar propio de la Iglesia el tema de seguridad no es precisamente algo en el que pueda tener ni experiencia ni experticia”, señaló la jurista.

Inch dijo que la CEB planteó varias veces al Estado la necesidad de realizar de manera coordinada un sistema de inventario y seguridad para los bienes eclesiásticos, sin que se haya concretado hasta el momento. “Fue muy difícil el diálogo en este sentido, entre otras cosas, porque siempre estaba de por medio el tema del derecho propietario sobre los bienes”, indicó.

Señaló que al estar definido que el patrimonio religioso pertenece a la Iglesia, no significa que no deban tomarse acciones conjuntas con el Estado. “Esperamos poder coordinar con el Ministerio de Culturas para poder tomar acciones que permitan dar un mejor resguardo a los bienes, tener una custodia más adecuada de los mismos y hacer procesos de inventariación periódicos”, apuntó.

Cristina Bubba, investigadora de patrimonio cultural, con más de 20 años en el campo, al igual que otros especialistas, tiene una explicación para el descuido de las iglesias. Señaló que cada día hay menos curas en el área rural para atender los templos.

“Un cura atiende de cuatro a cinco iglesias del área rural, pero no está permanentemente en esas cinco iglesias, entonces eso suelta un poco los controles y la relación de la gente con los objetos y con la iglesia en sí, porque son templos cerrados, entonces vas a una iglesia donde no hay sacerdote, rezas porque quizá la abre el cuidador pero no hay presencia constante ni del Estado ni de la Iglesia, aunque el Estado es el más ausente”, manifestó.

Milton Eyzaguirre, jefe de Extensión y Difusión Cultural del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), testigo de la situación de las iglesias rurales por los constantes viajes que realiza, aseveró que “en muchos lugares las iglesias están cerradas con un candado y listo, en otros lugares he visto que las iglesias sólo están cerradas con un alambre y nada más”.

Ante el letargo de las autoridades, sobre quién debe hacerse cargo de la seguridad de las iglesias, los traficantes aprovechan para planificar robos y seguir saqueando. Si bien la ley define competencias para la custodia y el cuidado, aún estas normas no se concretan en la mayoría de los casos.

El Artículo 16 de la Ley 530 señala que “Las iglesias y congregaciones religiosas se constituyen en custodios del Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble que forman parte de la tradición religiosa del pueblo boliviano, estando obligadas a su registro, protección, conservación y difusión con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley”. Para concretar esto se requiere de la erogación de recursos que son insuficientes.

El inciso II del mismo artículo agrega que “El Estado Plurinacional de Bolivia generará las condiciones necesarias para la gestión de estos bienes culturales, apoyando en su registro, seguridad, conservación, protección, investigación, restauración, difusión y capacitación de recursos humanos”.

La jurista de la CEB aclaró que la Conferencia Episcopal, como instancia nacional de la Iglesia Católica, constituye la reunión de los obispos de Bolivia y “no hay un patrimonio cultural religioso que esté bajo tuición de la propia Conferencia Episcopal”. Señaló que “son las diócesis, arzobispados, obispados, prelaturas y vicariatos quienes en realidad tienen la presencia de patrimonio religioso cultural”.

Sin embargo admitió que pese a los robos frecuentes –suman 316 de 1964 a agosto de 2014– la CEB no cuenta con un registro de los bienes y un sistema que permita centralizar el reporte de los robos en los arzobispados.

“Se tiene un desafío de desarrollar un sistema interno de información (sobre los robos ocurridos) que permita coordinar el tema del inventario de bienes, poder trabajar en el tema de la valoración y custodia, además del resguardo correspondiente”, indicó.

La situación se tornó más dramática al constatar que en el Arzobispado de La Paz, que según Inch sí cuenta con un registro de los robos ocurridos, nadie pudo dar información al respecto. Una funcionaria de nombre Rocío, nada cortés por cierto, indicó que ellos son los que menos saben sobre el tema y que si alguien cuenta con la información es la CEB. “Acá no hay nadie que pueda dar esa información”, subrayó.

Para la jefa de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, Lupita Meneses, está muy claro quiénes tienen la responsabilidad de precautelar el patrimonio eclesiástico. “Las iglesias y los municipios también tienen que destinar recursos para el cuidado de este patrimonio que está a su cargo, está en la Ley de Autonomías y en la Ley de Descentralización”, remarcó.

