Presentación. La Cancillería entregó el informe de los logros alcanzados en 2015.
Informe. Calderón brindó una detallada exposición respecto a la demanda durante el informe de gestión. Ángel Illanes.La Razón / La PazEn mayo de 2015, Bolivia defendió la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que resuelva la demanda marítima, lo que fue calificado por la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) como la mayor pelea legal de la historia boliviana.El secretario general de esa entidad, Emerson Calderón, durante la rendición anual de cuentas de la Cancillería, dio los pormenores y los avances del juicio que Bolivia inició contra Chile en 2013 y en el que pide a la Corte que declare que Santiago está obligado a negociar con La Paz una salida soberana al mar, sobre la base de ofertas unilaterales que hizo ese país a lo largo de la historia. En 2014, Chile objetó la competencia de la Corte de Justicia y un año después, entre el 4 y 8 de mayo, Bolivia rebatió ese recurso en dos rondas de alegatos orales.Causa. Lo ocurrido en ese entonces “ha sido una de las mayores gestiones jurídicas internacionales de la Bolivia contemporánea; de que un litigio ante ese alto tribunal, en la fase oral, es la muestra de derecho más sofisticada y compleja del mundo, y Bolivia estuvo a la talla del desafío”, enfatizó Calderón.Durante el informe de los logros alcanzados por la Cancillería, el tema de la demanda marítima fue uno de los que más llamó la atención de los invitados, entre ellos funcionarios públicos y representantes de sectores sociales.Lo sembrado durante los alegatos orales tuvo sus frutos en la lectura del fallo de la CIJ, el 24 de septiembre, cuando por 14 votos a favor y dos en contra el tribunal determinó rechazar la excepción preliminar de competencia solicitada por Chile; así, la Corte se declaró competente para conocer la demanda y luego activó el juicio de fondo, por lo que conminó a Santiago a presentar su contramemoria jurídica hasta el 25 de julio.“Esa fue una victoria contundente y trascendental para nuestro país”, afirmó Calderón. A su turno, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde dijo que el resultado en la CIJ fue “uno de los temas más relevantes” respecto a los logros en las relaciones multilaterales durante la pasada gestión.Los argumentos bolivianos se concentraron en demostrar que la CIJ sí tenía competencia para conocer el caso y que el Tratado de 1904, que definió los límites entre ambos países, tras la denominada Guerra del Pacífico (1879), no zanjó la cuestión de la mediterraneidad boliviana, porque tras ese acuerdo, Chile se comprometió en varias oportunidades a negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico.Entre 1920 y 1921, Bolivia presentó ante la Liga de Naciones, entidad que buscaba la paz y la reorganización de relaciones entre países, una solicitud para revertir la situación de mediterraneidad creada por el Tratado de 1904, empero, la demanda fue rechazada.Diremar fue creada, por decreto, en 2011 para elaborar la demanda y luego prestar apoyo técnico al Consejo de Reivindicación Marítima y al portavoz de la demanda, el expresidente Carlos Mesa, con quien coordina las distintas labores de difusión de los motivos del juicio ante la CIJ.En criterio de Calderón, otro hecho que sirvió para “reforzar la posición boliviana” fueron las preguntas que hicieron los jueces Christopher Greenwood e Hisashi Owada, sobre el significado de “acceso soberano al mar” y la fecha en que “se concluyó un acuerdo respecto de la negociación” relativa al acceso soberano.Datos del informeEjecuciónEl canciller David Choquehuanca informó ayer que el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó el 94% de su presupuesto anual durante 2015; es decir que de Bs 364 millones ejecutó Bs 343 millones. En el caso de Diremar, la ejecución alcanzó el 95%, aunque no se conoce el monto de dinero por ser una entidad estratégica.Cumbre en marzoEl vicecanciller Juan Carlos Alurralde anunció que Bolivia recibirá en marzo a un grupo de países para discutir sobre la gestión pública y los servicios públicos transparentes, en el marco de una resolución de las Naciones Unidas, de 2015, respecto a esos temas. También adelantó que se trabaja en declarar a 2016 como año internacional de los camélidos.Temas pendientesEl canciller David Choquehuanca dijo que, aparte del mar, las aguas de los manantiales del Silala (Potosí), el libre tránsito y el río Lauca son otros de los temas que están pendientes de resolver con Chile. “Otro tema pendiente es el Silala, y tenemos que estudiar, los de Diremar están armando, están organizando”, indicó.Abogados externos visitan 3 ciudadesEl canciller David Choquehuanca informó que dos de los cuatro abogados extranjeros que patrocinan la demanda marítima contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) llegarán a Bolivia entre el 11 y 12 de febrero. Visitarán las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba.El equipo jurídico externo está integrado por el español Antonio Remiro Brotóns, los franceses Mathias Forteau y Monique Chemillier-Gendreau y el iraní Payam Akhavan. En esta oportunidad arribarán al país Brotóns y Chemillier-Gendreau. En ese marco, Choquehuanca señaló que durante su estadía, los expertos sostendrán una serie de reuniones con las autoridades bolivianas y el cuerpo diplomático; agregó que durante la visita también se evaluará el proceso y las acciones futuras de Bolivia frente a la contramemoria que Chile debe presentar hasta el 25 de julio.Informe. “Esta reunión es una visita con nuestro agente (Eduardo Rodríguez Veltzé). Vienen a conversar con algunas autoridades”, entre el resto del equipo jurídico y el Consejo marítimo para la “organización, valoración, evaluación y calificación” del proceso instaurado contra Chile, explicó.Choquehuanca anunció que en el futuro se sostendrá un encuentro de planificación con los cuatro abogados y todo el Consejo marítimo, aunque no especificó la fecha ni el lugar. “Puede ser allá (en La Haya) o en Bolivia”, manifestó la autoridad.Los abogados extranjeros fueron contratados con recursos de Diremar, sin embargo, se desconoce el monto económico de los honorarios que el Estado paga a esos expertos y otros gastos que realiza respecto a la demanda. Choquehuanca indicó que la cantidad de dinero no puede revelarse, en el entendido de que la entidad es estratégica, pero añadió que es un presupuesto “austero”.