Violencia sexual en colegios: solo 2 de 62 casos tienen sentencia

Cuando Cinthia (nombre ficticio), de ocho años, se identificó con el personaje en un programa de televisión lloró y decidió no callar más. Confesó a su madre la violación que sufrió de parte de su profesor Santiago Q. M., de 40 años, en su escuela de Chahuira Chico, en Achacachi, La Paz.

La menor no fue la única víctima del agresor. En la entrevista psicológica con la profesional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) contó que otras compañeras también sufrieron daños. “Este profesor dio clases a la niña desde 1º hasta 4º de primaria. Tendría hasta cuatro víctimas más, pero para no tener represalias no lo denunciaron. El Ministerio Público lo iba a aprehender, pero fugó y sigue la búsqueda”, señala María Eugenia Conde, psicóloga y responsable de la DNA de Achacachi, a 93 kilómetros de la sede de gobierno.

De acuerdo con datos de la Dirección Departamental de Educación de La Paz (DDE), desde 2009 a mayo de 2015 fueron reportados 62 casos de violencia sexual en unidades educativas paceñas. De la cifra, 20 corresponden a las áreas urbanas de La Paz y El Alto, y 42 a las rurales. Entre los municipios que más casos registran están Achacachi, con seis denuncias; Guaqui, con cinco y Caranavi, con cuatro.

A pesar que a los agresores sexuales, la mayoría profesores, se los denuncia y el Ministerio Público sigue procesos judiciales, hasta mayo de este año solo dos fueron enviados a la cárcel con condenas, el resto dilató el juicio, llegó a un acuerdo extrajudicial o la parte acusadora dejó el caso (ver infografía). Esta situación se debe a seis factores que propician la impunidad, como la retardación de justicia, falta de recursos, acuerdos entre la familia y el acusado, insuficiencia de pruebas, fuga de los implicados y desconocimiento de las normas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

Cinthia contó que el profesor le pedía que lo acompañara a llevar las carpetas a su cuarto —un ambiente que era usado por el educador al interior de la escuela—, mientras sus compañeros se quedaban en el aula. Actualmente, ella estudia en otra unidad educativa fuera de su comunidad y todavía no se recupera de la agresión.

Los datos de la dirección departamental refieren que en los 62 casos, los menores fueron víctimas de violaciones sexuales, estupro (según el Código Penal boliviano son las relaciones sexuales con un menor de edad mediante seducción o engaño), toques indebidos, acoso sexual y abuso deshonesto (actos libidinosos).

El Código Penal señala que el que cometiera violencia sexual contra un menor de edad recibirá de 20 a 25 años de prisión y si existe muerte, hasta 30 años. Sobre el abuso sexual, la pena es de 10 a 15 años;  estupro, de dos a seis; y abuso deshonesto, de uno a tres años. El caso se agrava con cinco años más si el causante es el profesor.

“Hacemos un estricto seguimiento para que se hagan las acciones (penales), que el profesor sea castigado y que también se evite su fuga. En área desconcentrada (rural) se cometen más (delitos) y en área concentrada (ciudades de La Paz y El Alto) los casos son menores”, dice a Informe La Razón el director de la DDE, Basilio Pérez.

Sobre las sentencias, en el ámbito nacional de 16.000 casos de agresión física, sexual y sicológica que se ejercen anualmente contra infantes, niños y adolescentes en las escuelas, calles y en la familia, el porcentaje del sistema judicial sobre las sentencias condenatorias es del 0.04%, afirma Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz. “Es decir que hay total impunidad, ya que de cada 1.000 casos que se presentan ante el Ministerio Público, cuatro tienen sentencias”, dice.

El parágrafo II del artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. El inciso b) del artículo 151 del  Código Niño, Niña y Adolescente señala como forma de violencia en el sistema educativo “ a cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder de (…) maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales que prestan servicios dentro de una unidad educativa y/o centro contra las o los estudiantes”.

DENUNCIAS

En otro caso, la Dirección Departamental sigue un proceso ordinario —de los 62 que lleva adelante— contra un profesor de primaria de 57 años, quien fue acusado de haber abusado sexualmente a una menor de 13 años, desde que tenía ocho, en una unidad educativa de Copacabana, en la provincia Manco Kápac. “Cada vez que cometía el delito, este maestro le entregaba dinero, hasta Bs 10, porque sabía que era pobre”, señala el responsable de la parte jurídica, Jacinto Mendoza.