Entre tanto, y hasta que se cumpla la ley, y se consoliden los recursos económicos de parte de los gobiernos subnacionales y la iglesia, la amplia frontera de Bolivia sirve como filtro para la salida del patrimonio nacional.

El comandante de la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (UPACOM), teniente coronel Sergio Bustillos, señaló que el personal con que cuenta es insuficiente para cubrir de manera adecuada los 19 puntos fronterizos, seis puntos intermedios y tres aeropuertos principales (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) del país.

El policía dejó en claro que la función de la UPACOM es solo velar por el flujo migratorio en los puntos mencionados, donde las personas deben cumplir con todos los requisitos de ley para ingresar o salir del país. Dijo que la salida o entrada de objetos está en manos de la Aduana. Reveló que en la frontera con el Perú existen al menos otros 15 puntos de tránsito no oficiales que carecen de control.

“Los puntos que están oficialmente declarados como fronterizos son en los que hay presencia del Estado. En la frontera con el Perú hay hasta 15 puestos que no están establecidos”, manifestó.

Según un reciente reporte de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), a pedido de esta investigación, en los últimos años esta entidad solo logró evitar la salida de un cuadro patrimonial que fue camuflado y envuelto en un edredón. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, solo en 2013 se sustrajeron 123 piezas del patrimonio eclesiástico, y hasta agosto de 2014, se mencionaron 10 piezas.

Milton Eyzaguirre expresó su preocupación por la gestión de la Aduana en este tema. Advirtió que no cuenta con el personal suficiente y calificado para controlar la salida del patrimonio cultural por las vías legalmente establecidas. “Ni qué decir de los otros puntos no autorizados”, expresó.

“Las instituciones vinculadas con la Aduana cada vez menos convocan a especialistas, entonces me temo que está saliendo mucho material sin reconocimiento o como pieza actual o copia, y nadie le da ningún tipo de importancia”, indicó.

Recordó que años atrás, como funcionario del MUSEF, participaba en operativos, en las unidades de verificación, para realizar las revisiones respectivas, y encontraban piezas coloniales muy bien camufladas en vehículos de transporte. “Con la eliminación de las unidades de verificación por medio de un decreto supremo ya no existe más el mismo control”, lamentó.

Eyzaguirre sostuvo que hoy la Aduana está más vinculada al tema económico y “este tipo de patrimonio no le es de mucho interés”. “Puede que salgan las piezas de la forma más simple posible”, insistió. La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, señaló para este reportaje, que los funcionarios en aeropuertos, de esa entidad, “solo actúan cuando detectan comportamiento sospechoso del viajero”.

Lupita Meneses reconoció que existe debilidad en la Policía y la Fiscalía para combatir este flagelo, porque “no tienen las condiciones suficientes como para poder llegar hasta el final en los procesos”. El tráfico de patrimonio cultural, junto a la trata y tráfico de personas, se ubica en el tercer lugar, a nivel mundial, de los negocios ilícitos más rentables después del tráfico de armas y el narcotráfico.

Meneses remarcó que esta titánica tarea no es solo responsabilidad del Ministerio de Culturas o de la Iglesia, sino que “todas las instituciones ligadas deben involucrarse”. “La Policía, la Aduana, la Fiscalía, la Procuraduría, las gobernaciones, los municipios; tienen que hacer una tarea interdisciplinaria e interinstitucional, comenzando desde el sistema educativo”, apuntó.

En marzo de 2008, tras culminar el Primer Seminario Taller Internacional para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, una de las propuestas surgidas fue la creación de una fuerza especial de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en Bolivia, sin embargo aún no se concreta.

El director de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el departamento de La Paz, coronel Walter Villamor, aseguró que hasta el momento no se detectó a ninguna banda internacional dedicada al tráfico de patrimonio que opere en el país. Indicó que se trata de organizaciones nacionales y algunos extranjeros que llegan al país de paso.

Señaló que Bolivia es centro de robo del patrimonio cultural eclesiástico y a la vez país de tránsito. Afirmó que los bienes salen principalmente a países europeos y a Estados Unidos, donde surgen los inescrupulosos compradores.

Según Villamor, una vez notificado del robo de un artículo patrimonial, por parte del Ministerio de Culturas o la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), se activa la alerta en los 190 países miembros. Esta alerta busca que la mercancía no salga del país, o, en su defecto, si sale fuera, que sea recuperada.

