Juan Francisco Gonzales Urgel
En democracias de calidad donde los escenarios libres, competitivos, con actores en igualdad de condiciones y equidad de recursos están garantizados por una institucionalidad imparcial; optar positiva o negativamente por un cambio en la Constitución o modificar las relaciones entre la sociedad y el Estado constituye un hecho singular, de importancia capital, y del cual ningún ciudadano puede mantenerse al margen.
La información, la discusión y la diversidad de posiciones son indispensables para enriquecer el debate y generar legitimidad.
En las democracias nominales o “democracias electorales” se concurre con los derechos políticos y civiles limitados por la presencia del poder gubernamental que usa los recursos públicos para posicionar un solo punto de vista. El proceso se deslegitima por la falta de equidad en el acceso de los actores a los medios, y de los electores a la libre información. El elector desinformado vota sin elegir, en círculo vicioso de plebiscitos cuyas reglas y tiempos los dicta el poder de turno.
No es otro el contexto que el partido de gobierno ha venido construyendo para realizar una modificación de la actual CPE con el claro objetivo de lograr la reelección indefinida de Evo Morales y la profundización de sus intentos por establecer un partido único.
Tal como lo dice la ley correspondiente, de ser validada la enmienda constitucional por un referendo obligatorio, sería aplicada de forma inmediata. Ello implica desacato al principio de irretroactividad de las leyes inherente al “respeto y vigencia de los tratados y convenios internacionales” que recoge el texto constitucional en los Art. 13, inciso IV; Art. 410, inciso II, y otros. La desobediencia a este precepto de vigencia universal -convertida en jurisprudencia de rango constitucional y aplicada en diferentes espacios de la vida nacional- terminaría con nuestra menguada democracia y el resto que aún subsiste de nuestro Estado de Derecho.
Salir al paso y modificar el escenario diseñado a la medida del proyecto personal de poder de Evo Morales y el MAS, constituye una empresa que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad.
En la práctica, no es suficiente enfrentar el desafío sólo con voluntarismo, como un coro de voces dispersas o sumatoria de voluntades aisladas. Se precisa de articuladores con experiencia y capacidad de unificar propósitos, dar estructuras ordenadoras y coordinar acciones. En esta suma de voluntades no sería inteligente prescindir del know how de los líderes políticos. Hay allí experiencia para motivar energías; hay un público históricamente acumulado –y comprometido- listo para movilizarse en organizaciones funcionales y territoriales.
Para la sociedad civil es oportunidad de medir la madurez de las organizaciones políticas, y para éstas, ocasión de innovar comportamientos. No se trata de renovar el pasado. Se trata de demostrar a una ciudadanía incrédula que es posible renunciar a los personalismos para construir espacios democráticos donde quepamos todos; comprobar que la política, perfectible por definición, es y seguirá siendo el instrumento para los cambios sociales y los frenos institucionales frente al poder.
La lucha por recuperar nuestra calidad democrática es larga y este referendo personalista no es más que una batalla.
Empecemos con el NO.