Los datos de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación señalan que desde agosto de 2012 —cuando se aprobaron los Decretos Supremos 1320 y 1302 que tienen el objetivo de erradicar la violencia en el sistema educativo— a marzo de 2015, en el departamento de La Paz se registraron 51 casos de agresiones sexuales en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP). Los datos incluyen además tentativas de violación y actos sexuales abusivos. “En el campo existe más denuncias que en la ciudad”, confirma Franz Cortez, jefe interino de la unidad.

El encubrimiento es otra de las características. Según la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (Anni Bolivia), tres profesores de una escuela de la población de Mocomoco, en la provincia Camacho, agredieron sexualmente a sus alumnas. Entre las víctimas, una tenía nueve años, otra 14 y una tercera quedó embarazada.  “El director distrital de la comunidad dice que no tiene datos sobre este tema. Es que hay un encubrimiento al interior de estas unidades educativas”, señala la coordinadora de la entidad Julia Velasco.

“Uno de los profesores ingresó a esa unidad educativa en 2010, otro en 2013 y uno más en 2014; y tenemos conocimiento de que (este último) continuaría trabajando. Lamentablemente la denuncia se ha mantenido al interior de la comunidad y la distrital. El abuso sexual contra ellas se está dando con mucha frecuencia y bajo un velo de mucha impunidad, especialmente en áreas rurales”, prosigue.

 Según Velasco, en algunos casos los padres de familia llegan a encubrir al acusado u ocultan el hecho, ya que son presionados por las autoridades de la comunidad, “porque el profesor trabaja muchos años en ese colegio, no quieren perjudicarlo, está a punto de jubilarse o piensan en el qué dirán en su población. En otras historias, la única sanción que ha recibido el profesor es un chicotazo por parte de las autoridades originarias del lugar”, revela.

Renán Selis, fiscal de la provincia Omasuyos, informa sobre la denuncia de Candelaria Ch., madre de una adolescente de 16 años que habría sido abusada por un estudiante de la normal Omar Ch., de 23 años, —que estaba a un año de terminar sus estudios— . La menor es acosada y está a punto de ser expulsada de la comunidad de Pacharía.  La supuesta violación sucedió en febrero. “El hombre sería uno de los buenos comunarios, que cumple los usos y costumbres. Y hoy en día, la víctima está siendo sometida a una violencia sicológica”.

El jefe interino de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación señala además que existen directores también imputados, tras descubrirse que “cubrían” y eran cómplices de los agresores. Incumplían sus funciones por no denunciar.

Para erradicar todo tipo de violencia en las unidades educativas, el 1 y 8 de agosto de 2012 respectivamente, el Gobierno promulgó los Decretos Supremos 1302 y el 1320. El primero obliga al personal de la DDE y del Ministerio de Educación a denunciar los casos de abuso y coadyuvar en la acción penal ante el Ministerio Público hasta su conclusión. El segundo determina la suspensión de funciones, sin goce de haberes, a maestros y administrativos que enfrenten una imputación formal por atentar contra la vida o integridad de sus estudiantes.

Cuando se conoce de un caso de agresión sexual, los directores de los colegios deben informar a la Dirección Distrital y ésta a la Dirección Departamental, que puede iniciar la denuncia. Los padres de familia u otras personas también pueden denunciar ante el Ministro de Educación.

Adrián Colque, de la Confederación de Maestros de Bolivia, condena los actos de violencia sexual, sin embargo señala que en algunos casos, las denuncias son falsas. “Efectivamente en el sector educativo se han presentado esos casos, condenamos esa actitud de desviación que han tenido algunos compañeros y se debe aplicar la mayor sanción posible, pero no por eso se puede tipificar a todos, porque hay denuncias infundadas”, señala.

Como ejemplo, relata que en 2014 en Sucre se acusó a un docente por el delito de violación a un niño, pero se comprobó su inocencia.  “Quedó desacreditado y satanizado ante la comunidad, estuvo en la cárcel y hasta se quedó sin trabajo. La hermana del niño inventó la historia”.

En Bolivia hay 16.000 unidades educativas fiscales y unas 4.000 particulares, según el Ministerio. A la fecha solo se conoce la denuncia en un colegio particular, dice Cortez. “Tenemos más casos en escuelas públicas porque son nuestros dependientes”. La presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop), Isabel Zotez, asegura que en los 350 colegios  que están afiliados en todo el país no se registró denuncia de este tipo de abusos.

Sin embargo, a fines de julio de este año, se registró un caso en un colegio privado de la zona Sur, de La Paz, que derivó en la aprehensión de Julio A. Q, de 46 años, quien fungía como guardia de seguridad y fue acusado de acosar a través del Facebook a una alumna de 15 años.