De manera similar, Lupita Meneses subrayó que pese a los más de 300 robos sufridos en las iglesias “no hay datos suficientes para certificar que son bandas internacionales”.

“Sabemos que hay mafias internacionales que vienen por Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, de paso, y van a Europa y Estados Unidos. Ahí es donde está nuestro patrimonio. Si uno entra a las subastas de Estados Unidos, Europa, Alemania, cada mes hay una y ahí está todo el patrimonio latinoamericano”, apuntó.

Por el modo de operar, señala la CEB, al parecer se trata de “organizaciones criminales muy bien conformadas”.

“Lo claro es que no son hechos ocasionales, sino que son bandas organizadas, pero no se cree que sea con fines de tráfico de patrimonio porque no hay ninguna evidencia que establezca que ha habido ese tráfico, más bien la evidencia apunta a pensar que se funden las joyas –que son los objetos que más se roban– para venderlas como metal”, apuntó.

La responsable jurídica de la CEB descartó que en estos robos estén involucrados funcionarios de las iglesias, como se afirmó o afirma de manera discreta, y a veces abierta, por algunas autoridades y entidades del Estado.

“No hay un resultado concreto que permita establecer hasta la fecha que algún sacerdote hubiera tenido algún grado de participación en esos hechos”, remarcó la funcionaria.

El 25 de abril de 2013, el presidente Evo Morales señaló a los obispos de la Iglesia Católica como responsables por la ola de robos perpetrados en los últimos meses en varios templos del país. Respecto al robo en la iglesia de Copacabana, en concreto, dijo que “quienes manejan las llaves son los obispos y ellos saben quién entra, quién sale”, por tanto “saben quién saca las joyas”.

Dos entrevistados señalaron que estos bienes muchas veces, antes de ser vendidos, pasan por restauradores y anticuarios dentro del país. La investigadora Cristina Bubba sostuvo que los anticuarios y los restauradores “son los que de alguna forma tienen relación” con el tráfico de patrimonio.

Recordó que en 1999, con la intervención a la casa de un diplomático peruano, que se conoció como el caso Díaz-Scobry, donde se recuperó casi 269 piezas, días antes se corrió el rumor de que a la embajada del Perú “llegaban cuadros”.

“De casualidad, en una reunión de museos, oí a una restauradora de arte decir que algo raro pasaba en la embajada del Perú, que le llegaban cuadros, y que no digamos nada. Pero en una intervención la Policía incautó una gran cantidad de cuadros coloniales que eran sacados de Bolivia por vía terrestre”, apuntó.

Lupita Meneses agregó que “con seguridad debe haber este patrimonio en los anticuarios” porque no hay un control y registros sobre ellos. “Ni en la Alcaldía tienen registros de los anticuarios, de galerías de arte, donde puedan ser comercializados estos bienes”, manifestó.

Para Milton Eyzaguirre, la falta de control de las autoridades hace que el patrimonio cultural boliviano sea comercializado en conocidas calles de La Paz sin que se haga algo al respecto. “Sin ir muy lejos, uno va a la calle Sagárnaga y nadie hace el control, hay piezas prehispánicas ¿Quién hace el control?”, cuestionó.

De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Jurídica del Ministerio de Culturas, de 1964 a agosto de 2014 ocurrieron 316 robos a centros eclesiásticos con una pérdida total de 2.053 piezas. En 1999 se registró la mayor cantidad de robos, 20 en total, con la sustracción de 83 piezas. Si bien en 2007 ocurrieron solo 8 robos, fue el año en que se sustrajeron la mayor cantidad de piezas: 208.

Lupita Meneses dijo que Bolivia, al ser un país muy rico en bienes patrimoniales, no es ajena a ser víctima de redes internacionales del tráfico ilícito que son abastecidas por bandas locales.

“En el Ministerio tenemos una cuantificación de robos denunciados desde 1964. Una de las épocas más duras de esto fue en 1999 cuando se sucedieron alrededor de 20 robos. A partir de ahí hubo una acción muy importante de parte de la Policía y la Fiscalía que interceptaron un caso de comercialización ilícita de bienes culturales, tanto boliviano como peruano, y donde se pudo tomar presas a varias personas que estaban implicadas; a partir de eso fue que disminuyó este saqueo a los bienes culturales”, apuntó.

