Líos por límites restan Bs 57 MM al año a La Paz
Hace ocho años que Justino Quispe, habitante de la zona Said, límite entre los municipios de La Paz y El Alto, decidió que ya no pagará su impuesto a bienes inmuebles al municipio paceño, sino al otro, pues indica que le benefició con servicios básicos que él y sus vecinos reclamaron por años. Otro de los habitantes del lugar, Nicolás Calisaya, dice que son 70 los moradores, de un total de 300, que se “pasaron” a la jurisdicción alteña y hacen lo mismo que Justino.
Similar es la decisión que adoptaron ciudadanos de otras áreas donde La Paz es acosada por los conflictos de límites. Y ese tipo de determinaciones afectan al municipio porque merman sus ingresos económicos, sea por los tributos de viviendas o por licencias de funcionamiento de actividades comerciales, entre otros. Incluso comunas colindantes perciben sus recursos porque hay planos de construcción de inmuebles y el establecimiento de urbanizaciones corren por cuenta de gobiernos locales vecinos. A ello se suma que loteadores se apropian ilegalmente de partes de estas zonas y comercializan terrenos tras obtener fácilmente documentos en comunas colindantes.
Sin embargo, la falta de demarcación de límites no solo ocasiona perjuicio a las arcas municipales paceñas, toca de manera directa a sus pobladores. Es el caso de Miriam Condori, de la urbanización Lamir Pampa (Alto Achumani), en el límite entre La Paz y Palca. Ella se encuentra preocupada porque mientras en temporada de lluvias algunas calles de su barrio se vuelven un lodazal, lo que dificulta su tránsito, en época de calor las moscas invaden su casa a causa de las aguas residuales que echa la gente del lugar, que no cuenta con alcantarillado porque no hay quién se haga cargo de ayudarles en la instalación del servicio.
El Alto y Palca son dos las comunas aledañas con las que La Paz mantiene lío de límites. A ellas se suman Mecapaca, Achocalla, Yanacachi, Guanay, Coroico y Caranavi, que reclaman casi el 60% de las 201.000 hectáreas que posee el municipio paceño, asegura el alcalde Luis Revilla, quien añade que los problemas más serios involucran a Palca, Mecapaca y Achocalla, que enarbolan derechos ancestrales y documentos que se amparan en normas de hace más de medio siglo, que contradicen a la Ley 1669 de 1995. Según datos oficiales, La Paz también enfrentaproblemas con Pucarani y Peñas.
El burgomaestre tiene claro que esta situación beneficia a avasalladores, como pescadores en río revuelto. “Hay conflictos de distintos tipos, desde otorgación de licencias de funcionamiento a actividades económicas hasta aprobación de planos y urbanizaciones. Lamentablemente los que más se beneficiaron han sido loteadores y gente que trafica con tierras y aprobaciones irregulares, porque en gestiones anteriores, en esos otros municipios no tenían reglamentos, ni pedían requisitos, simplemente entregaban las autorizaciones”.
El ministro de Autonomías, Hugo Siles, postula que en la medida en que la mancha urbana de un municipio se amplía y chocacon la de otra, ello deriva en que la población de esta región opte por pertenecer a una u otra comuna, según sus intereses, lo que efectivamente afecta en la distribución de recursos de coparticipación. Pero además, esas disputas derivan en la falta de dotación de servicios básicos (como sucedeen el barrio de Miriam Condori) y de otras ventajas de desarrollo, aparte de que pueden desembocar en una demanda para la creación de flamantes jurisdicciones.
Debido a esa ausencia de reglas claras en la delimitación territorial con sus vecinos, el municipio paceño afrontó un juicio con el propietario del local Piratas Bar Grill, que funcionaba en la zona de San Miguel con autorización de Palca. Su dueño, Walid Chaín, alegó que el barrio en el sur de La Paz se encuentra bajo la administración de ese gobierno local.
El caso data de febrero de 2013, cuando se cerró el sitio por no operar como restaurante, sino incluso como discoteca. Y llegó hasta la Justicia. Finalmente, la Alcaldía de La Paz ganó la causa y clausuró definitivamente el centro de diversión, el 16 de julio de 2015. “Éste es uno de los mejores ejemplos de la arbitrariedad. Palca le otorgó la licencia (al propietario) en un día, cuando se deben seguir procedimientos, inspecciones y verificaciones. Afortunadamente el Tribunal Constitucional nos dio la razón y ese local está cerrado”, dice Revilla.
Eso no es todo. El burgomaestre estima que al menos 300 licencias de actividades comerciales fueron extendidas ilícitamente por el gobierno local de Mecapaca, negocios que atienden en las comunidades de Jupapina y Mallasa, en jurisdicción que es reconocida por La Paz. Y calcula que en todas las áreas donde se enfrentan disputas por límites existen aproximadamente 10.000 inmuebles cuyos dueños pagan tributos ilegales a otras alcaldías, siendo Palca el caso más preocupante.
El concejal Isaac Fernández, secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial de la municipalidad paceña, indica que Palca reclama 39.900 hectáreas en las partes Este y Sur. El alcalde palqueño, René Aruquipa, asevera que en ese territorio están facultados a registrar catastros, autorizar nuevas urbanizaciones y/o construcciones, así como el funcionamiento de todo tipo de locales. “Ancestralmente se ha demostrado de que estos terrenos eran del municipio porque en el pasado era el cantón Palca”. Su homólogo de Mecapaca repite que tiene las mismas atribuciones. “Puedo decir que los permisos que da la Alcaldía de La Paz son también ilícitos”. Comenta que cuenta con un equipo recién conformado para otorgar esos avales. “A todos los que nos pidan”.
Estos desencuentros se presentan porque estas comunas se atribuyen responsabilidades sobre territorios que no les corresponde, según Fernando Velásquez, director jurídico del gobierno local paceño. Y los planos para edificaciones son otro punto controversial. MauricioRivero, habitante de Lamir Pampa, denuncia que en el sector hay al menos 15 de 20 condominios que fueron construidos con autorizaciones de la municipalidad de Palca, y hay otras nuevas urbanizaciones cerradas que hacen movimientos de tierra y de caminos. “Nadie tiene alcantarillado ydesvían sus aguas hacia los ríos y el olor es horrible”, arguye este hombre que quiere definir su situación, al igual que otros vecinos.
Estas construcciones se traducen en menos impuestos para La Paz, que se suman a casos de tributos por vehículos y licencias para actividades comerciales. Revilla estima que el daño alcanza al 5% del monto total del pago de impuestos a inmuebles. ¿Cuánto representa este porcentaje? “Equivale aproximadamente a Bs 7 millones. Más que todo perdemos por inmuebles y actividades económicas; no tanto por el tributo de vehículos, raro es el coche que se registra en un municipio aledaño. Es un estimado, un estudio de catastro”, aclara el director de Administración Tributaria de la Alcaldía de La Paz, Ronald Cortez, quien igualmente presume que este porcentaje pudo haberse reducido.
Información oficial da cuenta que en La Paz hay 220.000 contribuyentes, de los cuales 200.000 pagan un monto efectivo, pues el resto involucra a inmuebles que pertenecen al Estado, misiones diplomáticas, instituciones sin fines de lucro, entre otros. De esta cantidad, cerca de 190.000 cumplen con sus obligaciones, o sea 85%, por lo que, de acuerdo con el funcionario edil, “el grado de cumplimiento es bastante elevado”. Sin embargo, hay más tela que cortar en cuanto a las pérdidas de la sede de gobierno por los diferendos limítrofes con sus vecinos.