La violencia sexual en general no tiene distinción de clase social, de ingreso económico ni de nivel de instrucción, afirma Jaquelín Butrón, presidenta de la Red Departamental de Protección a la Niñez y Adolescencia  para una vida libre de violencia sexual —que forma parte de la red nacional, creada en  2012—. “No hay límites, se da en todos los estratos sociales y se da en los colegios particulares”. El objetivo de la red es apoyar en la protección integral de los menores de edad sensibilizando a la sociedad.

Una de las denuncias que registra la DNA del municipio de La Paz, es la de un profesor de 35 años que trabajaba en un colegio particular y fue imputado por el delito de estupro. Enamoró a dos alumnas del mismo enviándoles mensajes de texto con invitaciones para salir. Ellas desconocían sus intenciones. El autor confesó el hecho y ahora es sometido a un proceso abreviado.

El 15 de julio Informe La Razón estuvo en Achacachi para verificar la situación de los casos de violencia sexual en la región, ya que según la Dirección Departamental es el municipio de La Paz que presenta más denuncias. La DNA reportó cuatro casos, como el de Lucía, una adolescente de 17 años quien fue vejada sexualmente en una fiesta por su maestro Omar CH. Q., de 24 años, cuando ella buscaba un baño. El hecho pasó en la comunidad Pacharía. El educador se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, de La Paz, a la espera del juicio.

Las consecuencias de los abusos sexuales no solo son conductuales, sociales y emocionales, las víctimas también quedan embarazadas.  Misión Internacional de Justicia (IJM), que trabaja con víctimas menores de edad, informa que 2007, una menor de 14 años dio a luz a su primogénito, el padre era su maestro. Luego de comprobar con una prueba de ADN la paternidad, fue sentenciado a prisión. La abogada de IJM, Alejandra Cámara dice que para no “manchar” la reputación del colegio, en varios casos, los representantes de la unidad no se hacen presentes en el proceso, solo la parte jurídica del Ministerio de Educación.

“Hemos tenido casos en los que el mismo director realiza un informe a requerimiento fiscal y señala que es imposible que el hecho haya ocurrido en el establecimiento, (dicen) sus cursos tienen ventanas grandes y no hay cortinas. Quitan la credibilidad a la niña por el hecho de guardar la imagen de sus unidades educativas”, explica.

CAUSAS

Al menos existen seis causas que llevan a que los maestros agresores gocen de impunidad, según la DNA, Defensor del Pueblo, e instituciones y ONGs que trabajan con las menores de edad. Se trata de la retardación de justicia ; la falta de personal y equipamiento para la investigación en regiones alejadas ; los “acuerdos económicos” entre el agresor y la familia de la víctima, y la protección que recibe el acusado; la falta de pruebas para comprobar las denuncias de tentativas de violación y toques impúdicos; la huida del profesor y la falta de seguimiento a las denuncias ;  y la falta de dinero y de conocimiento sobre leyes de la familia de la víctima .

En la primera traba, a pesar de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal —30 de octubre de 2014—,  Cámara afirma que el proceso para enjuiciar y sancionar a un agresor sexual tarda hasta seis años normalmente, desde la denuncia de violación hasta la sentencia final. El Código de Procedimiento Penal establece cumplir varias etapas investigativas, dice además el abogado de la DDE.

La primera es la etapa preliminar en la que se acumulan todos los indicios (examen médico forense, examen pericial sicológico y otros) para establecer si el maestro tiene responsabilidad. En caso de ser así, es aprehendido y el fiscal ordena alguna medida cautelar, como detención preventiva, domiciliaria y otros. Con la etapa preparatoria,y  la imputación formal, se realiza la reconstrucción de los hechos, la inspección ocular, declaración de los testigos y otros, para comprobar si tuvo culpabilidad o no.

En la etapa intermedia se revisa la documentación obtenida para comprobar la veracidad. Posteriormente se inicia el juicio oral y luego se emite la sentencia final condenatoria o absolutoria. Existe la posibilidad de que en el transcurso de las etapas judiciales no se cumplan los plazos establecidos, por lo que el Ministerio Público pide una prolongación. “Este proceso judicial debería llevarse lo más pronto posible, pero en la Dirección Departamental hay casos desde 2011, 2012 y 2013 (que no tienen sentencia). Hay retardación de justicia y ello evita que haya la celeridad correspondiente”, explica el abogado Cortez.