Señaló que en 2013 sucedieron 15 robos a iglesias del área rural en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro, con un total de 123 piezas sustraídas. “Los bienes que son más susceptibles de robos son las pinturas, luego en gran medida la platería y las joyas, y también algunas esculturas. El interés del robo de estas obras es la comercialización”, remarcó.

Hasta agosto de 2014, se registraron dos robos: el primero fue en Jesús de Machaca, en la provincia Ingavi, y el segundo en la iglesia de Yotala, en el departamento de Chuquisaca. En ambos casos los ladrones sustrajeron artículos de plata.

Meneses precisó que los robos ocurren más en el área rural de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, donde las iglesias están más alejadas, y los bienes culturales no tienen la seguridad necesaria. Agregó que también afectó el tema de la migración, que dejó a muchas poblaciones con pocos habitantes.

En los 50 años de registro de robos de casos denunciados, el Ministerio de Culturas contabilizó la pérdida de 795 cuadros de pintura colonial eclesiástica, 958 piezas de platería, 138 joyas, 85 esculturas, 34 retablos, 35 muebles y 8 tejidos.

Por esas denuncias actualmente hay 16 procesos judiciales y ninguna sentencia. La recuperación de los bienes hasta el momento llega a 120 piezas: 79 cuadros, 11 esculturas, 11 piezas de platería, 8 retablos y 11 marcos tallados.

La falta de registros y catalogación es una debilidad que deben afrontar las autoridades. Se estima que los artículos robados superan la cifra mencionada porque no se tiene un registro de todo el patrimonio cultural eclesiástico. Meneses mencionó que de 1975 a agosto de 2014 solo se logró registrar un 40%, como máximo, de todo el patrimonio cultural eclesiástico.

Los casos emblemáticos son varios a decir de los entendidos. Susana Inch menciona uno que ocurrió en la Arquidiócesis de El Alto y La Paz con el robo a la iglesia de Copacabana. El lamentable hecho sucedió el 22 de abril de 2013.

Según la versión policial los ladrones cometieron el delito entre las 02.00 y 05.00 de la madrugada. Ingresaron por la parte posterior de la basílica y rompieron los vidrios de una ventana para llegar al camarín donde se hallaba la imagen de la Virgen. Se llevaron 27 piezas de su indumentaria.

Otro de los casos que conmocionó a los círculos de expertos en patrimonio fue la incautación, el año 1999, de 269 piezas patrimoniales en el departamento del agregado cultural del Perú, Pedro Díaz, quien en complicidad con el francés Dominique Scobry, acopiaron las piezas con la intención de sacarlas del país para su comercialización.

Lupita Meneses indicó que en este caso se llegó a una sentencia de seis años de cárcel para el francés, quien luego de pasar un tiempo en prisión escapó.

“Nosotros verificamos toda la procedencia de estos bienes y gran parte no estaban catalogados, pero 12 cuadros coloniales pertenecían al patrimonio peruano y se devolvió; otro grupo de siete cuadros provenían de las iglesias de La Paz y Oruro”, indicó.

Para Milton Eyzaguirre, el tráfico de tejidos de Coroma a Canadá y Estados Unidos, en 1988, protagonizado por Roger Yorke, fue uno de los hitos en la exportación ilícita de patrimonio cultural.

Yorke fue comprando piezas antiguas principalmente por el norte de Potosí. Detenido en Canadá, se le inició un juicio amparado en las normas internacionales que protegen el patrimonio cultural.

“Tuvo un final medio feliz porque se recuperaron 400 piezas de las 2.000 que sacó, a las otras les entró polilla. Son piezas en tejido. Esto ocurrió a raíz de la denuncia de la comunidad de Coroma. Ellos decían que sus ancestros vivían en sus tejidos y es por eso que pedían la devolución”, recordó el especialista.

Yorke fue declarado culpable de haber introducido ilegalmente bienes culturales en Canadá y fue condenado a pagar 10.000 dólares canadienses, y a dos años de libertad condicional. La apelación presentada en contra de esta decisión fue rechazada.

La carencia de registros es una gran debilidad que permite en gran medida la pérdida de material patrimonial eclesiástico. La asesora jurídica de la CEB señaló que si bien existe un inventario, no es propio de la Iglesia porque se requiere cierta experticia con la que no cuentan.

“Se necesita no solamente gente entendida en el valor cultural, sino joyeros, gente que conoce el valor; el Ministerio de Culturas lo tiene, realiza inventarios periódicos y la Iglesia ha facilitado estas valoraciones”, dijo.