“La etapa preliminar debe durar de 20 a 40 días y la etapa preparatoria seis meses, pero duran más tiempo. Por otro lado, la etapa intermedia para la audiencia conclusiva lleva hasta 10 meses, incluso hay casos que llevamos cuatro años sin poder llegar a esta audiencia conclusiva”, dice Cámara. La retardación también se presenta cuando el acusado acude al derecho a una apelación que puede tardar de seis meses a un año. Con el recurso de casación y al ser enviado el caso al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, se suma más tiempo.

Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en la reforma del Código Penal para acelerar los procesos de sentencia. “La idea es acortar todos esos plazos incidentales, apelaciones suspensiones y demás”, declara a este diario el viceministro de Justicia, Diego Jiménez.

Un caso de violación con muerte y que tardó 15 años en el sistema penal, fue el de la niña Patricia Flores, cuando tenía 10 años, en 1999. El 20 de agosto de 2014, por tercera vez fue hallado culpable Odón Mendoza, exregente de la escuela Vicenta Juaristi Eguino, donde estudiaba la menor y fue hallada sin vida. En todo ese tiempo, diez jueces conocieron el proceso.

A la retardación procesal, en las comunidades del área rural se suma la falta de un fiscal para cada municipio y otro para las unidades policiales, como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) —en el país hay 84 oficinas de la FELCV distribuidas en las ciudades capitales y provincias—, además de equipamiento para recabar pruebas contundentes y buscar a las víctimas como a los acusados, lo que constituye en el segundo obstáculo que dificulta la defensa de las víctimas .

En Achacachi, Informe La Razón evidenció que mientras en la DNA se contaba con una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para atender los casos, el personal gasta de sus recursos para trasladarse hasta las comunidades para realizar la investigación. En otro de los casos, una adolescente de 15 años, de la comunidad Carmen Belén, también en Achacachi, denunció a su profesor de abuso sexual. Sin embargo, cuando se la citó no se apersonó. Raúl Quinchaca, abogado de la Defensoría, señala que esto dejó el caso impune.

“Le pedimos que vuelva para entrevistarla, porque en un principio manejó la versión de que fue secuestrada y abusada por cuatro jóvenes y luego acusó al profesor. No vino más, tampoco creo que haya ido al médico forense”, dice por su parte la trabajadora social Beatriz Chamaca. La psicóloga manifiesta que si la Defensoría contara con un vehículo, podría ir hasta la comunidad a buscar a la joven. Un taxi les cobraría más de Bs 100 por el viaje de ida y vuelta.

En la FELCV de Achacachi se informa que hace falta personal, ya que actualmente trabajan dos policías por turno (por cada semana), con un motorizado, porque los casos que mayormente investigan suceden en las comunidades o cantones alejados del municipio.

El alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, señala que no recibió ningún informe al respecto y gestionará la compra de otro vehículo. Sobre los casos de abuso, pedirá un informe a la DDE y trabajará en la prevención y seguridad de los estudiantes con la implementación de cámaras de vigilancia. Además, conformará una guardia municipal.

En el municipio de Caranavi (en la región de los Yungas) no hay sicólogo hace más de ocho meses; y el único fiscal que existe atiende, además, casos de Mapiri, Palos Blancos, Guanay y Tipuani. Esto impide que se actúe con celeridad y es difícil ubicarlo. “Estamos sin valoraciones sicológicas. Es una situación muy grave porque es prueba consistente para lo que es el proceso legal. Tenemos bastante carga procesal, necesitamos por lo menos dos fiscales. el que tenemos viaja hasta estos lugares y cuando estamos en juicios orales no hay quien lo supla”, reclama Francisco Rodríguez, abogado de la Defensoría de la Niñez.

El tercer impedimento para procesar y sancionar a los agresores sexuales  es el “acuerdo económico” entre la familia de la víctima y el acusado, así se evita el proceso judicial. No existe un registro de los acuerdos extralegales entre ambas partes  en La Paz. Cuando los padres de la estudiante firman el desistimiento, se niegan a declarar, no se procede a la reconstrucción del hecho, ni a la inspección ocular por parte de la Fiscalía y al no haber elementos suficientes no se determina la autoría del agresor.

“Se ha intentado hacer acuerdos, de dinero y terrenos, pero eso no ha prosperado”, asegura Basilio Pérez,  director Departamental de Educación. “Generalmente estos acuerdos se presentan en el área rural . Tuve noticias de que se paga de Bs 2.000 a Bs 3.000. Lastimosamente hay padres que consideran que el daño está hecho y quieren algún resarcimiento. Alguna vez un agresor ofreció una motocicleta a un padre de familia. Al no conocerse la denuncia, no  nos enteramos en el Ministerio”, señala además Carlos Echazú, jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación.