Cristina Bubba criticó que si bien el Ministerio de Culturas cuenta con un registro parcial, este no es distribuido entre los municipios, las gobernaciones y las iglesias, para que conozcan y controlen las piezas en su haber.

Desde 1975, con la creación del Instituto Boliviano de Cultura, entró en vigencia un centro de catalogación y documentación, señala Lupita Meneses. “Desde esa época se comenzaron a hacer los registros, los inventarios, la catalogación, especialmente en esta área de bienes culturales eclesiásticos”.

A partir de esa fecha las autoridades del sector fueron optimizando sistemas informáticos para registrar los bienes más susceptibles de robo como las pinturas, esculturas y platerías. Meneses precisó que aproximadamente un 40% del patrimonio histórico eclesiástico fue registrado.

Anunció que muy pronto entrará en vigencia un nuevo sistema de registro del patrimonio cultural, material e inmaterial, a nivel nacional, que permitirá a las gobernaciones y a los municipios acceder a los registros e incluir los suyos.

“Como Ministerio de Culturas estamos elaborando este instrumento metodológico para su implementación a nivel nacional a través de las gobernaciones y municipios, para que a partir del trabajo que hemos realizado pueda ir cada región haciendo sus propios inventarios y sus propios registros en línea”, manifestó.

Meneses agregó que las gobernaciones y los municipios deberán incluir en su Plan Operativo Anual (POA) el presupuesto para el registro de los bienes de las iglesias y los sitios arqueológicos.

El llamado proceso de descolonización que impulsa el Gobierno es otro factor que afecta al patrimonio cultural eclesiástico a decir de los entendidos. Milton Eyzaguirre indicó que con estas ideas los templos van siendo postergados de forma paulatina bajo el discurso de que “la colonización hizo mucho daño”.

“Están tratando de eliminar las influencias extrajeras católicas y por eso no le están dando importancia; por ejemplo, estábamos enterados que iban a derrumbar la iglesia de Achacachi e iban a construir otra nueva, entonces todo ese material que forma parte de lo colonial se iba a destruir. Evidentemente lo colonial nos ha hecho mucho daño pero forma parte de nuestro pasado, aunque no queramos reconocerlo está ahí presente”, manifestó.

Muestra de la aplicación de esta corriente es que en algunos lugares están cerrando las iglesias, dijo. Agregó que esta situación se evidencia en las iglesias coloniales de Caquiaviri y Carabuco, en el departamento de La Paz, y en Pampa Aullagas y Carangas, en el departamento de Oruro, donde “existe un gran descuido de los templos”.

Para la investigadora Cristina Bubba esta situación trató de afectar a la Iglesia porque surgió un rumor de que el patrimonio histórico y el patrimonio artístico no deberían estar considerados en la categoría de la ley “por la idea que se tiene de la descolonización”, sin embargo llegaron a entrar en la Ley 530.

“Hay algunas personas que piensan que este patrimonio es producto de la invasión y, por tanto, tiene un tinte ideológico de colonización que recuerda a la colonia, a la invasión, que recuerda a ese momento de shock cultural. Hay tendencias, pero todavía esas tendencias no han llegado a ser tan fuertes para que vayan en desmedro de la conservación de patrimonio. Son voces que se oyen pero no como políticas todavía”, indicó.

Pese a que Bolivia ya cuenta con una ley que define qué es patrimonio, existe una “falta de respeto” al mismo de parte de las autoridades, sostuvo Bubba. La investigadora indicó que por una parte el Gobierno dice defender el patrimonio cultural y por otra parte lo destruye. Advierte una contradicción en el discurso gubernamental.

“Han tumbado el edificio detrás del Palacio de Gobierno (casa Alencastre), pero la Ley del Patrimonio 530 y otras de antes dicen que es prohibido destruir bienes que son patrimonio cultural”, lamentó.

“El Palacio de Gobierno es patrimonio, el Legislativo es patrimonio, pero destruyes una casa patrimonial al lado para construir un edificio de 22 pisos y hacer la Casa del Pueblo, donde habrá una pista para un helicóptero; entonces esas cosas reflejan cuál es la idea del Estado con relación al patrimonio. Yo no sé si les interesa mucho”, expresó.

El director del Museo San Francisco, José Luis Ríos, también protestó por la forma “inconsecuente” y “alejada de la ley” del actuar del Gobierno. Dijo que es difícil que la gente aprecie y quiera su patrimonio si es que los llamados a hacerlo respetar son los primeros en quebrantar la norma.

“Hemos visto cómo hace poco se ha destruido la casa Alencastre y pese a que hace corto tiempo se ha promulgado la Ley del Patrimonio. Si las autoridades no nos dan el ejemplo obviamente los ciudadanos no crean esa conciencia. En muchas cosas el mal ejemplo es el que cunde (…) en Bolivia en general aún no hay una alta conciencia para cumplir las leyes”, reprochó.

Bubba agregó que si bien ahora se destina mucho más dinero que antes a las instancias que tienen que ver con el patrimonio, “se invierte más en arte, promoción de llegada de cantantes de afuera, apoyo a películas”, y no de forma efectiva para el cuidado y conservación del patrimonio cultural.

El 23 de mayo el Gobierno promulgó la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano. La ley busca precautelar el patrimonio cultural e iniciar un proceso de registro de los bienes, sin embargo presenta algunos vacíos legales que pueden ser aprovechados por los traficantes del patrimonio cultural, advirtió Cristina Bubba.

“La nueva Constitución Política del Estado no prohíbe la exportación del patrimonio, y pensamos que esta carencia iba a ser cubierta por la nueva Ley 530 de Patrimonio. Antes de esta ley nos hemos basado en el Decreto Supremo 05918 de noviembre de 1961 que habla de las prohibiciones de exportación de todas las categorías de patrimonio tangible”, indicó.

Si bien la Ley 530, agregó Bubba, habla de la prohibición de la exportación ilegal del patrimonio cultural, esta medida sólo alcanza al patrimonio arqueológico, paleontológico y subacuático, y deja desprotegido al patrimonio eclesiástico.

“Desde mayo de este año por primera vez en la historia de Bolivia en lugar de poner medidas más fuertes ante el saqueo que es constante, lo que hace la nueva Ley de Patrimonio es abrir una puerta a la exportación ilícita del patrimonio cultural”, advirtió. La investigadora espera que la reglamentación de la Ley cubra este vacío.

Otro problema que identifica Bubba es que la Ley 530 no define el año de referencia para que un bien sea considerado patrimonio cultural. Indicó que el Decreto Supremo 05918 era claro al respecto. “La anterior norma decía que los muebles, edificios, anteriores a 1900 no se pueden destruir ni exportar, 1900 era la fecha, la nueva Ley no tiene fecha, entonces no tenemos un referente”.

La nueva Ley de Patrimonio tampoco tiene definidas las funciones de los gobiernos municipales, departamentales y autonomías indígenas con relación a la custodia del patrimonio cultural, a pesar de que la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías las define.

“Imagino que eso se va a reglamentar y van a ser los gobiernos autónomos los que de alguna forma van a tener más responsabilidad con la custodia del patrimonio cultural, pero la única forma de cuidar ese patrimonio es teniendo un inventario del patrimonio, por eso me imagino también que este inventario centralizado que tiene el Estado, completo o no, tendrá que ser descentralizado a estos lugares, con participación de la iglesia además, aunque en muchos templos ya no hay nada”, expresó.

Además de la normativa nacional, el patrimonio cultural se encuentra protegido por leyes internacionales como la Convención de la UNESCO de 1970, el Convenio de Unidroit de 1995 y la Decisión 588 que se enmarca en la Comunidad Andina (CAN). Estos mecanismos posibilitaron que Bolivia recupere algunas piezas robadas que fueron identificadas en el extranjero. Bolivia, como firmante de estos acuerdos, amplía su radio de acción para proteger su patrimonio, sin embargo esta situación está enmarcada en el aspecto legal y formal y funciona de manera efectiva si los bienes patrimoniales del país fueron registrados con anticipación.

Mientras que Bolivia no termine de inventariar y catalogar todo su patrimonio, seguirá expuesta a robos y saqueos sin la certeza para reclamarlos. En tanto, las bandas del tráfico de patrimonio seguirán poniendo su mirada sobre Bolivia, como un destino de fácil acceso, ya que la ausencia de registros, en algunos casos la falta de voluntad política de las autoridades, el frágil control en las fronteras y la poca valorización de la cultura, son condiciones que facilitan para que el patrimonio del país se escurra por sus fronteras.