 Misión Internacional de Justicia (IJM) trabajó en un caso en La Paz, en el que el agresor sexual estaba en proceso judicial, sin embargo la adolescente, que quedó en gestación no se presentó más ante la Fiscalía, porque el acusado le ofreció dinero y manutención para el bebé. En Caranavi, un violador ofreció Bs 35.000 a una familia como resarcimiento del daño. La víctima tenía 14 años y la violación sucedió en febrero de este año, ella iba de regreso de su escuela a su casa junto a un amigo. Tras la imputación, la justicia ordenó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pero el caso fue abandonado por la familia.

“Estamos en juicio oral y no podemos notificar ni a la madre ni a la hija, porque sin víctima no hay sentencia. Mi temor es que él salga en libertad con sentencia absolutoria. La noche de la violación, el agresor la amenazó con un arma blanca”, dice Rodríguez, del IJM.

La agresión sexual no solo comprende la violación, también es considerado un delito los toques indebidos a una estudiante, aunque la verificación se constituye en el cuarto obstáculo para hacer valer los derechos de los escolares. Echazú señala que es difícil demostrar dicha agresión con el examen médico forense.  En la comunidad de Irama Belén, en Achacachi, la madre de una niña de 11 años, denunció a la DNA que el profesor Juan Ch., de 27 años, intentó abusarla en el mismo colegio en más de cinco oportunidades. La psicóloga María Eugenia Conde contó que el sujeto  la llevaba a un lugar donde había aulas abandonadas. “Tu mamá te está esperando por allá, vamos”, le decía.

“El Ministerio Público nos ha rechazado (el caso), supuestamente porque no hay pruebas. Hemos hecho un informe pericial, y el informe sicológico. Según el forense, como no hubo violación, no hubo acceso carnal, y la Fiscalía se basó en eso. Me parece que el profesor continúa trabajando”, dice. La niña se retiró de esa escuela.

Para evitar la confrontación con la familia de la víctima, con autoridades de la unidad educativa y, principalmente, para no recibir sanciones penales, el agresor sexual fuga del lugar, lo que supone la quinta causa que genera la impunidad.

El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez, contó a Informe La Razón que en 2010, una estudiante de 15 años denunció que fue violada por el director de su colegio en la zona Sur.  El acusado escapó al saber que fue denunciado. Ahora, da clases en tres colegios de El Alto. La estudiante estaba bajo el cuidado de sus tías, porque sus papás radicaban en Argentina.

El sexto factor que impide proteger a las víctimas y sancionar a los agresores se presenta principalmente en el área rural y se debe a que los padres de las menores que sufrieron abuso sexual, viven en comunidades muy alejadas o no conocen ni entienden sobre las normativas sancionadoras y abandonan los procesos. En otras situaciones, la falta de recursos económicos les impiden continuar, según informan Anni y la ONG Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia (Sepamos).

PROCESOS

Cuando un profesor es denunciado por violencia sexual, se le siguen dos procesos, uno disciplinario y/o administrativo y otro ordinario. Según el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio 212414, se considera “falta muy grave” a la violencia sexual hacia los estudiantes.

Los procesos administrativos son realizados por tribunales conformados por un presidente, un fiscal promotor, un secretario y un actuario, que pueden ser los padres de familia, el director distrital o personal administrativo. En la vía penal, cuando el profesor es imputado por un fiscal, es suspendido sin goce de haberes, y en caso de una sentencia se lo retira definitivamente.

“Por faltas muy graves y al tener pruebas fehacientes del médico forense, se lo puede destituir definitivamente del magisterio”, dice Cortez, de la Unidad de Transparencia.

Esta cartera de Estado también cuenta con el Registro Docente Administrativo (RDA) que observa al acusado. Los colegios deben basarse en este informe para evitar su contratación.

Los menores de edad no solo son víctimas de los profesores de escuelas, también de instituciones de enseñanza deportiva.  La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de La Paz informa sobre procesos penales contra dos profesores, uno de artes marciales, por estupro contra una alumna; y otro contra un profesor de una escuela de fútbol. Manuel Rojas, encargado de la unidad jurídica, informa que en el primer caso, el instructor, de 35 años, enamoró a su víctima de 15 años para tener relaciones sexuales. El hombre se encuentra detenido preventivamente. En la segunda denuncia, un niño de nueve años fue agredido sexualmente en una conocida institución deportiva.

La abogada Cámara, del IJM, señala además que atienden casos en los que las estudiantes se convierten en víctimas de sus compañeros de curso o colegio, fuera del establecimiento educativo y cuando existe el consumo de bebidas alcohólicas.